Los asambleístas de Gualeguaychú no quedaron conformes con el plan de monitoreo conjunto acordado entre Argentina y Uruguay para el control de la pastera UPM-Botnia, ubicada a la vera del río compartido. Tras haberse tomado un tiempo para analizarlo, el equipo técnico de la Asamblea emitió un documento crítico en el que cuestionan los parámetros que serán usados para las mediciones y sus procedimientos, además de la ausencia de los controles adecuados. “Aceptar un mal monitoreo equivaldría a convalidar la continuidad de Botnia y de la contaminación ya evidente en el río Uruguay, poniendo en riesgo la salud de la población en la región”, concluyó la Asamblea. Además, advirtieron a Página/12 que presentarán un recurso ante la Justicia para que el Gobierno les “dé transparencia al proceso”, y a los resultados del monitoreo que recién se conocerían a fines de febrero.

Tras haber solicitado –sin éxito– una reunión con la delegación argentina del Comité Científico binacional para que les den detalles del monitoreo sobre UPM, los asambleístas hicieron su propia interpretación de los puntos del acuerdo. El equipo técnico de la organización, compuesto por médicos, bioquímicos y con el asesoramiento de los especialistas Marcelo Conti y Elías Mata, que participó de la primera etapa del reclamo argentino ante La Haya, elaboró un duro documento expresando su discrepancia con el modo en que se harán los controles. “Es inaceptable que la finalidad de los controles sea verificar que las evacuaciones de los efluentes de la Planta Orión (UPM) cumplan la normativa de la CARU y la normativa que Uruguay ha dispuesto en su jurisdicción”, expresaron. Denunciaron que el vecino país dispuso ese control en la “misma resolución ministerial” donde autorizó la instalación de la pastera en 2005.

“Todas las muestras serán tomadas por la Dinama, sin contralor de los expertos de la CARU, con excepción de las denominadas ‘visitas programadas’ del Comité Científico, cuyo número no está definido en el documento”, indicaron. A la vez, consideraron que “no resultan ni claros ni convincentes los ensayos químicos a realizar sobre los efluentes. Pretendemos que se informen valores medios representativos de toda la lista”. Apuntaron también que varios aspectos de control fueron dejados fuera del acuerdo, o tomados como estudios “experimentales”, como en el caso de la contaminación atmosférica. De ser así, si hubiera alteraciones, servirían como antecedente pero no obligarían al Uruguay a aplicar ningún cambio al funcionamiento de la pastera.

“No aceptamos normativas aplicadas en regiones industrializadas”, sólo estándares “acordes con el ecosistema de espacios abiertos”, anunciaron al rechazar el tratado. Mientras desde la otra orilla desmienten que UPM haya volcado al río 74 kilos de mercurio, en Gualeguaychú denuncian que el monitoreo “no coincide con un patrón científico acorde con las modernas técnicas de seguimiento en la emisión de contaminantes”. Los asambleístas no quieren saber nada con los límites políticos del plan, y desconfían que el acuerdo entre ambos países termine de sanar el conflicto.

Informe: Gabriel Morini.