“No puede ser, otro aniversario y nada..., ni siquiera me dejaron ser querellante en el juicio.” La frustración de Damián Aquino, uno de los heridos de la masacre del 20 de diciembre de 2001, es la misma que sienten los familiares de los muertos de aquella jornada por los insustanciales resultados de la causa judicial que, a nueve años de los hechos, tiene un puñado de procesados de la segunda línea política que irán a un lejano juicio oral, y ninguno de los acusados está detenido.

Las ONG especializadas en protesta social llegaron a contar 39 muertos en todo el país por la represión con que el gobierno de la Alianza se despidió del poder, entre el 19 y el 21 de diciembre de 2001. Fernando de la Rúa presidía el país, pero no estará entre quienes se sienten en el banquillo de los acusados, porque fue sobreseído por la Justicia federal, y sólo un fallo de la Cámara de Casación podría revertir esa situación. La Cámara Federal, en una resolución que tuvo la disidencia de Horacio Cattani, consideró que el ex presidente carecía de datos certeros sobre lo que estaba pasando en la calle.

El entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, quien aparecía como responsable por la violenta represión, falleció a poco de iniciarse la pesquisa, por lo que el ex secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov pasó a ser el funcionario de más alto rango procesado en la causa. La investigación fue desdoblada a instancias de la jueza federal María Servini de Cubría –luego reemplazada por su par Claudio Bonadío–, que decidió ocuparse de la responsabilidad “política”, y el fiscal Luis Comparatore avanzó sobre los casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad fueron procesados por homicidio doloso. Otro de los sobreseídos en la causa es el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios.

El expediente fue enviado a juicio oral hace dos años, pero el Tribunal Oral Federal 6 aún no fijó fecha para su inicio. Además de Mathov fueron procesados por cinco homicidios culposos, lesiones en 117 casos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y los comisarios Raúl Andreotti y Norberto Gaudiero. Mathov y Santos estuvieron detenidos hasta 2002, cuando fueron excarcelados. Otros 10 ex policías de menor rango están acusados por “homicidio doloso”, y el ex oficial del Ejército Jorge Varando quedó en libertad en diciembre de 2004, cuando la Corte Suprema modificó su procesamiento por “homicidio simple” a “abuso de armas”.

Damián Aquino había ido al centro a disfrazarse de Papá Noel y recolectar juguetes para chicos carenciados, pero la colecta se suspendió y él se fue a la manifestación de Plaza de Mayo. Presenció tres de los cinco asesinatos que produjo la Policía Federal durante la represión ordenada por el gobierno de la Alianza en retirada. Y terminó con dos balas de plomo en la pierna. Sólo pudo declarar como testigo y, como el resto de las víctimas, siente que no puede cerrar este capítulo sin que se haya hecho justicia.