EL PAíS › HéCTOR CAPACCIOLI VOLVIó A DECLARAR ANTE EL JUEZ NORBERTO OYARBIDE
El ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, volvió a declarar ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide en la causa que investiga el reparto de 48 millones de pesos en subsidios a 42 obras sociales y negó irregularidades. Con su situación judicial cada vez más complicada, el ex funcionario argumentó que las obras sociales llevaron a cabo una “rendición de cuentas” de los reintegros efectuados a través de la Administración de Programas Especiales (APE) destinados a campañas de prevención de enfermedades. Dijo que para esos programas contaba con el aval de la Jefatura de Gabinete y de los ministerios de Salud y Economía. Además, intentó justificar una serie de gastos que incluyen vinos, flores, ropa y cenas que el organismo hizo por “caja chica”, lo cual dijo que estaba dentro de sus “facultades”.
El ex funcionario describió los ocho programas preventivos que fueron firmados con las obras sociales “que representaban el 58 por ciento del padrón de esas entidades”. Y explicó también que “formaban parte de un plan y era una obligación para preservar la salud de la población”. Respecto de los gastos de la “caja chica”, el ex titular de la SSS dijo que correspondía a regalos menores de 500 pesos, destinados a delegaciones extranjeras, por “costumbre y cuestión protocolar”.
También fue citado el ex gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia, Horacio Ballestero, a quien se acusa de complicidad con la maniobra, ya que la SSS no estaba facultada para dar subsidios, sino que su función es de fiscalización y control. Ballestero, que se desempeñó como defensor de Capaccioli hasta que su firma fue descubierta aprobando las asignaciones y pasó a ser sospechoso, ratificó lo declarado por Capaccioli, señalado como el recaudador de la campaña presidencial que llevó a Cristina Fernández al poder en 2007. La causa es una derivación del sumario en el que se investiga la comercialización de medicamentos falsos o de distribución gratuita y se vincula con casi medio centenar de allanamientos ordenados por Oyarbide días atrás, en busca de troqueles adulterados.
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