El procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, tuvo que renunciar a su cargo tras una sucesión de situaciones que pusieron en duda su apego a las iniciativas del Gobierno en causas como la de Papel Prensa y la de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras, y que hicieron que Cristina Fernández de Kirchner le perdiera confianza. Da Rocha fue reemplazado por Angelina Abbona, una mujer de 61 años muy cercana a la Presidenta, que fue fiscal de Estado y titular del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz.

Da Rocha no llegó a cumplir un año al frente de la Procuración del Tesoro, donde reemplazó a Osvaldo Guglielmino, a quien el Gobierno le recriminó no haber podido (o querido) frenar las medidas cautelares que bloquearon el verano pasado el uso de las reservas del Banco Central y ordenaron reponer a Martín Redrado al frente de esa entidad.

La Procuración representa al Estado en los casos donde éste sea parte, y comanda a sus abogados. A Da Rocha le tocaron varios asuntos que fueron y son eje del gobierno de Cristina Fernández, como la pelea judicial por la plena aplicación de la ley de medios audiovisuales, objetada centralmente por el Grupo Clarín, la querella que planteó la venta bajo presión de Papel Prensa durante la última dictadura, la denuncia para frenar la construcción de la represa Ayuí (a la que está vinculada con el directivo de Clarín José Aranda) y los juicios en el Ciadi, por sólo citar algunos.

Dos documentadas notas de Horacio Verbitsky publicadas el 10 y el 17 de octubre pasado en Página/12, dieron cuenta de datos y hechos que pusieron en duda el rol de Da Rocha, no sólo en relación con el grupo mediático sino en la política misma, teniendo en cuenta su cercanía respecto de los por entonces discutidos planes presidenciales del gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Pero a juzgar por un integrante del gabinete consultado por Página/12, pocas cosas irritaron tanto en la Casa Rosada como la foto de Gustavo Caraballo sentado en la mesa número dos del casamiento de la hija de Da Rocha, el 25 de septiembre pasado, publicada por este diario. Caraballo, ex gerente de Bunge & Born y ex secretario técnico de Juan Domingo Perón, fue ofrecido como testigo de Clarín y La Nación para cuestionar la querella del Gobierno y el informe “Papel Prensa. La Verdad” y objetar el testimonio de Lidia Papaleo de Graiver sobre la venta forzada de la empresa. Cuatro días antes de la boda había sido presentada la denuncia penal por el “desapoderamiento” armada por la Secretaría de Derechos Humanos, que Da Rocha sólo firmó. En el Gobierno ya miraban con desconfianza su manejo de las causas sobre la ley de medios y se llevaron un disgusto al ver que el fallo de la Corte Suprema que confirmó la medida cautelar que eximió a Clarín de cumplir el plazo de desinversión de un año, y señaló que el Estado no había demostrado que esa cláusula obstaculizara la aplicación general de la ley.

Sumaron malestar las revelaciones sobre la cartera de clientes y casos atendidos por el estudio que el ex procurador comparte con Gustavo Gené y Raúl Munrabá: defendió al presidente del directorio de La Nación Julio Saguier; representó al gobierno de Chile en el pedido de extradición de Galvarino Apablaza Guerra, que la Corte concedió y generó un dolor de cabeza al Gobierno; representa a la pastera Botnia y está asociada con el estudio del radical Ernesto Sanz. Verbitsky escribió, además, que la fiscal comercial Alejandra Gils Carbó, tras ser querellada por Clarín, contrató al estudio de Da Rocha pero –denunció ella– se percató de que comenzó a patearle en contra, a favor del multimedio.

Da Rocha había sido representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, nombrado por el interinato de Eduardo Duhalde y ratificado por Néstor Kirchner. Finalmente fue convocado para ocupar la Procuración en los difíciles días en que se jugaba en la justicia la suerte de los sucesivos decretos que habilitaban el pago de la deuda con parte de las reservas del Banco Central.

La renuncia de Da Rocha se hizo pública con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 2038/2010, en el que la Presidenta le agradeció “los valiosos servicios prestados en el desmpeño de sus funciones”. En el mismo Boletín, se publicó el decreto siguiente, el 2039/2010, que con la firma de Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Justicia Julio Alak dispone el nombramiento de Angelina Abbona en su reemplazo

Abbona, la nueva procuradora del Tesoro, juró ayer. Es una cordobesa que se fue a vivir a la provincia de Santa Cruz en 1981 y que se vinculó con los Kirchner a través del secretario legal y técnico Carlos Zannini. Con él y con Héctor Icazuriaga integró una comisión provincial en los ’90 para atender un juicio por las regalías petroleras. Fue fiscal de Estado y titular del tribunal provincial de cuentas. También trabajó en Desarrollo Social con Alicia Kirchner. Se jubiló hace cinco meses y su nombramiento es ad honorem.