Las diferencias de criterio entre el juez Eliseo Otero y el fiscal Sandro Abraldes demoran el esclarecimiento del papel que habría tenido una patota sindical-futbolera en los hechos de violencia que siguieron al intento de desalojo del Parque Indoamericano e incluyeron el homicidio de Emiliano Canaviri. El magistrado se negó a procesar y detener al barrabrava de Huracán, también empleado de la obra social del gobierno porteño, Julio Capella, a pesar de los argumentos para hacerlo que le había detallado la fiscalía, quien le imputaba “intimidación pública”. A la vez, se declaró incompetente para seguir adelante con esta parte de la investigación que atañe no sólo a Capella sino a otros personajes ligados al Sutecba (el gremio de los empleados de la Ciudad) y a las hinchadas de fútbol. Dijo que había que mandarla a la Justicia federal. La fiscalía puede apelar.

Capella es el hombre cuya imagen apuntando con un arma hacia los ocupantes del predio de Villa Soldati recorrió todo el país. Fue filmado por la televisión el 9 de diciembre, dos días después de la represión policial en el Indoamericano y en el mismo lugar (un rato antes) donde fue asesinado el remisero Canaviri. Sacaba el arma, hacía el gesto de gatillar y la guardaba. Tenía un pantalón deportivo rojo, con el escudo de Huracán. Ante la amplia difusión de su figura, se presentó en el juzgado de Otero y le pidió que lo indague, a lo que Su Señoría accedió. Entonces adujo que lo que había usado era un revólver de juguete que alguien le había dado como para “defender” a unos parientes suyos que viven en los monoblocks y lo habían llamado aterrados por un supuesto ataque de “ocupas”. En cuatro días, Otero le dictó falta de mérito y en la misma resolución reconoció que no había visto los videos, que recién entonces mandó a pedir.

El fiscal Abraldes analizó las filmaciones crudas y concluyó que quien se abalanzaba amenazante, revólver en mano, sobre los ocupantes del parque era Capella, no al revés. Cuando apuntaba, lo hacía con el arma en alto, a la altura de la cabeza de las personas a las que intimidaba, que lanzaban piedras en respuesta a la embestida. Con este argumento, le pidió la semana pasada al juez que lo detuviera y lo procesara por intimidación pública, un delito que implica infundir temor a un grupo indeterminado de personas y prevé de dos a seis años de prisión. Para describir esa conducta, sostuvo, no importa si la pistola era de verdad o de mentira. Si se probara que era real, en todo caso se sumaría otro delito.

“No descubro aquellos signos inequívocos o manifiestos a los que alude el fiscal y que ameritarían, ahora sí, la detención de Capella”, sostuvo Otero en la resolución que firmó ayer. “No está acreditado que Capella hubiera portado un arma, pues simplemente no existe un solo dato objetivo que, de momento, permita afirmar tal hipótesis”, añadió. El texto agregaba una serie de comentarios como –por ejemplo– que le había llamado la atención la “celeridad” de la investigación del fiscal, a quien le recomendaba no dejarse influir por los medios de comunicación. Pero también decía que habilitaba la feria para pasar el tema el fuero federal “por la premura que el caso amerita”.

Abraldes había pedido extender la imputación a Alejandro Pastore, quien comparte con Capella la vinculación con el Sutecba, y a Ricardo Gerino, un barrabrava de River que, según información que maneja el gobierno nacional, sería inspector de Fiscalización y Control (de boliches, comercios y venta callejera) del gobierno porteño. Ambos fueron filmados participando de la gresca. A Pastore se lo vio en medio de la patota acomodándose un arma en la cintura. A Gerino, arrojando piedras. Según el planteo de la fiscalía integraban un grupo de “civiles” que se movieron de manera “coordinada” y cuya presencia “no fue espontánea”. Capella es hijo de un masajista de Boca, sobrino de un hombre de la Dirección de Migraciones nombrado por Miguel Angel Toma y el legislador de PRO Cristian Ritondo y tiene una tía puntera macrista.

Dijo el juez: “El conflicto ha sido de tal complejidad social que resulta imposible calificar la conducta de uno u otro grupo como agresores o agredidos”. “Ambas facciones han agredido y se han defendido al mismo tiempo, y ello es un dato incontrastable que resulta de la realidad de los hechos”, aseveró, y rechazó hacer allanamientos y otras medidas para identificar a los agresores, que Abraldes pedía bajo secreto de sumario pero el magistrado reveló a la defensa.

La importancia de estudiar el rol de la banda sindical-futbolera era, explican allegados al caso, establecer también si sus hombres tuvieron algo que ver con el homicidio de Canaviri (en un comienzo identificado como Juan Quispe), asesinado en un baldío junto al Parque Indoamericano, donde había familias de bolivianos y paraguayos. Varios testigos de ese crimen declararon que a Canaviri le disparó una patota con hinchas de fútbol que venía detrás de dos patrulleros de la Policía Metropolitana. Abraldes investiga ese asesinato y los de Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro. Los segundos se produjeron dos días antes, con la represión, y las sospechas apuntan tanto a la Policía Federal como a la Metropolitana, que participaron del operativo y utilizaron escopetas compatibles con los proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas, aunque no se descarta que hayan sido disparados por armas de fabricación casera.

Por ahora, la investigación del papel de las fuerzas de seguridad en los homicidios está delegada en la fiscalía y el juez no intervino. Su declaración de incompetencia se refiere a la responsabilidad de Capella y el resto de la banda señalada por la fiscalía. Otero dice que la “intimidación pública” es un delito que debe investigar el fuero federal. Juristas consultados por este diario sostienen que sólo sería así si estuviera afectada la seguridad del Estado, que no sería el caso. Lo curioso, dicen, es que cuando el juez indagó al barrabrava lo hizo por el supuesto delito de incitación a la violencia, que debería ser investigado por un juez federal, y por portación de arma. Todo hace pensar que la fiscalía va a apelar.