El juez federal de Quilmes, Luis Armella, avanzó en la investigación por el corte de vías en la estación Avellaneda y decidió procesar a tres integrantes del Partido Obrero (PO) y a un trabajador ferroviario despedido por extorsión e interrupción de transporte público terrestre. Omar Merino, Darío Hospital, Eduardo Belliboni y Miguel Morales continuarán en libertad porque, hasta el momento, la medida judicial excluye la prisión preventiva. Todos siguen vinculados con la causa, acusados de interrumpir el 23 de diciembre el servicio diésel y eléctrico de la ex línea Roca. La protesta se originó por el reclamo de pase a planta y reincorporación de los trabajadores tercerizados y equiparación salarial. Los cuatro manifestantes fueron acusados, además, de haber intimidado al Ministerio de Trabajo y a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) y exigirle, mediante la suscripción de un acuerdo, el pago de sueldos y la incorporación a planta permanente de sesenta trabajadores, acción que la Justicia encuadró bajo la figura de extorsión.

El juez Armella dispuso hace siete días la excarcelación de Hospital y Merino, detenidos el 26 de diciembre por el corte de vías, y aceptó el pedido de la abogada del PO, Claudia Ferrero, para eximir de prisión a Eduardo Belliboni y Miguel Morales. El magistrado le había asegurado a este diario que los manifestantes continuarían imputados por extorsión en concurso real con interrupción a los medios de transporte. María del Carmen Verdú, patrocinante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), no ocultó su asombro por la medida judicial, a la que calificó como parte de un análisis sesgado. “Hablé con Claudia (Ferrero), estaba sorprendida –dijo–. El secretario le había dicho que hasta febrero no se iba a tomar ningún tipo de decisión.”

“Es inconcebible que una medida de fuerza vinculada con un reclamo laboral pueda ser calificada como extorsión”, afirmó Verdú. Al mismo tiempo, consideró que los despedidos y tercerizados sólo pueden manifestarse mediante la interrupción del servicio. De quedar vigente este fallo, la abogada estimó que “se estaría limitando el derecho a reclamo” y que “habría que dar por derogado el derecho a huelga”. Luego, comparó la medida dispuesta ayer por Armella con fallos de un juez federal de Salta: “Es un hecho gravísimo, no es un procesamiento por un corte de ruta, se está hablando de extorsión en un nivel semejante a la figura de sedición que en 2001 utilizó el juez federal (Abel) Cornejo”.

“El secretario del juzgado nos dijo que no se iba a habilitar la feria por esta causa”, dijo Hospital en diálogo con Página/12. “Está claro que los tiempos judiciales los maneja el Gobierno, porque el anuncio del procesamiento se difunde por los medios, confundiendo el corte con los incidentes en Constitución”, agregó el ferroviario. En la misma línea, Merino sostuvo que “al juez lo maneja el Gobierno” y consideró que existe una persecución sobre los militantes del PO. “Todos los que fueron criminalizados son activistas de nuestra agrupación.” Los militantes de Causa Ferroviaria adelantaron que tienen pensado promover un movimiento de los tercerizados con trabajadores telefónicos, de Edesur y Edenor para “ampliar la base del reclamo”, que pretende “acabar con la precarización en todo el país”.