El gobierno porteño firmará hoy un convenio con la cámara que agrupa al 90 por ciento de las agencias privadas de seguridad, con el objetivo de que los vigiladores se sumen al Plan de Seguridad oficial, a fin de dar “avisos y alertas” a la Policía Metropolitana sobre cualquier hecho delictivo –flagrante o por simple “sospecha”–, de manera de acelerar la “intervención preventiva” de la fuerza. A la iniciativa, que comenzaría a aplicarse en unos 60 días, podrían acoplarse después actores civiles, como taxistas, porteros de edificios, recolectores de residuos, kiosqueros o canillitas, entre otros gremios. Consultado por Página/12 sobre lo peligroso de apelar a la delación generalizada porque esto puede dar lugar a hechos de violencia o abuso institucional, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, respondió que se realizarán “cursos de capacitación” para evitar problemas, primero con los vigiladores, y luego con el resto de los convocados, si es que se llega a un acuerdo con los demás sectores a los que se piensa llamar.

“Es un plan de alertas médicas, civiles, sociales y no sólo por casos delictivos. Cualquier taxi, en Madrid, está conectado a un número mediante el cual puede comunicarse con las autoridades que correspondan (policiales, sanitarias y otras) para informar sobre un hecho en el cual sea necesaria su intervención. Todo suma a la seguridad”, dijo Montenegro en su diálogo con este diario. “Los acuerdos se van a realizar mediante convenios con los gremios y en el caso de mañana (por hoy) será con la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (Caesi)”, explicó.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consultado por este diario sobre el anuncio del ministro Montenegro, puso varios reparos al proyecto. “En primer lugar, porque involucrar en un plan oficial a los vigiladores privados es delegar la responsabilidad que tiene el Estado en materia de seguridad y que no se puede privatizar.” Como segundo punto, Chillier sostuvo que “está demostrado que las agencias de seguridad privadas funcionan en medio de un total descontrol. Se trata de verdaderos ejércitos de vigiladores que trabajan en empresas que, en algunos casos, son propiedad de ex represores de la dictadura militar”.

En este mismo sentido, Chillier recordó que el CELS, a partir de una nota de Página/12, tuvo que presentar un recurso de amparo ante la Justicia para que el gobierno porteño accediera a dar información sobre dos agencias de seguridad privada vinculadas con dos represores prófugos entonces –abril de 2009–, el teniente coronel Héctor Mario Schwab, ex funcionario de Antonio Bussi en Tucumán durante la dictadura, y el coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Quinto Cuerpo de Ejército. Por último, Chillier dijo que recurrir a los “avisos y alertas” de los que habla Montenegro “es totalmente opuesto a lo que significa un sistema de seguridad comunitario, con participación de la comunidad civil. Esto no es una política de Estado seria. Se busca incorporar más gente al sistema, cuando tenemos el problema de fuerzas de seguridad que no son confiables, incluyendo a la Policía Metropolitana, por su cuestionado origen y por la causa por escuchas telefónicas en trámite. Ahora, lejos de intentar mejorar esa historia, se busca una alternativa que sólo parece una manera de huir hacia adelante, sin recomponer lo pasado”.

Montenegro, por su parte, consideró que “el hecho de incorporar más capacidad de ojos para controlar la seguridad, siempre va a ayudar. Antes de llevar a la práctica esta iniciativa vamos a realizar 60 o 70 días de pruebas y de capacitación”. En principio, el plan piloto se comenzará a aplicar en las comunas donde ya está constituida la Policía Metropolitana, en los barrios porteños de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Agronomía, Paternal y Villa Crespo. El programa se llevará luego al resto de los barrios. En la Capital Federal, en la actualidad, hay más de 30 mil vigiladores que trabajan para las agencias de seguridad privada.

“Todo se va a organizar debidamente. Para dar un ejemplo: un taxista en la calle tiene tres botones, uno rojo, uno verde, uno amarillo, y los toca según lo que está pasando, se trate de un accidente de tránsito, de una emergencia de salud, de un incendio o de un hecho delictivo. Con la debida capacitación, todos van a estar preparados para prestar un servicio que nos va a servir a todos”, insistió Montenegro. Además de la instrucción, el gobierno porteño dotará a los vigiladores de teléfonos celulares para que comuniquen cualquier novedad al Centro Unico de Comando y Control (CUCC), organismo encargado de coordinar las acciones.