Al Centro Penitenciario Obert, de Barcelona, lo conocen como Cárcel Modelo porque desde que empezó a ser construido, en 1887, hasta 1904, cuando, por decirlo de alguna manera, fue abierto al público, era un modelo de modernidad carcelaria que hace un siglo ya perdió, desbordado por el aglutinamiento de presos. Allí dentro, aún no se sabe en qué condiciones, si en las escasas celdas individuales que puedan quedar o aglutinados entre otros presos, se encuentran detenidos los tres argentinos (Eduardo y Gustavo Juliá, y Gastón Miret), acusados de transportar 944,50 kilos de cocaína de máxima pureza, en paquetes prolijamente envueltos al vacío impermeable, en la bodega de su avión. Su defensor español, Santiago Giménez Olavarriaga, apeló la preventiva. No lo hizo con mucha energía: sostuvo que era una “formalidad” ya que difícilmente el juez modifique su postura debido a “la gravedad de los delitos”. La novedad en el caso la dio la Fuerza Aérea. Ordenó la disponibilidad del comodoro Guillermo Juliá, hermano de los detenidos, para quedar a disposición de la Justicia si así lo ordenara Alejandro Catania, el juez a cargo de la denuncia presentada por la Policía de Seguridad Aeronáutica. No parece que vaya a hacerlo. Por el momento, Catania no ordenó nada de importancia: ni siquiera pidió listados de llamadas.

El jueves 6 de enero, después de las primeras informaciones periodísticas que daban cuenta de la detención del trío en Barcelona, la PSA presentó una denuncia ante el Juzgado en lo Penal Económico 4 de Alejandro Catania, secretaría 8 de Martín Castellano. En aquel momento, el juzgado recibió la información periodística y se le consultó qué debían hacer las autoridades para determinar si había existido delito del lado local. El juez ordenó reunir lo que se conoce como información sumaria, es decir, los datos más a mano con que se contaba sobre los detenidos y sus empresas. Los datos fueron proporcionados ese mismo día. El lunes, la PSA se volvió a presentar solicitando medidas para activar la causa que amagaba con perderse en el olvido: solicitar a las telefónicas cruces de llamadas, determinar por cuenta de quién corrió el combustible, en última instancia incluso realizar allanamientos. La única medida ordenada en el expediente, según fuentes judiciales, fue la confirmación de domicilios. Una causa sin arrugas. Lo que se dice, planchada.

Pese a que no hubo señas desde el juzgado, la Fuerza Aérea se adelantó y por orden de su jefe, Normando Constantino, fue pasado a disponibilidad el comodoro Guillermo Juliá, hermano de los detenidos. El capitán Mariano Mohaupt, vocero de la FA, sostuvo que “fue pasado a disposición de la Justicia, en disponibilidad, cobra su sueldo pero no se desempeña en sus funciones”. El cargo de Juliá es el de jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, en el área de Comunicación del Estado Mayor Conjunto. Está en su sexto año de antigüedad como comodoro e ingresó a la FA en 1977. La anticipación de la disponibilidad provocó sorpresa ya que no existía orden judicial ni parecía haber intención de citarlo próximamente.

Algunos vincularon la disponibilidad con que el avión de la Medical Jet se estacionaba en un hangar de la Base Aérea de Morón. “Es una base compartida, militar y de uso civil”, aclararon desde la FA. Es el asiento de la VII Brigada Aérea, pero no tiene actividad militar, carece de aviones de guerra. Básicamente consiste en áreas de talleres. Medical Jet, en realidad, guarda sus aviones en el hangar que corresponde a la empresa CATA, intervenida por la Justicia comercial, Juzgado 21 de Germán Báez Castañeda. El alquiler del hangar, si es que lo alquila, no parece corresponder al área militar ni requiere de una venia de ese tipo para hacerlo.

Si el motivo de la investigación solicitada a Catania tiene que ver con la necesidad de encontrar posibles patas del embarque en Argentina, todos los datos que existen a la fecha parecen decir lo contrario. Como ya se informó, la planilla de vuelo presentada por Eduardo Juliá, que ofició de piloto, sostuvo que no transportaba carga ni correo y que viajaban tres personas, los dos Juliá y Miret. La obviedad sugiere que podrían haber truchado la declaración. Es lo que debiera determinar Catania, entre otras cuestiones. Pero tampoco los datos existentes aportan mucho en esa dirección. El juez de Barcelona que ordenó las detenciones no solicitó medidas en Argentina o se desconoce que lo hubiera hecho. Su lupa está dirigida al punto donde se cargó la tonelada. Los envoltorios plásticos herméticos con que aparecieron los paquetes de cocaína son fuertes indicios de que fue arrojada al agua desde un buque, y que luego se levantó desde una lancha rápida para ser cargada en el avión. El método es el habitual en Cabo Verde. Los tiempos dan. El Challenger 604 partió de Ezeiza hacia la isla de Sal, en Cabo Verde, a las 20.44 argentina. Los expertos especulan que, a velocidad crucero, debió arribar al aeropuerto Amílcar Cabral a las 7 de la mañana de Cabo Verde del domingo 2, después de unas 8 horas y media de vuelo. A las 15 de Barcelona arribaban a El Prat de Llobregat, donde fueron detenidos. La diferencia horaria, dos horas, deja libres tres horas, en las que se deduce que fue cargado el avión. “No se sabe dónde fue, se supone que fue Cabo Verde porque es como funciona”, aseguraron a este diario desde España, pese a que la Policía Judicial caboverdiana negó que la droga se hubiera cargado allí. En tren de especular podría haber sido cargada en Uruguay, Brasil, Marruecos o cualquier punto terrestre que se cruce por la línea de vuelo. Pero son especulaciones. Ayer, según informaron autoridades fiscales españolas, fue enviado un correo electrónico a la Aduana argentina. El correo informaba sucintamente que habían decomisado 944,5 kilos de cocaína provenientes de Cabo Verde.

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