El procurador general de la Nación, Esteban Righi, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Juan Roberto Garibotto, a quien acusó por “serias irregularidades” en el desarrollo de una causa contra la empresa Papel Prensa, originada en sucesivas denuncias de la Comisión Nacional de Valores. En su presentación, dirigida también a la Corte Suprema de Justicia, el jefe de los fiscales nacionales imputó al integrante la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, haber “quebrado el papel neutral que debe desempeñar el juez en el proceso”. Esta denuncia es una extensión de la que Righi ya había formulado en octubre pasado contra los otros dos integrantes del tribunal: José Luis Monti y Alfredo Kolliker Freís.

En aquel momento, el procurador general denunció a los magistrados por impedir que la fiscal de Cámara pudiera presentar su dictamen en tres causas multimillonarias que involucran a la Sociedad Comercial del Plata SA; la Anses y Transportadora Gas del Norte, y a la Comisión Nacional de Valores contra Papel Prensa. La sala C es el mismo tribunal que el 17 de diciembre pasado revocó la coadministración judicial de Papel Prensa, la empresa fabricante de papel en la cual los diarios Clarín y La Nación son socios mayoritarios frente al Estado. En la argumentación del rechazo a los dos recursos extraordinarios impulsados por el Gobierno, los jueces compararon la coadministración judicial de Papel Prensa con “la estructura de controles económicos” impuesta por “el régimen nazi”.

La nueva denuncia de Righi fue realizada antes del inicio de la feria judicial, pero recién trascendió ayer. La acción fue en respuesta al plazo de diez días que los camaristas impusieron, en la primera quincena de diciembre, a la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, para emitir dictamen sobre esos expedientes. Ante esa exigencia que describió “sin precedentes en el fuero”, Gils Carbó pidió la intervención de Righi, ya que al mismo tiempo que los jueces limitaban el estudio de los expedientes en plazos “exiguos e ilegales”, le notificaron el rechazo de los tres recursos extraordinarios que ella misma había interpuesto. “La Fiscalía General debe emplear el tiempo que sea necesario y razonable para estudiar el expediente por la índole de las funciones de interés general que cumple. Jamás antes habían acontecido hechos de esta naturaleza”, aseguró Gils Carbó en su denuncia elevada a Righi, que culminó con la presentación que el procurador general hizo contra los camaristas.