Reynaldo Bignone, Jorge Rafael Videla, Jorge “El Tigre” Acosta y Santiago Omar Riveros, cuatro de los siete represores que serán juzgados.

A un tercio de siglo de los hechos y a casi tres lustros de la apertura de la causa, el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura finalmente se ventilará en un juicio oral y público. El comienzo está previsto para el lunes 28 de febrero y en el banquillo habrá siete imputados, con los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone a la cabeza. En el camino quedaron Emilio Massera, Juan Bautista Sasiaiñ y Héctor Febres, fallecidos, y ahora también el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, que según constaron los peritos de Abuelas de Plaza de Mayo no está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

Luego de casi treinta juicios contra apropiadores y entregadores de criaturas, el Tribunal Oral Federal 6 tendrá la responsabilidad de conducir el proceso por el plan ilegal para cortar los lazos de sangre de los hijos de los secuestrados con sus familias y entregarlos en las “manos confiables” de los dictadores. “Hasta que no empiece no lo creemos. Este juicio se postergó y dilató tantas veces que hasta que no empiece estaremos a la expectativa. Todo parece indicar que esta vez se concreta”, advierte esperanzado Alan Iud, abogado de Abuelas.

Los imputados, además de Videla y Bignone, son el condenado general Santiago Omar Riveros, el almirante Rubén Oscar Franco, el vicealmirante Antonio Vañek y el capitán Jorge Eduardo Acosta, jefe de inteligencia del GT 3.3 de la Armada, que rendirá cuentas por doce nacimientos en la ESMA. El séptimo imputado es el prefecto retirado Juan Antonio Azic, que sólo será juzgado por la apropiación de Victoria Donda Pérez, hija de José María Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.

Militares y marinos serán juzgados como autores mediatos de 34 hechos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años. Varios casos ya derivaron en condenas para los apropiadores o bien son juicios que se están instruyendo, como el del ex policía Luis Antonio Falco, a quien la jueza federal María Servini de Cubría comenzó a juzgar hace dieciséis meses (el apropiador de Juan Cabandié no tiene apuro, está excarcelado). Además de los casos de la ESMA, más de ochenta testigos reconstruirán con sus testimonios los nacimientos en cautiverio en las maternidades clandestinas que funcionaron en otros siete centros de detención ilgales: Campo de Mayo, Pozo de Banfield, La Cacha, Comisaría 5ª de La Plata, Automotores Orletti, Vesubio y Olimpo.

El expediente que llega a juicio se inició a fines de 1996 con una denuncia de Abuelas contra Videla y simbolizó en pleno menemato el comienzo del fin de la impunidad para los ex comandantes indultados. El dictador fue el primero que volvió a rendir cuentas, en 1998, cuando el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich ordenó su detención. Tras la destitución de Marquevich, luego de apresar por horas a Ernestina Herrera de Noble, heredó la causa el juez Norberto Oyarbide, que en 2008 envió a Videla al penal de Campo de Mayo. En paralelo se instruyó la causa Plan Sistemático, a cargo del juez federal Adolfo Bagnasco, contra diez imputados, de los que sólo seis siguen en pie. Los tiempos del Poder Judicial derivaron entre 2005 y 2006 en el cese de las prisiones preventivas de todos excepto de Videla. Varios siguieron presos por otras causas. El ex juez Guillermo Montenegro elevó la causa a juicio oral en mayo de 2007, y desde entonces el comienzo es inminente.

El juicio ya tuvo una audiencia anticipada: el 12 de octubre de 2010 declaró María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, quien con 86 años temía no llegar a 2011 en condiciones. “Son treinta y tres años de incertidumbre. Es una tortura continua, un cuchillo en el corazón, hasta que un día quizás encuentre a mi nieta”, se esperanzó Chicha Mariani. El 24 de noviembre se cumplieron 34 años desde el secuestro de su nieta Clara Anahí.

El tribunal que conducirá el proceso estará integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, reemplazante del inhibido José Martínez Sobrino. El TOF-6 ya condenó en 2009 al gendarme Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana. Su presidenta intervino además como sustituta en el proceso a los represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo, el año pasado. Las audiencias serán lunes, martes, y miércoles de por medio. El tribunal deberá alternarse en la sala de audiencias de Comodoro Py con el TOF-5 que juzga desde hace trece meses a los represores de la ESMA y que al ritmo actual no terminará hasta mediados de 2011. (El CELS manifestó días atrás su preocupación por la duración y lamentó la postura del TOF-5 de no permitir desistir testigos). Acosta y Azic, si lo desean, podrán viajar desde Marcos Paz cinco días a la semana.

“Este juicio tiene un valor histórico muy importante, sobre todo porque Videla fue absuelto por varias apropiaciones durante el juicio a los ex comandantes”, destaca Iud. “El tribunal tiene la oportunidad de revisar ese criterio y dejar en claro la responsabilidad de los altos mandos en la apropiación de niños. Si bien toda la sociedad sabe que no fueron hechos aislados ni decisiones individuales de algunos oficiales, es indispensable que el Poder Judicial lo ratifique.”

Los abogados de Abuelas podrán formular preguntas para todos los imputados pero sólo podrán alegar contra (léase acusar a) Videla. El tribunal tomó la decisión a pedido de las defensas, con el argumento de que la querella no respondió a un requerimiento de elevación en los plazos previstos. Los actuales letrados de Abuelas analizan la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación. También actuarán como querellantes los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo filial La Plata (Emanuel Lovelli, Germán Kexel y Colleen Torre), Alcira Ríos en representación de la hermana de Silvia Quintela (que dio a luz en cautiverio al nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela) y Alejo Ramos Padilla en nombre de Chicha Mariani. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal federal Martín Niklison, a quien se sumará el fiscal Félix Crous cuando culmine el juicio a los represores del centro clandestino Vesubio.