La decisión está tomada. Mañana, la comisión de juicio político de Diputados redactará y firmará el dictamen que dará comienzo a la instrucción del proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Tras una larga y tediosa evaluación de los casi cuarenta expedientes, los diputados acordaron acusar a los jueces por mal desempeño en sus funciones por su actuación en las causas por la venta ilegal de armas, el atentado a la Embajada de Israel, el rebalanceo telefónico y el corralito.
Durante todo el día de ayer los miembros de la comisión, divididos en tres subgrupos, analizaron cada uno de las presentaciones que a las seis de la tarde ya se acercaban a la cuarta decena. Ayer, por caso, el último en ingresar fue el realizado por los justicialistas José Falú y Eduardo Di Cola y que se centra en la controvertida acordada dictada que declaró inconstitucional el denominado corralito. Si bien varios de los pedidos de juicio político terminarán por ser desestimados, los legisladores resolvieron que extraerán de todos los elementos para elaborar el dictamen “porque aportan a la causal por mal desempeño”.
De todas formas, tres serán las principales causas que utilizarán para redactar la acusación: la investigación por el atentado de la Embajada de Israel, la decisión frente al rebalanceo telefónico y la causa armas. Elisa Carrió, titular del ARI, impulsa con firmeza el primero de ellos porque considera que alcanza a los nueve jueces sin distingos de conducta. Esta causa es una de las más aceptadas por la totalidad de los representantes del PJ porque a diferencia de la causa Armas, no hay figuras de peso de su partido.
Con la advertencia del Ejecutivo a cuestas, el titular de la comisión presidió ayer el debate de los tres grupos en que se habían distribuido los legisladores para analizar los pedidos de juicio político.
Una vez que finalizaron estos encuentros, un agotado Acevedo aseguró que “hay elementos sustanciables para declarar admisibles los pedidos de juicios políticos y comenzar la investigación para determinar si se puede acusar ante el Senado a todos los miembros del alto tribunal”. El santacruceño creyó no haber sido lo suficiente claro y luego de pedir disculpas por la deformación profesional de abogado, buscó traducir su propia declaración: “En pocas palabras, la voluntad política existe y vamos a llevar adelante la investigación contra la Corte por mal desempeño en sus funciones”.
Nadie duda, al menos públicamente, que el juicio político a la Corte desembocará en la destitución de los jueces que la componen. “Esta es la oportunidad y no hay que desaprovecharla”, dicen los representantes del PJ quienes comparten el entusiasmo con el resto de las fuerzas políticas. El estado de ánimo del PJ sorprende a más de uno, sobre todo porque durante una década fue el partido que se encargó de desactivar cualquier avance contra la Corte.
Pero el entusiasmo justicialista tiene un límite que está expresado por un pedido –más bien una cuasi orden– que llegó desde el Gobierno. Les solicitaron a sus legisladores respetar a rajatabla el procedimiento. La razón de la solicitud es una sola: “Los inversores internacionales están siguiendo con atención el proceso contra la Corte y debemos dar una imagen de seriedad y respeto”, dijeron desde la Casa Rosada.
Acevedo, en sintonía tal vez con el pedido de Gobierno, dijo que al juicio había que imprimirle “un prudente ritmo, continuado y racional garantizando el derecho a la legítima defensa de los acusados”. En igual sentido, Nilda Garré, del Frepaso acuerdista y vicepresidenta primera de la comisión, aseguró que el proceso debe “ser cuidadoso, rápido y eficaz”.
Con el proceso de preselección de los expedientes cumplido, el jueves a las once la comisión volverá a reunirse. Esta vez será para redactar el dictamen que da inicio al juicio a la Corte. Un hecho de neta naturalezapolítica que no se producía desde 1947, durante otro gobierno justicialista, el de Juan Domingo Perón.