Otra vez la señal de esperanza, los móviles policiales y periodísticos en marcha, una nueva denuncia reabre la expectativa sobre el destino de Jorge Julio López. Un mediático abogado acudió el lunes al Ministerio de Seguridad bonaerense y afirmó que un cliente suyo tenía datos sobre el lugar donde habría sido enterrado el cuerpo del testigo desaparecido hace cuatro años y medio, tras haber declarado en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. El denunciante, que espera cobrar la recompensa de un millón y medio de pesos, señaló el Parque Pereyra Iraola como el sitio donde estarían los restos de López, y ayer la Justicia comenzó la búsqueda en la estación de tren de ese espacio verde, cerca de La Plata. Allí al anochecer se mezclaba la ilusión de Ruben López, el hijo del albañil que tenía 77 años cuando desapareció, con el escepticismo de los investigadores y de los abogados de la causa. Más temprano había sido el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, quien formuló el anuncio en la Casa de Gobierno provincial.

“Una persona pidió una entrevista conmigo y me informó que tenía datos para ubicar a Julio López, se realizó el protocolo y ahora se puso a disposición de la Justicia federal esta declaración con reserva”, dijo Casal. El ministro informó que remitió la declaración al juez federal Manuel Blanco, que instruye la causa, y por la tarde se reunió con la esposa del albañil, su hijo y el abogado que representa a la familia. Luego del encuentro, Ruben López y el abogado Alfredo Gascón Cotti se dirigieron hasta la fiscalía federal que está a cargo del caso. Los recibió el fiscal Hernán Schapiro, que reemplaza a Marcelo Molina, y accedieron al testimonio. “Es escueto, sólo detalla el lugar del paradero de López, y dice que se enteró de eso por referencias”, describió el letrado.

Para su abogado, la declaración incorporada en la causa “es un dato más como los que aparecieron en estos cuatro años”, y expresó que sólo pidieron que sea verificada. Así lo dispuso desde temprano el fiscal Schapiro, que acudió al Parque Iraola con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la comisión López de la Policía Federal. Una vez en el lugar esperó a los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que manifestaron que ante el nivel de “imprecisión” de los datos era “inviable” iniciar la búsqueda. Sin embargo, solicitaron la utilización de un georradar, que hoy sería provisto por el Ministerio de Seguridad. Con esa herramienta estarían en condiciones de hacer una “mínima prospección” para el rastreo de restos humanos, según confió a Página/12 una fuente del caso. El predio sobre el que trabajan, que incluye la estación, mide unos 100 metros por 20. A última hora acudió el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien ordenó desalojar a la prensa y precintar el lugar. Las personas que viven en la estación fueron testigos del acta del procedimiento. Les preguntaron si en el lugar se produjeron reformas, ya que en la declaración se afirma que el cuerpo de López habría sido arrojado en ocasión de arreglos en la estación ferroviaria. Todos negaron que haya habido reformas en los últimos años (ver aparte).

También estuvieron presentes los guardaparques del Pereyra Iraola, que a pocas horas de la desaparición de López denunciaron el hallazgo de un cadáver en Punta Lara. Esa pista fue valorada por los abogados querellantes Guadalupe Godoy, Myriam Bregman y Aníbal Hnatiuk. Aunque las pruebas determinaron que no era el testigo desaparecido, jamás pudo ser identificado ni fue reclamado por nadie.

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten –letrado que denunció al ex presidente Néstor Kirchner por la ley de medios, estuvo vinculado a una empresa contratista de la AFA y representa a uno de los implicados en la causa por la mafia de los medicamentos, el empresario Gabriel Brito– dijo haber sido el puente entre el “testigo en peligro” y el ministro Casal. “Dio datos concretos y categóricos, lo hizo para aliviar su conciencia, pero no quiere que lo maten”, agregó. “Dice que López tuvo dos secuestros, uno con una pronta liberación, como una intimidación, y a la semana o a las dos semanas el secuestro y la desaparición”, aseguró Sánchez Kalbermatten. Pero estos datos no constan en la declaración, según pudo saber este diario.

“Es una de las tantas líneas, 20 o 30 por año, que se investigan.

Aunque la causa parece silenciada estos movimientos son habituales, sólo que los querellantes somos cautelosos para no generar expectativa, ansiedad o angustia en la familia y en los compañeros militantes”, opinó la abogada Godoy consultada por Página/12.

Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando se dirigía a las audiencias de alegatos en el juicio oral que se realizó en La Plata y por el que fue condenado a reclusión perpetua el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.