Algunos creen que sólo fue un show, otros que se están sentando las bases de un acuerdo entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde y no faltan los que piensan que es un compromiso con el FMI. Las tres interpretaciones son las que despertó la movida judicial que emprendió ayer el presidente Duhalde: fue hasta el palacio de Tribunales rodeado de ministros y funcionarios, delante de las cámaras de televisión se entrevistó con la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría y entregó un escrito pidiéndole que dicte “una declaración de certidumbre” para que las elecciones generales se hagan el 27 de abril. El primer mandatario justificó la jugada diciendo que es para “terminar con las dudas que hay todavía en el ambiente”.
Según el código procesal, la declaración de certidumbre está prevista cuando puede haber algún perjuicio para el actor –en éste caso, Duhalde-y éste no dispusiese de otro camino legal. O sea que Duhalde argumenta que la incertidumbre sobre la fecha electoral lo perjudica y que éste es el único camino legal. En el campo político la traducción es variada.
- En la Casa Rosada hay funcionarios que admiten que es la base de un acuerdo con Menem. El riojano aceptaría el sistema de neolemas y, con la movida de ayer, Duhalde le estaría haciendo un gesto a Menem comprometiéndose a que las elecciones se harán el 27 de abril. El encargado de la negociación es Miguel Angel Toma.
- Otros funcionarios de la Casa Rosada sostienen, en cambio, que la ofensiva judicial de Menem no le hace cosquillas al oficialismo, a tal punto que el lunes es 3 de febrero y cualquier fallo favorable a las internas propuestas por Menem se demorará incluso más allá de la propia fecha de la interna, el 23 de febrero. Sin embargo, explican la movida de ayer porque Eduardo Duhalde tomó el compromiso con el FMI de que habrá elecciones, algo que en verdad consta en el punto 1 de la reciente carta de intención. Los que no se creen este argumento sostienen que a una semana de haberlo firmado ya hay puntos en los que se violó lo acordado con el Fondo y que ésa no sería una preocupación del Presidente.
- En el entorno del propio Duhalde están los que levantan el argumento duhaldista-puro: el Presidente se comprometió públicamente con el pueblo argentino que se votará en esa fecha y va a cumplir con el compromiso. Y a ellos hay que agregarle los que dicen que de esa manera Duhalde se va bien, sin conflictos y acusaciones.
- Por último, están los más desconfiados, los que creen que lo de ayer fue mucho show, pero que en verdad Duhalde espera una resolución judicial que terminará declarando inconstitucional la elección. O sea que prepara el siguiente argumento: “yo hice todo lo posible, fui personalmente a Tribunales, pero la Justicia decidió otra cosa”. Algo similar ocurrió con las internas abiertas, que públicamente decían que se iban a hacer, pero por abajo alentaron un fallo judicial que las borrara del mapa.
En el terreno judicial las elecciones están en peligro por dos presentaciones, que en los pasillos de Tribunales consideran muy bien fundamentadas.
- La primera presentación fue realizada por un ciudadano, José María Steverlinck, y gira en torno al artículo 95 de la Constitución Nacional que dice que “la elección presidencial se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio”. Sobre la base de que el mandato presidencial de Fernando de la Rúa termina el 10 de diciembre, Steverlinck sostiene que las elecciones no pueden ser antes del 10 de octubre de este año.
- La segunda presentación corrió a cargo del abogado Ricardo Monner Sans quien sostuvo que es inconstitucional la reforma de la Ley de Acefalía que votó el Congreso. En esa norma se habilitó a la Asamblea Legislativa para que designe como Presidente interino, entre el 25 de mayo y el 10 dediciembre, al que gane las elecciones. Después del 10 de diciembre, ya empieza el auténtico período del presidente electo. Monner Sans dice que la Constitución es categórica en cuanto a que la Asamblea Legislativa debe designar “a un funcionario público” en caso de acefalía y si Menem, Rodríguez Saá o López Murphy ganan, no pueden acceder al cargo porque no son funcionarios. El lunes a primera hora, Monner Sans presentará un escrito reforzando su anterior presentación y diciendo que si es inconstitucional la reforma de la Ley de Acefalía, de hecho devienen en inconstitucionales las elecciones del 27 de abril y corresponde hacerlas después del 10 de octubre.
Ahora bien, Servini de Cubría podría resolver la presentación de Duhalde dictando la declaración de certidumbre, pero en el mismo texto deberá sentar las bases para desestimar las presentaciones de Steverlinck y Monner Sans. Sería una forma de enterrar esos pedidos de inconstitucionalidad que, para muchos constitucionalistas y camaristas, tienen sólidos fundamentos. El gran problema es quién va a apelar el fallo de Servini: no el menemismo, ni el duhaldismo y tampoco los demás dirigentes políticos, porque todos ellos –supuestamente– quieren las elecciones. El único posible es el fiscal Jorge Di Lello, porque ni a Steverlinck ni a Monner Sans los van a aceptar como partes.