La causa judicial sobre la UCEP, la patota del espacio público creada por el gobierno porteño, vuelve a deparar novedades. El Juzgado de Instrucción Nº 49 notificó por segunda vez a Mauricio Macri para ser indagado el 25 de febrero. El juez Facundo Cubas ya lo había citado el 10 de diciembre pasado, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero la declaración se postergó. Junto al jefe de Gobierno y candidato presidencial del PRO también deberán presentarse el ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y todos los integrantes de la unidad que adquirió notoriedad por sus operativos para desalojar con violencia a indigentes de calles, parques y plazas en la Ciudad de Buenos Aires.

Las indagatorias comenzarán el próximo viernes 11 con el ex coordinador de la patota Matías Lanusse y Luis “El Tano” Savoiardo, quien oficiaba de jefe operativo del grupo que la emprendía por las noches contra personas sin techo o a punto de ser desalojadas de viviendas ocupadas. Las declaraciones se corrieron para después de la feria judicial a pedido de los abogados defensores. Ahora, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción Nº 13 a cargo de Marcelo Roma, se iniciará esta instancia judicial cuyo puntapié inicial lo había dado en noviembre de 2008 una denuncia de la diputada nacional Liliana Parada.

Un comunicado de la legisladora sostiene que se le tomará declaración a Macri “por sus responsabilidades en los presuntos malos tratos, amenazas y vejaciones contra indigentes en situación de calle y personas desalojadas por la Unidad de Control del Espacio Público”. El expediente está caratulado como “Macri Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP, sobre amenazas y otros delitos”. La investigación judicial derivó en la indagatoria que se les tomará entre el 11 y el 25 de este mes a 29 personas, entre funcionarios políticos y agentes del gobierno porteño. Macri y Piccardo –el actual presidente de Subterráneos de Buenos Aires– deberían presentarse juntos el último día.

Pese a la mala reputación que supo ganarse la UCEP, todavía quedan dudas sobre su desmantelamiento definitivo. Parada sostiene que “si bien se anunció su disolución, lo cierto es que ni el jefe de Gobierno ni su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, la firmaron. Por el contrario, hace menos de un mes, ambos funcionarios firmaron e impidieron la entrada en vigencia de la primera ley de protección de personas en situación de calle, al vetar el artículo 5º de la normativa. Ese artículo se refiere justamente al uso igualitario del espacio público para todos los ciudadanos, derecho que el macrismo se niega a reconocer”.

Son 29 los citados por Cubas, desde Macri y Piccardo hasta el personal que hacía los operativos callejeros, generalmente entre la noche y la madrugada. La nómina es ésta: los directores o coordinadores que tuvo la unidad, Fabián Rodríguez Simón, Matías Lanusse y Jorge Cristian Polini; la abogada María Laura Gelonch a cargo de un sector administrativo y legal; Claudio Apecetche, Alejandro Arismendi, Ramón Barroso, Carlos Alberto Cabrera, Rodrigo Carrizo, Sebastián Castillo, Victorio De Cillis, Carlos Alberto Failde, Gustavo Fernández, Marcelo Fernández, Juan Pablo Motta, Gustavo Ordóñez, Daniel Pagano, Daniel Pizarro, Marcelo Reina, Ramón Rodríguez, Gabriel Romero, Gabriel Ruiz, Diego Sansanelli y cuatro integrantes de la familia Savoiardo: Jonathan, Marcelo, Romina y Luis. El último oficiaba como el líder del grupo.

Los delitos que se les imputan son diecinueve y fueron cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009. Las pruebas que contiene el expediente van desde videos sobre los operativos que efectuaban en las calles y documentación incautada en un allanamiento a las oficinas de la unidad que funcionaba en el edificio del Mercado del Plata, hasta el propio decreto 1232/08 que le dio vida al cuerpo. Esta norma, en su anexo 2/13, le atribuía como funciones a la UCEP “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes; colaborar operativamente en mantener el orden en el espacio público; colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público”. Las denuncias tomadas a indigentes en la Justicia ordinaria y en la Defensoría del Pueblo porteña no se compadecen con el enunciado del decreto firmado por Macri, Piccardo y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.

El Juzgado Nº 49 unificó todas las denuncias, como una que realizó Carla Baptista, la embarazada y madre de cinco hijos que resultó golpeada la madrugada del 1º de octubre de 2009 debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. Su caso tuvo repercusión pública porque la mujer sufrió desplazamiento de placenta y corrió riesgo de perder el embarazo. El ataque de la UCEP sobre la calle Pasco no tuvo consecuencias más trágicas para Baptista porque un vecino llamó a la policía, que identificó a los integrantes del grupo cuando envió a efectivos de la comisaría 18ª.

La patota presuntamente se disolvió tras un encuentro entre Piccardo y la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, en noviembre de 2009. El gobierno de Macri difundió la noticia para descomprimir la situación por las múltiples denuncias, pero se sospecha que la UCEP siguió el operativo bajo nuevas apariencias. Un decreto reubicó a sus integrantes –pertenecientes a la planta transitoria del Estado porteño– en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente, bajo las órdenes del ingeniero Jorge Polini, ex director de Compras y Contrataciones, y su último jefe.

Ahora, cuando declare ante el juez Cubas, Polini deberá aclarar si logró aquello que se proponía en julio de 2009: “En atención a nuestro interés de cambiar la metodología con los indigentes, estamos procurando, en breve, profesionalizar adecuadamente a todo nuestro personal. No sólo capacitándolos sino también inculcándoles una mayor sensibilidad y contención con dicha población social”.