La ILEA, sigla en inglés de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley sobre la que polemizaron en los últimos días el canciller Héctor Timerman y altos funcionarios del gobierno porteño, se instaló en El Salvador en 2005 luego del rechazo de Costa Rica a que operase en su territorio e incluso legisladores norteamericanos propusieron quitarle los fondos. Al ser consultado por Página/12, el canciller Héctor Timerman dijo que “la Cancillería quiere revisar y evaluar de acuerdo con la Constitución qué convenios fueron firmados, quiénes participan en los cursos de entrenamiento y en qué consisten esos cursos”.

Impulsada por el ex presidente Bill Clinton y puesta en funcionamiento por su sucesor, George Bush hijo, la ILEA recaló en El Salvador luego de una gran polémica en Costa Rica. Aún no había llegado al gobierno el actual presidente, el periodista Carlos Funes, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El primer mandatario que pactó con George W. Bush fue Antonio Saca González, de la Arena, Alianza Republicana Nacionalista, ubicada en la extrema derecha del espectro político. Varios de los cuadros de Arena habían surgido de la represión en la guerra civil. Walter Navarro, director general de la Fuerza Pública, había sido directivo durante dos años de la Escuela de las Américas, que ya no existe más y fue conocida como un centro de entrenamiento de futuros dictadores y violadores a los derechos humanos en América latina. A esa vieja escuela que ya no existe se refirió el canciller argentino cuando habló de torturas en la polémica de la semana pasada.

Dentro de los Estados Unidos también hubo una discusión importante incluso cuando la academia ya estaba en funcionamiento. El demócrata James McGovern, de Massachusetts, consiguió el apoyo de un nutrido grupo de representantes (diputados) para cortar el financiamiento de la ILEA. McGovern es un legislador habitualmente preocupado por temas de derechos humanos y en estos días se muestra muy activo en la defensa de la reforma al sistema de salud impulsada por el presidente Barack Obama el año pasado y rechazada por los republicanos.

En la polémica costarricense que terminó con la negativa del gobierno fue clave la posición del Colegio de Abogados de ese país, que se preocupó porque los planes de estudio, la designación de profesores, de los directores y de los estudiantes “no van a estar en manos de autoridades” de Costa Rica.

En el documento más extenso sobre el tema, el Colegio de Abogados de Costa Rica señaló en 2003 estos puntos:

• “Es inconveniente dotar de status diplomático, inmunidades y exoneración de impuestos a grupos que, como castas militares, residirán y se entrenarán en nuestro país”.

• “Son inadmisibles acuerdos bilaterales con impacto regional en momentos en que el mundo procura el fortalecimiento de la institucionalidad y de la legalidad internacionales (seriamente dañadas en los últimos tiempos), así como fortalecer las iniciativas para una justicia universal a través de instancias y tribunales multinacionales”.

• “Existen evidentes riesgos de colocar a Costa Rica en el centro de cruzadas o guerras declaradas, bajo el pretexto de combatir ciertas formas de criminalidad que pueden llevarnos a una total inseguridad y desestabilización institucional e incluso a convertirnos en objeto de atentados terroristas”.

• “Se hace un llamado a las señoras y señores diputados para mantener la esencia pacífica, democrática y civilista de nuestro país. El prestigio de que gozamos en el concierto de naciones se debe a la instalación en nuestro territorio de instituciones internacionales que cultivan la paz universal, la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos o el desarrollo económico y social”.

Ante la consulta de Página/12 sobre qué criterio se propone tomar el Poder Ejecutivo frente a acuerdos o convenios de provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, el canciller dijo que se atendría al artículo 124 de la Constitución nacional.

El artículo 124 reza textualmente que las provincias “podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la Nación”. Agrega que esos convenios deben contar con el conocimiento del Congreso Nacional y que “la Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto”.

“Está en la lógica de las facultades del Poder Ejecutivo, y por ende de la Cancillería, saber quién va, conocer en detalle qué cursos se dictan y determinar si cada una de esas acciones es compatible con la política exterior del Estado argentino y con la Constitución y los tratados internacionales vigentes”, dijo Timerman. Y agregó: “De todos modos, mi opinión es que si al estudiar cada ítem de los que menciono la conclusión es positiva, a la Argentina le conviene pagar por un curso”. Añadió que “no se trata de una simple cuestión presupuestaria sino de criterio a seguir por el Estado”.

Cuando Costa Rica rechazó la instalación de ILEA en su territorio, Katherine Tarker, del Consejo de Asuntos Hemisféricos, una organización no gubernamental que estudia las relaciones entre los Estados Unidos y América latina, dijo: “Washington decidió juntar las bolitas y volverse a su casa antes de aceptar los criterios para que hubiera transparencia”. En rigor, al final no fue así. El juego se trasladó a El Salvador por acuerdo entre Bush y los gobernantes de Arena, el Congreso salvadoreño aprobó la instalación de la academia por un voto dividido de 48 a 40 y en 2005 la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice pudo anunciar la apertura de ILEA a los delegados ante la Organización de los Estados Americanos.

Bush había conseguido en El Salvador una ventaja que los Estados Unidos suelen reclamar para sus movimientos internacionales: inmunidad de sus funcionarios ante eventuales acusaciones internacionales que operen, por ejemplo, dentro del marco de la Justicia universal, es decir la que surge de las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas y establecen que investigar la verdad y juzgar no es sólo un derecho sino una obligación de los Estados aun con ciudadanos de otros Estados.