Ni el Juzgado en lo Penal Económico que está a cargo del juez Alejandro Catania e instruye el caso del “narcoavión”, ni el juzgado de instrucción penal de Javier Ríos que entiende en el expediente sobre el asesinato del dirigente de Maestranza, Roberto Roger Rodríguez, aceptaron entregar sus respectivas causas al juez federal Norberto Oyarbide. Este último magistrado pidió copia de los expedientes ya la semana pasada, argumentando que estudia si existe vinculación entre la llamada mafia de los medicamentos, el avión que llegó a Barcelona con 944 kilos de cocaína y el homicidio del titular de la Obra Social de la Maestranza.

Desde el juzgado de Catania, que ahora está subrogado por Rafael Caputo, le señalaron a Oyarbide que la causa del avión Bombardier Challenger está en secreto de sumario y que se están adoptando medidas de investigación. Por ello, no se aceptó hasta ahora la entrega de una copia del expediente. Fuentes ligadas a ese juzgado sostuvieron que para evaluar la cuestión de competencia tiene que haber, como mínimo, un imputado en la causa de los medicamentos que también esté imputado en el expediente del avión. Y, por ahora, no hay ninguna persona imputada por el Juzgado en lo Penal Económico. Ayer, el secretario letrado de Catania, Martín Castellano, se dirigió a la Cancillería para solicitarle que gestione en forma activa que España conteste los exhortos que requieren información sobre los acusados en ese país, los datos de la computadora del Bombardier, las declaraciones de los imputados y las escuchas telefónicas correspondientes. Sin la información que debe provenir de la península, el juzgado de Catania no está en condiciones de acusar a nadie, entre otras cosas porque no se estableció oficialmente que la cocaína salió de la Argentina.

Por su parte, el juez Ríos ya se declaró incompetente en la pesquisa del asesinato de Rodríguez, en lo esencial porque el homicidio se produjo en San Miguel, provincia de Buenos Aires. El magistrado entiende que la causa la debe instruir el fiscal de esa localidad. Sin embargo, el fiscal porteño Raúl Cavallini no está de acuerdo: sostiene que hubo acción continuada que empezó en Capital y que el dirigente del sindicato de la Maestranza fue secuestrado en territorio porteño ya con el objetivo de asesinarlo. La competencia debe ser dirimida por la Cámara del Crimen.

Aun así, Ríos afirma que Oyarbide debe fundamentar el pedido de la causa. No basta con que la obra social haya sido allanada en el marco de la causa por la mafia de los medicamentos, sino que debe haber alguna conexión con el homicidio mismo. Hoy por hoy, la principal hipótesis del juez Ríos es que a Rodríguez lo mataron en el marco de una interna gremial cuyo telón de fondo son las inminentes elecciones sindicales.