A cuatro días de los sucesos de José León Suárez, el gobierno bonaerense resolvió intervenir la comisaría cuarta de esa localidad y puso “a disposición de la Justicia” a quince de los policías que participaron en los sucesos que terminaron con el asesinato de dos jóvenes y en los cuales resultó herido de gravedad un tercero que continúa internado en terapia intensiva. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, quien anunció que hoy se reunirán con familiares de las víctimas. Fuentes allegadas a la investigación le dijeron a Página/12 que hay al menos un par de testigos de identidad reservada que podrían aportar datos sobre cómo fue la represión policial. Las autopsias habrían determinado que los dos chicos muertos, Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, fueron asesinados “desde una corta distancia” con disparos de postas de plomo de las que se utilizan en las escopetas calibres 12/70 que usan habitualmente los policías de la provincia de Buenos Aires.

“Hay muchos testimonios que desvirtúan lo dicho por la policía en el sentido de que hubo un enfrentamiento armado con personas que querían robar el tren que había descarrilado. Es posible que haya habido algunas personas que se acercaron a los vagones con fines de robo (existe un video presentado como prueba), pero lo que está confirmado por los testimonios es que los tres chicos que fueron víctimas no tuvieran nada que ver ni con los robos ni con ningún supuesto enfrentamiento”, declaró una fuente del barrio De la Cárcova, que hace de nexo entre los familiares de los chicos asesinados y la prensa.

Algunos vecinos se reunieron ayer con el fiscal Raúl Soracco, uno de los que está al frente de la causa, quien estuvo trabajando en el barrio durante toda la jornada. “Las reuniones con los fiscales tienen que ver con la presentación de testigos presenciales, cuyos nombres se preservan por razones de seguridad. Hay mucho miedo entre la gente del barrio y por eso hay que manejarse con mucho criterio”, precisó otro de los voceros que colaboran con los vecinos. Mañana, durante la marcha que se realizará a partir de las 17 (ver aparte), serán inaugurados dos monolitos para recordar a los chicos asesinados el jueves.

Ayer se conoció la decisión del gobierno bonaerense de intervenir la comisaría cuarta y de “poner a disposición de la Justicia a 15 policías” que participaron en la represión que siguió al descarrilamiento del tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). Siete vagones de los 32 salieron de las vías en el cruce con el canal José León Suárez. Esto ocurrió a las 14 del jueves y una hora y media después comenzó la represión policial. Según dijeron los ahora ex jefes de la comisaría cuarta y el ministro Casal, los policías “repelieron el ataque perpetrado por una banda organizada que hizo descarrilar el tren con fines de robo”. Ese punto, el de si fue un descarrilamiento provocado o accidental, todavía no fue determinado fehacientemente por la Justicia.

Hoy se reveló la existencia de un video, realizado con un celular, en el cual se ve correr a muchos jóvenes hacia el tren descarrilado. Las imágenes señalan la presencia de armas de fuego en manos de dos o tres personas que se están acercando al lugar del descarrilamiento. Desde el comienzo los vecinos del barrio denunciaron “la existencia de ‘transas’” presuntamente vinculados a la policía local “que podrían haber tirado, pero esto no tiene nada que ver con los tres chicos que fueron baleados”. Al principio, la policía dijo que hubo heridos de bala entre sus filas, pero eso fue desmentido por los fiscales del caso.

El ministro Casal aseguró que hay patrulleros que recibieron balazos “en los baúles, en las puertas y en los vidrios”. Por ahora, al menos a nivel periodístico, no se han mostrado imágenes de esos móviles policiales. Los testigos presenciales del barrio le dijeron a Página/12 que hubo tres lugares desde los cuales dispararon los policías bonaerenses. “Primero lo hicieron desde unos montículos que hay a unos 15 metros de las vías, cerca de un ‘cementerio’ de autos robados que hay en la zona. Luego dispararon contra el barrio desde arriba de los durmientes de las vías y también hicieron disparos los ocupantes de al menos dos motos del puesto caminero del Camino del Buen Ayre, que en un momento dado entraron al barrio”, le comentaron a este diario fuentes cercanas a las familias afectadas.

“A mi hijo lo mató la policía y lo único que quiero es que se haga justicia”, le dijo a este diario la madre de Mauricio Ramos (ver aparte).

El ministro Casal adelantó que hoy varios funcionarios se reunirán con los familiares de las víctimas, aunque la mamá de Ramos le dijo a este diario que no había tenido “ningún contacto” para invitarla a ese encuentro. Según Casal, a la reunión irían funcionarios de su cartera y el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi. Estarán presentes el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, y el titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio, quien ya estuvo antes en el barrio.

Al frente de la seccional cuarta, que fue intervenida, quedó designado el comisario inspector Claudio Ignacio Chirino. El ministro Casal precisó que, a través de Asuntos Internos, se dispuso la “desafectación del suboficial que reconoció haber disparado con otros cartuchos (se refiere a los de plomo) no autorizados”. El uniformado quedó a disposición del fiscal general de San Martín, Marcelo Sendot. De todos modos la sanción contra ese oficial y contra los otros 15 que fueron declarados en disponibilidad preventiva son simples “medidas administrativas, porque por ahora procesalmente la Justicia no ha tomado ninguna medida en contra de ningún policía”. Lo que se hizo fue secuestrar las 45 armas cortas y largas en manos de los uniformados que estuvieron el jueves en José León Suárez. Todos ellos fueron identificados.

Casal comentó ayer que hay otros 15 desafectados “a la espera de la resolución judicial”. De acuerdo con los resultados de las autopsias, los chicos asesinados presentaban “impactos de postas de guerra (plomo) que fueron disparadas con escopetas calibre 12/70”, de uso habitual entre los policías bonaerenses. La fiscalía ya les tomó declaración a unos cincuenta testigos, entre ellos a una mujer que bajo identidad reservada aportó “datos de importancia sobre la actuación policial”.

Lo que trascendió es que la testigo dijo que “al principio llegaron unos pocos policías que tiraban gases lacrimógenos y postas de goma, pero enseguida se fueron y llegaron otros que, cuando los incidentes llevaban unas dos horas, comenzaron a disparar con perdigones de plomo”. En ese momento, recién habría intervenido “un grupo de ‘transas’”, que se dedican en el barrio al tráfico de drogas, que habrían disparado contra los policías. Los vecinos tienen miedo de hablar porque “acá o te mata la policía por nada o los ‘transas’ te queman la casa”.

Algunos vecinos se reunieron ayer con el fiscal Raúl Soracco. Foto: Leandro Teysseire