Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, fue procesado ayer por el juez federal Norberto Oyarbide por los delitos de “malversación de caudales públicos y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, en la causa de la “mafia de los medicamentos”, y le impuso un embargo por 500 mil pesos aunque no dispuso su detención. Oyarbide le endilgó al ex recaudador de la campaña presidencial del Frente para la Victoria la distribución arbitraria de 47,7 millones de pesos entre 52 obras sociales sindicales. Además, el fallo enumera y cuestiona los gastos de la “caja chica” del ex funcionario, tales como llaveros por más de 300 pesos, una lupa de 500 y mates y bombillas por 1300.

Junto a Capaccioli también fueron procesados Fernando José Scopinaro y Osvaldo Oscar Cochlar, ex empleados de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos del organismo. Los delitos que se le imputan a Capaccioli contemplan penas que van hasta los tres años de cárcel, aunque en una variante de la figura de “malversación” podría llegar hasta los diez años: es en el caso de que se comprobara que “sustrajo” fondos que tenía a su cargo para “administración, percepción o custodia”.

De acuerdo con el juez, el procedimiento que posibilitó el traspaso de más de 47 millones de pesos a las obras sociales “se encontraría viciado y afectaría a la administración pública, en orden a que no existe exposición de motivos que pueda justificar la razón por la cual fueron elegidas esas obras sociales por sobre las restantes con que cuenta el sistema de salud”. Según expresó Oyarbide a lo largo de medio centenar de páginas, “no existe fundamento alguno que dé cuenta del criterio utilizado”.

El fallo describe, además, una serie de gastos que Capaccioli habría realizado entre junio de 2006 y octubre de 2008 utilizando “fondos de las arcas públicas con un destino diferente al previsto en la reglamentación”. Entre ellos figuran las compras de una lupa por 500 pesos, una caja de bombones para un diputado y múltiples almuerzos de trabajo y presentes “de cortesía”. En su momento, cuando fue citado a indagatoria, Capaccioli defendió su gestión y había restado trascendencia a este último punto argumentando que se trataba de actos de protocolo. Con el dinero de la “caja chica”, Capaccioli pagó “dos camisas fantasía por 308 pesos, un vestido de bebé por 235, un vestido Zara por 219; de la firma Ossira aparecen una remera de leopardo por 159, un strapless drapeado por 75, una remera bijou por 99, un vestido cordero por 305, un pantalón por 220; remeras Lacoste, Ralph Laurent y ropa Nike”. Entre otros gastos, se destacan “una escultura muñeca por 548, y una cuna por 386”.

Al respecto, dijo el juez que “la vaguedad y ambigüedad del concepto de ‘cortesía y homenaje’ no es equivalente a un ‘cheque en blanco’ para realizar todos los gastos que se pretendan. No es lo mismo obsequiar una plaqueta conmemorativa a una persona por sus antecedentes, desempeño o el prestigio que se tenga ganado que obsequiar un strapless drapeado de Ossira, sólo por considerar que sería del agrado de la persona destinataria. Posiblemente exista quien prefiera el segundo obsequio al primero, y ello no merece objeción alguna, pero ello no habilita a un funcionario público a disponer los fondos del erario para complacer gustos personales”.

Además de haber manejado la SSS y de haber sido uno de los responsables de la recaudación de fondos para la campaña de Cristina Fernández en 2007, Capaccioli también actuó en el gobierno porteño de Aníbal Ibarra, donde fue secretario de Descentralización y Participación Ciudadana. En la SSS fue sucedido por el abogado laboralista Juan Rinaldi, que revocó varias medidas adoptadas por su antecesor. Durante su paso por el gobierno nacional, Capaccioli respondía políticamente al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.