El juicio político contra el camarista federal de Mendoza Luis Miret, acusado de tener una “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” cometidos en 1975 y durante la dictadura, empezará hoy con un sorpresivo gol en su contra. Uno de los testigos de concepto que había presentado para que hablara bien de él se dio vuelta antes del inicio de las audiencias. Es, nada menos, que Adolfo Rodríguez Saá, quien presentó una declaración por escrito en la que dice que recuerda a Miret porque no se ocupó como debía de la causa por su secuestro –una historia que mezclaba amantes, sexo y violencia– cuando era gobernador de San Luis. “Tomó una decisión infundada y equivocada al revocar la prisión preventiva de los encausados”, advierte el senador del Peronismo Federal.

Miret fue suspendido en septiembre último, cuando el plenario del Consejo de la Magistratura le imputó mal desempeño por haber ignorado “secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad” que sufrían y denunciaban los detenidos a disposición de su juzgado desde los meses previos al golpe de 1976. Las víctimas, que serán testigos ante el jurado, lo acusan de usar las declaraciones que los represores les arrancaban bajo torturas en el centro clandestino de detención D2 de Mendoza para aplicarles la llamada “ley antisubversiva”. Habrá unas dos semanas de audiencias y después de escuchar a 29 testigos el jury tomará una decisión. Miret podría convertirse en el primer juez destituido por colaborar como tal con el terrorismo de Estado.

La defensa de Miret había mandado al jurado una lista de testigos propios, entre ellos Rodríguez Saá, con preguntas. Pretendía que opinara sobre su papel en el Poder Judicial allá por 1972. El senador contestó por escrito –una opción que proporciona su cargo– que recuerda que, cuando era apoderado del PJ, Miret tenía cargo de fiscal con competencia electoral en San Luis, pero no evalúa su desempeño. En cambio se despacha en otro punto, aprovechando que le preguntaron si Miret había intervenido en el caso en que denunció su secuestro y si había juzgado “con independencia y objetividad”. “El juez Miret actuó en la causa penal por secuestro extorsivo en que fui víctima (...) El magistrado enjuiciado tomó una decisión infundada y equivocada al revocar la prisión preventiva de los encausados, quienes con posterioridad fueron condenados a severas penas de prisión por el tribunal federal oral”, dice la declaración, a la que accedió Página/12. La historia que sacudió a la provincia se remonta a octubre de 1993, cuando Rodríguez Saá denunció que había sido secuestrado cuando estaba con una funcionaria (y amante), Esther “La Turca” Sesín, en un hotel. Dijo que lo violaron y que fue filmado, aunque el video nunca apareció. Sesín, Walter Salgado y Eduardo Doyhenard fueron condenados.

Aunque aquel caso no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad, es evidente que el testimonio a Miret no lo ayuda. Hoy, cuando empiece el juicio, le darán la palabra. En los días sucesivos los primeros en aportar sus relatos serán la titular de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini, y Fernando Rulé, uno de denunciantes iniciales junto con Silvia Ontiveros. Luego se sumarán, entre otros, Luz Faingold y su madre, Luz Casenave: en 1975, Luz (hija), menor de edad, fue alojada en una cárcel de adultos por decisión de Miret y prohibida la restitución a su familia, que la reclamaba a la par que su novio de entonces, León Glogowsky, también preso, denunciaba que la habían violado. El también declarará, igual que René Tomini, quien contó que Miret lo fue a ver al calabozo donde lo alojaban en el D2, tras haber sido torturado, y le recomendó: “Hay que aguantar”. Otra testigo será Celina Manrique Terrera, hija de desaparecidos, privada de recuperar su identidad durante años porque Miret archivó el caso invocando las leyes de impunidad.

Entre los testigos que pidió Miret figura la ex jueza de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, cuyo testimonio los denunciantes aguardan con expectativa. También ofreció a Eduardo Mestre Brizuela, ex compañero de tribunal de Miret que ahora defiende acusados de delitos de lesa humanidad. Los consejeros que actuarán como fiscales serán el representante del Poder Ejecutivo Hernán Ordiales, el diputado K Carlos Moreno y el abogado Alejandro Fargosi. El jury lo integran los jueces Carlos Bossi y Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.