La oposición parlamentaria volvió a la carga en el Congreso con la implementación del 82 por ciento móvil para jubilados y pensionados tras el veto presidencial a la ley aprobada en 2010. En Diputados, el conglomerado opositor impulsará por ley una consulta popular vinculante, para evitar otro posible veto del Ejecutivo, a favor de la aplicación del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para los jubilados que cobran la asignación mínima. Mientras, en el Senado insistirá con un proyecto de ley para un ajuste automático para todas las jubilaciones en los términos que la Corte Suprema dictaminó en el fallo Badaro. En tanto, lanzarán una campaña publicitaria “por la dignidad de los jubilados”, con afiches, pins y obleas, para promover el debate sobre el plebiscito.

El lanzamiento de la campaña y la presentación de los dos proyectos se hicieron en el Salón Illia del Senado. En una larga mesa y detrás de los afiches que rezaban “Consulta Popular por el 82 por ciento móvil para la jubilación mínima” se ubicaron los senadores y diputados opositores, con presencia mayoritaria de legisladores de la UCR y el PS, junto a otras bancadas menores como el GEN, la CC y el juecismo cordobés. Aunque los promotores de las iniciativas también buscan sumar al Peronismo Federal, el PRO y Proyecto Sur. Incluso, apuestan a quebrar la resistencia de no pocos legisladores K.

El jefe de la bancada de senadores de la UCR, Gerardo Morales, presentó ambas iniciativas. Primero, el proyecto de ley –que ingresará por Diputados– para convocar a una consulta popular vinculante, por el sí o el no a la aplicación del 82 por ciento del sueldo mínimo a las jubilaciones y pensiones mínimas. La iniciativa está redactada en términos del artículo 40 de la Constitución, que estipula la aplicación inmediata de la medida que triunfe en el plebiscito e inhibe la posibilidad de veto. “El veto presidencial a la ley del 82 por ciento generó un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo. El único camino para resolverlo es la decisión del pueblo”, sostuvo el ex camarista federal y jefe de los diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra.

“Este es un tema conceptual, no hay moneda de cambio. Estamos dispuestos a debatir la restitución de algunas medidas. Pero la consulta popular no establece ese tipo de medidas y consideramos que la Anses tiene el superávit suficiente para afrontar la aplicación del 82 por ciento, que llevaría la jubilación mínima de los actuales 1272 pesos, con el último ajuste, a 1508”, respondió Morales ante la consulta de si estaban dispuestos a restituir los aportes patronales a los mismos niveles que en los ’90 para sumar a los diputados de Proyecto Sur a la iniciativa.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, afirmó que quienes impulsan la consulta y “participamos de la competencia de los comicios (presidenciales) también asumimos el compromiso electoral y gubernamental de implementar y mantener la decisión popular si llegamos al gobierno”. También se refirió a la posibilidad de modificar el proyecto ya que el artículo 40 de la Constitución establece que la consulta popular no puede ir asociada a otro acto eleccionario, mientras algunos senadores –como María Eugenia Estenssoro, de la CC– proponen que se convoque junto con las primarias abiertas y obligatorias o con la elección presidencial.

En la Cámara alta, los senadores insistirán con un proyecto de ley para actualizar todos los haberes jubilatorios de acuerdo con el fallo de los jueces supremos sobre el caso Badaro. Es decir, en relación directa con los salarios de los trabajadores en actividad.

La iniciativa de los senadores opositores también cuenta, además de los radicales y del socialista Rubén Giustiniani, con el aval de Estenssoro, los cordobeses Luis Juez y Norma Morandini, y la peronista formoseña Adriana Bortolozzi, que el año pasado abandonó el bloque K. “La sanción de estas leyes no sólo será una obligación para este gobierno, sino para todos los que vengan –sentenció Giustiniani–. Son un piso de dignidad y estricta justicia para los jubilados que vienen reclamando esto ante la Justicia, donde ya hay más de 400 mil expedientes por actualización de haberes como lo dictaminó la Corte.”