La causa por el asesinato del militante trotskista Mariano Ferreyra tuvo ayer un día agitado con varios allanamientos simultáneos que se produjeron en las oficinas de la Unión Ferroviaria (UF) y en la casa de la mano derecha del líder de ese sindicato, José Pedraza. Si bien no trascendieron detalles, quienes tienen acceso al expediente creen que semejante movilización correspondería a las medidas judiciales previas al llamado a declarar en condición de acusado de Pedraza y su segundo, Juan Carlos “El Gallego” Fernández, tal como lo pidió hace varios meses la entonces fiscal del caso Cristina Caamaño. Ferreyra, de 23 años, fue atacado y muerto hace casi cuatro meses por una patota de ese gremio cuando participaba de una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados junto a sus compañeros del Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones políticas de izquierda.

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron cuatro allanamientos simultáneos en la Capital y en la provincia de Buenos Aires a distintas oficinas de la Unión Ferroviaria, entre ellos una sede ubicada en San José casi esquina México. Allí debieron contratar los servicios de un cerrajero para acceder al local. Los operativos simultáneos comenzaron poco antes de las diez y continuaban pasado el mediodía. Fuentes judiciales precisaron que, además de los locales de la UF los gendarmes allanaron una cooperativa relacionada con el sindicato, en Capital y el sur del gran Buenos Aires. Y calificaron como “muy importantes” los procedimientos porque podrían ser la antesala del llamado a prestar declaración indagatoria de la plana mayor del gremio. En ese sentido, la ex fiscal de la causa y actual viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, había solicitado las indagatorias del histórico dirigente sindical y de Fernández, cuyo domicilio también fue allanado. Respecto de este último, la Justicia ya contaría con otros elementos como para citarlo.

Los gendarmes, a las órdenes de la jueza de instrucción Wilma López, secuestraron “mucha documentación”, en especial sobre relaciones laborales y entrecruzamiento de actividades de los principales implicados en la investigación. Otras fuentes mencionaron que los gendarmes también secuestraron ropa de trabajo, uniformes azules con vivos fosforescentes anaranjados, cascos y borceguíes.

En esta causa ya hay siete detenidos, seis de ellos integrantes de la Unión Ferroviaria y el séptimo, un barrabrava de Defensa y Justicia que estaba gestionando su ingreso a una empresa ferroviaria. La Cámara del Crimen ratificó el 28 de diciembre los procesamientos con prisión preventiva dictados por la jueza López y reforzó la idea de que los imputados concretaron “un plan criminal”, añadiendo que se trató de un “escarmiento” por cortar vías en demanda de su blanqueo laboral. El 1º de febrero la Sala de Feria de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano González Palazzo, Raúl Madueño y Augusto Díaz Ojeda, denegó las excarcelaciones de Cristian “Harry” Favale, Gabriel Sánchez, Pablo Díaz y Jorge González. Los otros tres detenidos son los empleados ferroviarios Guillermo Uño, Juan Carlos Pérez y Salvador Pipitó, a quienes también se les imputa “homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa en tres oportunidades”, por los otros tres baleados en el hecho.

En una causa paralela, la Justicia investiga el posible tráfico de influencias para obtener la liberación de los detenidos, un expediente que está bajo secreto de sumario desde el 2 de febrero. Abogados de los detenidos miembros de la patota que agredió a los tercerizados y a los militantes de izquierda habrían intentado sobornar a un juez de Casación con el objetivo de que fallara a favor de la libertad de los acusados. Este proceso se inició a partir de escuchas telefónicas en las que se menciona a un ex juez federal e incluso a algún importante sindicalista.

Por otra parte, Página/12 informó sobre distintos episodios de amenazas e intimidaciones que sufrieron varios testigos que declararon en la causa principal contra los detenidos y aportaron datos precisos sobre el ataque, ocurrido el 20 de octubre en Barracas, cuando el grupo que iba a protestar ya había desistido de realizar el corte de vías que tenían previsto. Esta situación fue tenida en cuenta por la Cámara del Crimen para denegar la excarcelación de los presos.

A partir de la muerte de Ferreyra, el reclamo de los empleados tercerizados de la línea Roca y de otras del sistema de transporte ferrocarril entró en un complicado y dilatado proceso de blanqueo, en negociación permanente con el Ministerio de Trabajo, y desde entonces se produjeron varios cortes de vías. Uno de ellos, el del 23 de diciembre, derivó en incidentes en la estación Constitución por la supuesta reacción de los frustrados pasajeros.