Nada es sencillo ni lineal en una sociedad democrática de masas. No rige, de modo ineludible, el apotegma “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” ni su versión más operativa “el que embroma a mi enemigo es mi amigo”. Puede suceder, más vale, pero no es automático. Menos aún si la sociedad es una poliarquía donde existen micropoderes (o micropoderosos) excéntricos o difíciles de encasillar en esquemas convencionales. Hablamos, entre otras cuestiones, del hecho de la semana, detonado por el juez federal Norberto Oyarbide.

El jueves todo podía parecer simple para miradas conspirativas, como la del Peronismo Federal. Para ellos, Oyarbide actuaba como un alfil del kirchnerismo deteniendo e implicando a Gerónimo Venegas. El magistrado compensaba así el procesamiento al ex funcionario oficialista Héctor Capaccioli. Eduardo Duhalde y Graciela Camaño doblaron la apuesta: presentaron al Momo Venegas como un mártir encarcelado, una versión criolla de Nelson Mandela o de Alfred Dreyfus. La trayectoria amarilla del secretario general de la Uatre (entreguismo, silencio cómplice ante el trabajo esclavo, sumisión a las patronales apenas para empezar) entorpecía la identificación pero, con los medios dominantes a favor, Venegas fue pintado como un prócer.

Ya entonces había contradicciones en la narrativa binaria. La más evidente es proponer que el juez es un modelo de probidad y seriedad (Su Señoría doctor Jekyll) cuando aborda el expediente Capaccioli. Y se transmuta (en cuestión de horas) en Su Señoría mister Hyde cuando vulnera los derechos del Tío Tom Venegas.

El viernes, el cuadro se complicó. Los partidarios del presidenciable “Orden y Paz” cortaron rutas y manifestaron en Comodoro Py, en protesta por un llamado a indagatoria. Luis Barrionuevo amenazó directamente al juez, de viva voz. Quienes apostrofan contra la acción directa la ejercitan con enorme lesividad frente a un suceso menor. Casi cotidiano, como se detallará más adelante.

Pero lo que les enredó los piolines a tirios y troyanos fue la reunión express del Consejo Directivo de la CGT, pensada on line con la indagatoria. Una presión adicional para Oyarbide, desde lo que se suponía es el otro rincón del ring. El comunicado de la central obrera fue en sustancia una defensa cerrada de Venegas. Una alusión a Duhalde (sin nombrarlo) y su condición de dinosaurio no alteró la esencia del mensaje. La inserción tradujo, tibiamente, un debate producido puertas adentro en la que (comentaron asistentes al mismo) dirigentes moyanistas probados –como Julio Piumato y Juan Carlos Schmidt– alertaron contra lo que veían como un paso en falso de cara a la opinión pública y una concesión excesiva al duhaldismo. El metalúrgico Antonio Caló recusó asimismo el texto del comunicado. Los discrepantes firmaron, diz que a disgusto.

Así son las cosas. El mundo se pone difícil, resiste ser explicado monocausalmente, sólo por el kirchnercentrismo. Intereses comunes de la dirigencia sindical primaron, esta vez, sobre los alineamientos políticos que son muy relevantes y siguen existiendo.

Si al lector le parece muy compleja esta descripción, se le recomienda no seguir leyendo esta columna porque lo que viene sigue siendo dialéctico y plagado de grises.

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Claroscuros: Oyarbide es un mal juez, que no debería seguir en su cargo desde hace diez años. Es arbitrario con frecuencia, estridente casi siempre. Sabe producir conmociones informativas. Y se mueve con un olfato político particular, en continuo vaivén que contempla sobre todo su propio interés.

Reproches tan severos no equivalen a decir que Oyarbide jamás tiene razón. O que sus decisiones más espectaculares se toman sin atender a la opinión pública y a los elementos de prueba que posee. Si actuara así sería un suicida o un torpe, dista de serlo. Su poder finca en que es capaz de atacar en casos resonantes, tomar medidas apresuradas que tienen “buena prensa” y buena acogida pública (detenciones, procesamientos, encarcelamientos) munido de background que lo respalda. Exagera, sobreactúa, avisa a los medios antes que a las partes en los expedientes, abusa de su poder..., rara vez pedalea en el aire.

Las investigaciones sobre medicamentos truchos y sus estribaciones son a medida para Oyarbide. Se trata de presuntos delitos, aun perversiones, que sublevan (válidamente) a la gente de a pie. Las pruebas arrimadas son muchas y muy sólida la punta del iceberg, la causa contra Juan José Zanola. El secretario general de los bancarios está preso hace largo rato, con intensa intervención de una sala de la Cámara mucho más creíble y apegada al derecho que Oyarbide. En lo básico, la Cámara confirmó las resoluciones del juez de primera instancia.

Sobran razones. Zanola, reconocen hasta sus ex amigos, “dejó los dedos” por todas partes. Quedaron involucrados él y su esposa, de modo inusualmente directo: Zanola dirigía su obra social, la Bancaria tiene un Policlínico propio que dinamiza muchísimas transacciones. No todos los sindicatos están igualmente organizados, no todos los secretarios generales tan concernidos en esas operaciones. De ahí que el “caso piloto” sea firme y sea uno. Hay muchos más en plan de investigación y, francamente, cuesta creer que la Bancaria fuera el único gremio ligado a manejos tan repudiables.

Las sospechas, las dudas, la hipótesis de que existe un patrón extendido de comportamiento no equivalen a comprobar el dolo punible de un secretario general en sede penal. Hay una gran distancia. Con los –contados– datos actuales es imposible aseverar la magnitud de las pruebas contra Venegas. Vale acotar que Oyarbide anticipó la movida de varias maneras, con allanamientos y también con una ostentosa conferencia de prensa un par de semanas atrás.

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Un pasado pesado: El juez es competente y tiene investidura. El fiscal Luis Comparatore, otro tanto. Apena que ambos ocupen esos cargos pero las instituciones funcionan así, aunque el designado no esté a la altura de lo exigible, sus actos conservan validez legal.

El juez, los lectores informados lo recuerdan, es uno de los federales nombrados por el menemismo para construir un fuero de protección a sus desmanes y delitos. Hugo Anzorreguy y Carlos Corach, abogados con trayectoria, relaciones y prestigio entre sus pares, dirigieron el casting respectivo. Durante la década menemista, los magistrados fueron fieles al Ejecutivo que los llevó a un estrellato bastante lejano a lo que auguraban sus currículum. Desde esa época se han ido desgajando por motivos variados: algunos pasaron a la actividad privada, otros fueron destituidos o llevados a renunciar por inconducta. Oyarbide es uno de los contados sobrevivientes y tal vez el único que reincide en estar siempre en el candelero, poniendo en jaque a protagonistas importantes, exponiéndose y potenciándose en consecuencia. Ya vio pasar (sin contar interinatos) los gobiernos de cuatro presidentes: Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Coleccionó rivales por doquier, también expedientes que pueden damnificarlos. En sus primeros años como juez fue oficialista y oyarbidista. Desde 1999 lleva pegada al corazón una sola de esas camisetas, la propia.

En 2001 fue llevado a juicio político en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó el enjuiciamiento, Elisa Carrió fue la legisladora que presentó los cargos. El Senado lo zafó en una sesión tan deplorable como recordable, en un día perfecto para un operador mediático como Su Señoría. Fue el 11 de septiembre del 2001, mientras la atención del mundo entero se centraba en el atentado contra las Torres Gemelas. Hubo batifondo, pero quedó relegado a páginas muy interiores de los diarios. Lo salvó el voto de la bancada peronista, que le aguantó los trapos como en los buenos tiempos. Unos pocos compañeros senadores tuvieron el decoro de estar ausentes. Corach, senador de la Capital por la minoría, entró en la sesión a último momento para levantar la mano en defensa de su pollo, cerrando un círculo. El voto no era imprescindible, faltaron varios para los dos tercios exigidos para condenar, pero rezumaba simbolismo.

Comparatore es un fiscal de la misma horneada. Dos personajes cuestionables al mango, pero en legal ejercicio de sus funciones.

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Impreciso y falaz: Sorprendió la pobreza de lenguaje del ex presidente Duhalde en la conferencia de prensa del jueves. Se refirió a cuestiones procesales rutinarias con imprecisión inexplicable para un abogado. No habló de “indagatoria” ni de “procesamiento” ni de “citación”. Propuso que el juez debía invitar a conversar a un sospechoso. La impropiedad técnica, que Graciela Camaño reparó cuanto pudo, llegó en yunta con falsa información. Consagrado a poner en víctima a Venegas, Duhalde aseveró que jamás se había visto una detención como la suya. El cotidiano comprueba lo contrario. Es más que común que se detenga a personas para ser indagadas. Por añadidura es figurita repetida el abuso de la prisión preventiva durante el proceso. Miles de ciudadanos se hacinan en celdas, a la espera de sentencias. Claro que, de ordinario, los detenidos no son figuras VIP como el Momo, sino ciudadanos con “aspecto de delincuente” para la policía y demasiados jueces. Morochos no millonarios, a diferencia del mártir de Comodoro Py. La mala praxis no excusa aunque sí da cuenta de cuán exorbitantes son las quejas (del duhaldismo y de la CGT) por unas horas de detención.

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Jaque a Su Señoría: Si fuera cabalmente conspirativo, el cronista denunciaría que Oyarbide acordó con la oposición. Su juego dio aire al Peronismo Federal, puso a Venegas en vidriera, conturbó la alianza entre la CGT y la Casa Rosada. El cronista es escéptico respecto de conjuras tan bien organizadas y de sus carambolas a tres bandas. Los acontecimientos se suceden, su sentido varía merced a intervenciones de actores múltiples, nadie termina de ser dueño de todas sus derivaciones.

Por ejemplo, Oyarbide quedó bastante mal parado, asediado por adversarios de todo el espectro sindical. Si premeditaba liberar a Venegas debió ser más cauto: quedó la impresión de que le torcieron el brazo. Ahora cuenta con diez días para decidir si lo procesa. Puede tomarse alguno más, porque Venegas está libre. Pero tiene que expedirse a principios de marzo, como máximo. Tras el despliegue realizado luce condenado a procesarlo para no quedar muy en offside. Más le vale sacarle punta al procesador de textos.

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El escándalo y el fenómeno: La corrupción degrada y, en contingencias como la que recorremos, espanta. Huelga señalar que debe ser juzgada y condenada si cuadra. De cualquier modo, razona el cronista, el acontecimiento debería dejar espacio a una mirada a un fenómeno más profundo. Es la crisis del sistema de salud que no justifica (ni determina) desviaciones delictivas pero que es un problema mayor. La conjunción del sistema público con las obras sociales y las prepagas tuvo sus causas lógicas, parcialmente las conserva. El desempeño conjunto es flojo, para los requerimientos de una sociedad demandante, con reclamos justos de ampliación de derechos.

Es un problema universal. Les cabe a sistemas privatistas, como el norteamericano, baste mirar la película Sicko, de Michael Moore. También concierne a buenos sistemas públicos, como refleja la película canadiense Las invasiones bárbaras.

Las rémoras autóctonas tienen raíces profundas, hay que remontarse décadas atrás para leer las andanzas del doctor Cureta en la revista Humor.

No se incita al consuelo de tontos sino a reparar en la complejidad del problema que se expresa en prestaciones insatisfactorias, aunque la inversión económica es alta. Los contribuyentes bancan el sistema público, los afiliados, las obras sociales, los clientes, a las prestadoras privadas. Muchos pesos se destinan a preservar un bien sustancial, la retribución no es proporcional.

El sistema democrático es reformista de pálpito y de tracto progresivo. Máxime si hablamos de estructuras montadas que prestan servicios diarios y que no son iguales. Hay buenas y malas obras sociales, hospitales mejores o peores, patronales que pagan sueldos dignos o indignos a los médicos de los trabajadores de la salud. En ese tablero variopinto son imprescindibles correcciones densas, de mediano plazo chocantes a lo que es la lógica política cotidiana.

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Entre El Cairo y el pago: En esta semana, daban ganas de estar en El Cairo. Una movilización popular que expulsa a un dictador arraigado en el poder es un hecho conmovedor y convocante. Los festejos de la muchedumbre interpelan más allá de las fronteras de Egipto, aluden a la capacidad creativa de la acción política, a la fascinante apertura de escenarios impensables meses o semanas atrás.

La crónica local fue más berreta, menos estimulante, aunque sí reveladora. Sus protagonistas principales (Oyarbide, Venegas y Duhalde) no resisten un archivo. Sin embargo, nada es blanco o negro. Las imputaciones de ese (mal) juez tienen consistencia, los cargos son verosímiles. Quizá falte para condenar penalmente, pero sería nefasto que se interrumpieran las investigaciones.

La complejidad del sistema político-corporativo atenta contra las lecturas simplistas, que están tan de moda. La crisis de las dirigencias corporativas es una referencia adicional que tampoco se zarandea mucho, salvo para fulminar a las gremiales. Los magistrados y las patronales, empero, también dejan mucho que desear.

En fin, que pispiar Egipto fue más estimulante, en días recientes.

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