El fiscal Sandro Abraldes, que tiene a cargo la causa judicial sobre los tres homicidios ocurridos en el desalojo del Parque Indoamericano, hizo el viernes una denuncia penal en la que pide que se investigue por qué la Policía Federal siguió inmiscuida en el expediente a pesar de que fue apartada desde un comienzo por su evidente protagonismo en la represión –compartido con la Policía Metropolitana–, que quedó registrado por las cámaras de TV. La presentación de la fiscalía advierte que agentes federales uniformados y de civil sometieron a interrogatorios irregulares en dos ocasiones a Wilson Fernández Prieto, el principal testigo del caso, quien además sufrió un reciente amague de secuestro.

Fernández Prieto tiene 22 años y vive en la Villa 20, en Soldati. El día del primer intento de de-salojo en el Indoamericano él estaba ahí, parado en el ingreso a la villa. Miraba absorto la represión policial. Cuando levantó la vista hacia el puente de Escalada, un proyectil se le incrustó en el hombro izquierdo. Sintió una quemazón y apenas giró la cabeza hacia la herida, otra bala le arrancó parte de la oreja derecha. Su testimonio en la causa penal sobre el violento operativo se convirtió en un aporte clave, porque el chico vio y aseguró bajo juramento que le disparó la policía y está casi convencido de que fue la Federal. Wilson es, además, cuñado de uno de los jóvenes asesinados aquel día, Bernardo Salgueiro.

En el pedido de investigación que presentó sobre el fin de semana, al que accedió Página/12, el fiscal Abraldes describe varios episodios sospechosos y escalofriantes que podrían envolver a la Policía Federal y los funcionarios que hayan dado instrucciones o respaldo, en delitos contra la libertad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes.

Con lógica de apriete

El primer hecho se produjo, según el relato judicial de Fernández Prieto, cuando lo estaban atendiendo en el centro de salud del barrio, poco después de recibir los balazos, aquel 7 de diciembre, pasadas las siete de la tarde. Ya lo habían vendado, en el momento en que “apareció un señor de remera rosada, un pantalón tipo plateado, con un radio en la mano” que lo sacó de la salita, lo subió a una ambulancia y en compañía de un uniformado fue trasladado al Hospital Santojanni. Allí, recibió otra visita policial y a la madrugada lo llevaron a la comisaría 52, una de las que había intervenido en el desalojo. Pero a esa altura (eran cerca de las tres de la mañana) según advierte el fiscal Abraldes, la Federal ya llevaba casi seis horas apartada de la pesquisa, que había sido asumida por la Gendarmería.

Pero el asunto no terminó ahí. Fernández Prieto declaró ante la fiscalía que lo que dice el acta policial, que tuvo que firmar, no es lo que él relató en la seccional. El acta dice que estaba jugando al fútbol, cuando vio venir a la gente corriendo desde el Indoamericano porque la policía los estaba sacando del lugar, que escuchó disparos, salió corriendo y en ese momento sintió un dolor en brazo y también en la oreja. A la pregunta concreta de si vio quién le disparó, aparecía diciendo que no, porque corrió de espaldas. Ante la fiscalía, el joven dijo que nunca salió corriendo, que estaba parado de frente al puente de Escalada desde donde disparaba la policía y que en un momento apenas estaba girando recibió el primer impacto.

Un segundo hecho que recapitula el fiscal se produce dos días después del desalojo, cuando todavía el Parque Indoamericano era un hervidero. Junto con los familiares de los dos jóvenes que habían sido asesinados el mismo día que a él lo balearon –su cuñado Salgueiro y Rosmarie Chura Puña–, lo convocaron a una reunión en el Ministerio de Justicia primero y luego con la presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada, donde dice que contó “lo que había visto”. Se sentía muy dolorido y en medio del encuentro se descompensó. La Presidenta pidió que lo llevaran al Hospital Argerich. Una ambulancia lo buscó por la cartera de Justicia y lo trasladó en compañía de su cuñado Aníbal Salgueiro. Mientras esperaba en un pasillo del centro de salud a que lo atendieran, “llegaron como seis policías uniformados”, declaró Fernández Prieto. A medida que aparecían le volvían a pedir los datos personales, con insistencia. Decían, según testificó Salgueiro, que los iban a “cuidar”. Después de que le hicieron una radiografía lo esperaban más policías, señaló, y “dos agentes de Asuntos Internos”, quienes le informaron que le iban a tomar una declaración para su sumario administrativo. Mientras lo interrogaban, contó, escribían a mano. Su cuñado lo tironeaba para que se fueran y la “declaración” quedó inconclusa. Volvieron a su casa, según dijeron, en un auto del Ministerio de Justicia que seguía a otro de Asuntos Internos de la Federal. “Me sentí violentado, acosado y me hicieron pasar un mal momento. Yo había ido ahí supuestamente sólo para una revisión médica y después me encontré con todo esto”, testificó Fernández Prieto en la causa.

El 24 de enero, denuncia el fiscal, Fernández Prieto sufrió una situación con aspecto de intento de secuestro, o al menos de apriete. Estaba por tomar el colectivo para ir a trabajar al anochecer cuando desde un Renault Clio con vidrios polarizados le consultaron cómo llegar a Liniers. Había tres hombres a bordo. El les indicó, le preguntaron para dónde iba y dijo que se dirigía a Constitución. Le ofrecieron llevarlo, dijo que no. Le insistieron, dijo que no. Cuando notó que detrás había otro auto idéntico “sospechó de las verdaderas intenciones”. Y se fue. Unos días después informó lo ocurrido a la fiscalía.

Sospechas

Abraldes afirma en su presentación judicial que “es evidente” la “desatención” a su decisión de “apartar a la Policía Federal” de la investigación. “El apersonamiento de Wilson en el Hospital Argerich obedeció a una situación puntual y concreta: su dolencia en el brazo. La oportunidad, pues, para una interrogación (policial) resultó inapropiada e invasiva”, pero además no hubo –advierte– ninguna consulta a la fiscalía para “determinar si se hallaba en condiciones físicas y psíquicas de declarar”. Según Abraldes, la policía puede hacer su propia investigación interna, “pero en modo alguno debe situarse por encima del proceso penal”. La presencia de uniformados en el hospital es “cuanto menos intrigante”, alega, al igual que el argumento de que iban a “cuidarlo”, ya que el mayor riesgo que el chico corría en ese momento “provenía de su dolencia corporal” y requería atención médica, demorada por el interrogatorio.

Pide además que se investigue cómo “se anotició” la Federal de la presencia de Salgueiro en el Argerich; “el origen de la orden” para enviar a dos agentes de Asuntos Internos sin disposición ni permiso judicial; por qué, al parecer, los uniformados no tenían “gafetes identificatorios” y si, tal como todo indicaría, pertenecen a la comisaría 24; por qué Fernández Prieto no fue citado nuevamente y en condiciones apropiadas para una declaración policial si –según declaró uno de los policías– en el interrogatorio no llegaron a “profundizar temas relacionados con los sucesos investigados”. Abraldes requirió también que se indague en las responsabilidades de las comisarías que intervinieron en los sucesos del Indoamericano, teniendo en cuenta la situación irregular en que le tomaron la declaración en la seccional 52. “Tan preocupante como estos repetidos contactos entre víctima-testigo e institución policial a la que él (Fernández Prieto) alude en sus declaraciones es el episodio ocurrido el 24 de enero (...) cuando un auto intentó persuadirlo de llevarlo a adonde se dirigía.”

La causa penal sobre estas presuntas irregularidades le tocó al juzgado 41, de Daniel Turano, y al fiscal Fernando Fiszer, y es posible que le traiga un dolor de cabeza al ministro de Justicia, Julio Alak, que por esos días todavía tenía a la Policía Federal a su cargo, aunque respondía en los hechos a jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. A lo que se suma la posible responsabilidad de los policías que merodearon a Fernández Prieto que, de todos modos, no fueron individualizados en la denuncia. Allegados al ministro Alak lo despegaron de la aparición de los agentes en el Argerich y contaron que incluso “tuvo que interceder para que dejaran de asediar al muchacho”.

Nicolás Tauber, abogado de Fernández Prieto y de la familia de Salgueiro, sostuvo que “es evidente que hay personas nerviosas por la investigación de la represión en el Indoamericano ya que las principales sospechas apuntan a la Federal, y también a la Metropolitana, aunque nadie se hace cargo. Hay muchos aprietes e incluso hace unos días fue asesinado un chico que debía declarar como testigo, Alcides Melgarejo”. Tauber dijo que ahora el chico tiene custodia de Gendarmería. Se quejó porque “el Ministerio de Seguridad no toma medidas para separar ni siquiera a los comisarios que estuvieron a cargo del operativo del desalojo, lo que genera una situación de impunidad”. En la cartera que conduce Nilda Garré, aseguran que están analizando todos los casos y que “ningún comisario denunciado por hechos graves va a seguir en funciones”.