“Las imágenes tremendas que vimos de un hombre salvajemente golpeado en una cárcel mendocina nos conmovieron a todos. Estaba preso desde hace dos años por tenencia de una pequeña cantidad de droga. Mientras, pasaron los controles con 944 kilos de cocaína los hermanos Juliá y Matías Miret. Esa es la principal conclusión del caso del avión: tenemos el 70 por ciento de los presos y el 40 por ciento del presupuesto en materia de salud dedicado a perseguir pequeños consumidores, mientras fracasan los controles contra organizaciones grandes como las que llevaron la tonelada de cocaína a Barcelona. Ahí está la transformación que tenemos que hacer en la política de drogas en la Argentina.” El rotundo diagnóstico pertenece a Mónica Cuñarro, fiscal, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que integran magistrados reconocidos como Horacio Cattani, Patricia Llerena, Martín Vázquez Acuña, bajo la coordinación técnica de Alberto Calabrese.

“Argentina ha sido calificada por las oficinas de Naciones Unidas –explica Cuñarro—. No es un país productor ni de destino de cocaína. Es un país de tránsito consolidado de cocaína a España y de efedrina y metaanfetaminas a México y también de desvío de precursores químicos. Argentina jamás será productor porque producir requiere cierta cultura en el campesinado, clima especial y determinada topografía. Nuestro país no tiene ni esa cultura de sembrado ni cosechado y tampoco el clima más bien selvático que se requiere. Como no será país productor, por ende no tendrá los problemas de los países productores. Desde hace años, los productores son tres países, Colombia, Perú y Bolivia. Y la producción es más o menos igual todos los años: 600 toneladas. A veces alguno de esos países produce un poco menos por cuestiones de control, y entonces el otro país va compensando la producción, pero durante años redondean esa cifra anual. Esa es la cocaína que necesitan colocar en el destino final y ahí Argentina, al igual que Chile, Uruguay, Brasil y Venezuela son los países por los que transita para permitir llegar a los dos grandes centros en los que la droga tiene más valor económico: Estados Unidos y España. En ese tránsito, una parte se traduce en armas, contrabando de autos y otros delitos asociados en los que aparece la corrupción.”

–¿Pero hay antecedentes de un cargamento de una tonelada por avión, como en el caso de los hermanos Juliá?

–Mire, las cantidades que se han movido pueden ejemplificarse con la efedrina. A la Argentina llegaron 19 toneladas de efedrina que eran desviadas a México para ingresar drogas de diseño, pastillas, en Estados Unidos. Es una cifra elevadísima en la región. Pero después la Presidenta, por consejo del Administración Nacional de Medicamentos (Anmat), estableció un sencillo control administrativo que consistía en saber cuánta efedrina o metaanfetamina necesita la Argentina para su mercado interno, a quién se le da, quién lo tiene, la justificación. Fíjese este dato: la cantidad bajó a 13 kilos. ¿Y sabe por qué se produjo la explosión de la efedrina y las metaanfetaminas? Porque al mercado norteamericano le dejó de interesar seguir y controlar a los carteles que fabrican cocaína. Con sólo seguir la dinámica de los carteles de cocaína en México uno advierte dos cosas: el Chapo Guzmán sigue y solo, mientras los otros desaparecieron y se reconvirtieron en productores de drogas de diseño, cuyo producto ingresa en el mercado norteamericano. Lo que se impuso allí y lo que viene son las drogas de diseño, las pastillas. Sólo subsiste Sinaloa. Ahora bien, la cantidad llevada por los Juliá no llama la atención, porque se han descubierto embarques iguales o mayores. Lo que llama la atención es que pudieran conseguir un avión de 30 millones de dólares con el que –a modo de hipótesis– se aprovisionarían en Bolivia y llevarían la droga a España. Para este delito gravísimo tuvieron que esquivar los controles de Estados Unidos y Bolivia y la Argentina. Los Juliá consiguieron semejante aparato sin que Estados Unidos controlara y verificara la creación de una sociedad fantasma creada al efecto de evitar la carga impositiva de Argentina, armaron una sociedad fantasma que registraron en Estados Unidos y pagaron en el mercado norteamericano una cifra importante. La laxitud en los controles de Estados Unidos ha sido muy notoria en lo que respecta al seguimiento de la ruta de dinero en cuanto al avión.

–La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ha dicho que los Juliá se colaron por agujeros que quedaron en los controles argentinos.

–Sí, coincido totalmente con la ministra. El 70 por ciento de la política criminal argentina está deslegitimada, pues está orientada a perseguir al consumidor. Diría que al pequeño consumidor y pequeño comerciante. Y el embarque de los Juliá, mientras tanto, vulneró los controles fronterizos, que debió haber en Ezeiza, Morón, o Aeroparque; en la entrada de la droga seguramente desde Bolivia, por vía terrestre, a través del Norte. Está claramente demostrada la falta de trabajos de inteligencia previa provinciales, federales y administrativa para que esto ocurra. La coordinación entre las fuerzas provinciales y nacionales fracasó una vez más. Ingresó mucha cocaína, se pudo transportar por nuestro país, almacenar y enviar a España.

–Muchos suponen que la droga entró a la Argentina por vía aérea y que eso demuestra la falta de radares.

–No, el tema de radares no es central. Es mucho más complejo. Fíjese usted: la frontera entre México y Estados Unidos debe ser la más radarizada del mundo, a eso agregue que deben tener la policía mejor equipada y controles de inteligencia y sin embargo... por allí pasan toneladas y toneladas de estupefacientes prohibidos. ¿Cómo se llega a ello? La droga se filtra por la corrupción. Por supuesto que los radares son importantes, pero la clave está en los controles administrativos, sobre los nichos de corrupción policial, judicial y de los funcionarios, la coordinación de la inteligencia y la investigación conjunta de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el mejoramiento de la etapa de la investigación preliminar. Para ello es imprescindible el compromiso político entre las provincias y el Ejecutivo Nacional y una clara política criminal que ordene a las fuerzas a perseguir al comercio y todo el tráfico. El narcotráfico funciona como una empresa, es un delito complejo con lógica empresarial, hay inversores, socios, contadores, abogados, empresas que actúan como una UTE, que transportan, hacen logística: se forman y se diluyen. Luego forman otra. Por eso es fundamental ejercer un férreo control administrativo que abarque desde las sociedades que se crean, el cruce de datos sobre bienes, personas y cosas, disminuir los nichos de corrupción, aumentar la coordinación, lo que al Estado no se le puede pasar porque tiene el monopolio del control administrativo y cuando digo Estado, incluyo a cada provincia. Estas organizaciones van estudiando las estrategias y las cambian en forma casi permanente: a veces transportan por tierra, otras por mar o aire. Cambian las sociedades, van eligiendo entre Chile, Argentina, Uruguay, Brasil o Venezuela para embarcar hacia España. Analizan los costos de cada operación y uno de los más importantes es cómo vulnerar los controles. En este caso, todo indica que la cocaína que después se subió al avión de los Juliá tal vez llegó por tierra. Aunque no descartaría que los hijos de los brigadieres, expertos en vuelos a Bolivia, que tiene particularidades técnicas de ascenso y despegue, hayan contactado a la organización de narcotráfico del norte boliviano para la compra de estupefacientes.

–¿Es correcto decir que España no proporciona información del caso Juliá porque desconfía de la Justicia y las autoridades argentinas?

–No, es falso. El Código Penal español, en su artículo 263 bis, autoriza las “entregas controladas”: dejan pasar embarques chicos para después detener a toda la organización en una operación grande. El juez español tiene que fundamentar las “entregas controladas” por medio de resoluciones que quedan archivadas. Pero lo que establece la ley española es lo que conocemos como reglas de conexidad. Dichas reglas, tanto en el código español como en el argentino, establecen que será competente el juez en cuyo territorio se haya consumado el delito más grave, o sea el tráfico. En este caso se traficó a España drogas para su distribución. En nuestro código procesal rige lo mismo. No hay que descartar que el competente sea el juez español tanto por territorio como por conexidad. Todo esto tiene una conclusión: el juez competente para investigar la operación completa, desde quién sembró y cosechó en Bolivia, cómo entró a la Argentina, dónde se almacenó, el transporte y las demás fases, es el juez español. Puede haber en Bolivia y Argentina delitos que son absorbidos por el delito más grave y en todo caso el juez español o los de Bolivia o Argentina pueden intervenir en la cadena de incumplimientos de deberes de funcionarios públicos o falsedades de instrumentos públicos o privados o lavado, pero son delitos de competencia federal en nuestro país.

–¿Cuál es la conclusión que saca del caso Juliá?

–Hemos tenido un ejemplo tremendo. William Vargas González, el detenido que fue torturado de forma salvaje en Mendoza, con una golpiza que nos conmovió a todos, estaba preso por tenencia de una pequeña cantidad de droga. En primer lugar, eso debería hacer reflexionar a los que dicen que en la Argentina la droga está despenalizada. ¡Llevaba dos años de prisión! Esto muestra la total falta de respeto y el uso del tema para crear spots publicitarios, porque a William Vargas González lo detuvieron, lo condenaron por un delito mínimo y como consecuencia fue torturado en una cárcel provincial. El caso muestra lo que tenemos que cambiar: el 70 por ciento de los detenidos por drogas son pequeños consumidores, y se lleva el 40 por ciento del presupuesto sanitario materno infantil nacional. Se gasta mucho y mal. Se deslegitima todo el sistema penal con la consiguiente pérdida de credibilidad institucional en las instancias estatales, provinciales, judiciales y carcelarias. La reorientación de nuestra política criminal tiene que ser total: debe perseguir a las organizaciones como las que estuvieron detrás del vuelo de los Juliá y Matías Miret a Barcelona.

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