El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comenzó a tratar la denuncia contra el fiscal Germán Garavano –afín a la gestión PRO– por “privación de Justicia” en los desalojos. La presentó la Defensoría General, que señaló que en el 71,7 por ciento de los casos las personas que fueron desalojadas no tuvieron acceso a la defensa. Por este motivo, el fiscal podría ser sancionado por el TSJ. Sus Señorías podrían también rechazar la denuncia o bien exhortar al fiscal a que cumpla con los derechos constitucionales.

La Defensoría General, que conduce Mario Kestelboim, elaboró un informe en base a una muestra de los 1743 que se iniciaron desde 2009. En el documento –publicado por Página/12– señalaron que en el 78 por ciento de los casos las personas expulsadas no tuvieron acceso a “una defensa material”: de los más de 1700 casos, se notificó a la defensa en 85 y a la asesoría tutelar, en 30. También indicaron que Garavano desarrolló un protocolo que permite hacer desa-lojos sin que se haya probado antes que existía un delito, y destacó que en el 88 por ciento de estos desalojos preventivos los expulsados no tuvieron una intimación previa. En el informe, el defensor general también señala que el 71,2 por ciento de las causas terminan siendo archivadas, ya sea por falta de pruebas (21 por ciento) o por inexistencia de delito (32 por ciento).

La titular de la asesoría tutelar, Laura Musa, cuestionó, por su parte, que hayan “desconocido en reiteradas oportunidades la necesaria intervención del ministerio público tutelar” ante desalojos donde hay niños involucrados. Musa firmó una resolución conjunta con Kestelboim en la que le solicitaban a Garavano que les diera intervención a ambos antes de efectuar desalojos. Al pedido se sumaron el CELS y ACIJ, pero Garavano lo rechazó.

Finalmente, Kestelboim presentó una denuncia ante el TSJ por “privación de justicia” ante “la reiterada y generalizada omisión en la que incurre el Ministerio Público Fiscal de dar intervención oportuna a la defensa”. El defensor general advirtió que Garavano recurrió “a la omisión primero y a la expresa negativa después” y que esto “genera una irreparable violación a los derechos constitucionales, a la defensa en juicio y al debido proceso” y le solicitó al TSJ que “tome cartas en el asunto para poner fin a la violación de derechos que se denuncia y para garantizar el acceso a la Justicia de los sectores más excluidos”.

El TSJ designó como jueza de trámite a Ana Conde, que deberá correrle vista a Garavano para que responda a la denuncia de Kestelboim. Luego el TSJ deberá resolver si rechaza la denuncia, si lo sanciona o bien si le ordena cumplir con lo que reclaman los defensores. En caso de un fallo contrario, en la Defensoría General evalúan recurrir a la Corte Suprema.