José Angel Pedraza, líder histórico de la Unión Ferroviaria, fue detenido en la madrugada de ayer en su departamento en el piso 17 de una torre de Puerto Madero, el mismo que fue allanado hace dos viernes por la jueza Wilma López en busca de pruebas de su vinculación con el asesinato de Mariano Ferreyra, como reveló Página/12. Los resultados de aquel procedimiento, junto con otros que se hicieron en oficinas del gremio y en la Cooperativa de Trabajadores Unión del Mercosur, una empresa tercerizada que manejan colaboradores del sindicalista, más el análisis de llamadas telefónicas, terminaron de convencer a la magistrada del papel del dirigente ferroviario como presunto “instigador” de la acción de la patota armada que el 20 de octubre atacó a un grupo de trabajadores tercerizados de la línea Roca, asesinó al militante del Partido Obrero (PO) e hirió a otras personas. También fueron arrestados el número dos del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y el delegado Claudio Alcorcel, a quienes los investigadores asocian asimismo con la organización del grupo de choque y el crimen. Las indagatorias, por homicidio y lesiones, comenzaron por la tarde y continuaban entrada la noche.

Los tres hombres de la UF fueron llevados a tribunales por la mañana. La jueza López y el fiscal Fernando Fiszer comenzaron a indagarlos mientras una manifestación de simpatizantes de la Lista Verde (de Pedraza) de la UF intentaba ejercer presión para que los liberen. El gremio motorizó paros en las líneas Roca y Mitre y se declaró en “estado de alerta y movilización total”. Esa advertencia, sin embargo, no tuvo eco en la CGT ni en la oposición política, a diferencia de lo que sucedió con el arresto del líder de los peones rurales Gerónimo Venegas. Nadie se animó, esta vez, a respaldar a dirigentes a quienes la Justicia vincula no sólo con negocios ferroviarios, sino con un asesinato. Algunos incluso celebraron la medida judicial (ver aparte).

El primer indagado fue Fernández, durante más de cuatro horas en las que intentó refutar los cargos. Por la noche, al cierre de esta edición, seguía declarando Pedraza. La jueza los interrogó como posibles instigadores del asesinato de Mariano, las tentativas de homicidios de Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Elsa Rodríguez, además de las lesiones sufridas por otra decena de personas que el 20 de octubre participaban en la protesta de los tercerizados de la línea Roca que reclamaban puestos de trabajo en planta y cuestionaban la política de precarización laboral instalada por medio de las “tercerizadas”, con contratos por fuera de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia.

Ya en noviembre, cuando López procesó por homicidio calificado a siete miembros de la patota que ejecutó el ataque, afirmó que habían sido reclutados por la UF y que obraron mediante un “acuerdo previo” utilizando armas y violencia física. Los hombres de la UF decían que habían ido a evitar el corte de las vías. Sin embargo, y aunque el bloqueo ni se concretó, se abalanzaron sobre los manifestantes cuando se retiraban. El rol de “instigador” prevé, igual que para los autores materiales, una pena de prisión perpetua.

Como informó este diario, según la fiscalía:

- Está probado que durante los episodios en Barracas, Pedraza y Fernández los monitoreaban desde la sede de la UF. Por los entrecruzamientos telefónicos, se estableció que Fernández hablaba con el delegado Pablo Díaz, quien daba las instrucciones a los matones, indicando el momento de “sacar los fierros” y cuándo juntarlos para su ocultamiento. Al lado de Fernández estaba Pedraza. “Ellos tenían conocimiento de lo que ocurría, que se convocó especialmente a un grupo de personas lideradas por Cristian Favale (barrabrava de Defensa y Justicia) a efectos de agredir físicamente y sin importar los medios.”

- Alcorcel, un delegado del sector “Artesanos” del taller ferroviario de Remedios de Escalada, funcionó como nexo previo y en el escenario de los hechos con Favale, que llevó su propia patota, integrada por personas que no habrían sido ferroviarios y fueron a sumarse al “ejército” de la UF. Hay testimonios que relatan el momento en que Alcorcel y Favale se encuentran para reunirse con Díaz.

- “Pedraza, Fernández, Díaz y Alcorcel, junto a otras personas que no fueron individualizadas, instigaron y organizaron” a la fuerza de choque, en palabras de la fiscalía, “prometiendo en cada caso un rédito económico consistente en asegurar el ingreso de familiares como empleados, así como también la permanencia o mejores expectativas para aquellos que ya fueran empleados”. A la par de los siete hombres detenidos como autores directos, el fiscal los acusa de “haber dado muerte a Mariano Ferreyra”. A todos, además, sostiene que les dio cobertura la Policía Federal, que no hizo nada por detener la emboscada e hizo bastante por facilitarla y permitir “la impunidad de los hechos”. Por eso pidió indagar, como anticipó Página/12, a cinco policías. Los barras Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez, los delegados Díaz y Jorge González, el portero de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez, el picaboletos Guillermo Uño y el empleado Salvador Pipitó fueron detenidos varios días después del crimen, por la reconstrucción de testigos.

A este mapa se agregó información recolectada en la causa durante enero, en escuchas telefónicas y en los allanamientos del 11 de febrero en las casas de Pedraza y el Gallego Fernández, en la sede de la UF y en la Cooperativa Unión del Mercosur. La jueza buscaba allí elementos que pudieran dar cuenta de las motivaciones de Pedraza y sus allegados para planificar un ataque de semejante nivel de violencia contra los tercerizados. En la cooperativa se secuestraron papeles clave que permitirían probar la cercanía del líder de la UF y sus colaboradores con esa tercerizada, que contrata personal de limpieza y mantenimiento de vías en condiciones precarias. Sus autoridades lo son a su vez de la UF, empezando por el presidente de la firma, que es Raúl Castellano, secretario de Medios de Comunicación, quien ayer firmó el comunicado en el que declaraba al gremio en “estado de alerta”. La doble condición, patronal y sindical, de la UF, es de peso en la causa, ya que revela un presunto interés económico detrás del ataque de la patota.

Otro dato que complicó la situación de Pedraza fueron las escuchas que revelaron un supuesto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación, Eduardo Riggi, para que liberara a los siete detenidos de la patota. En las escuchas podría estar involucrado el mismo Pedraza en tratativas con un intermediario y el ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, que defendía a Uño, uno de los acusados, y que fue secretario letrado de Riggi. ¿Por qué le podía interesar a Pedraza la libertad de los matones? Podía ser una forma de debilitar la causa en la que, evidentemente, muchos elementos conducían hacia su nombre.