José Pedraza sabía (no podía no saber) que sería requerido para prestar indagatoria. El procedimiento sumarial, serio y escalonado, debía llegar a él. Esperó la citación en un (su) departamento insultante, una suerte de confesión inmobiliaria acerca de su trayectoria.

La biografía, aún inconclusa, del dirigente ferroviario resume en su cuerpo buena parte de lo mejor y de lo peor del movimiento obrero peronista. La CGT de los Argentinos, la resistencia a la dictadura, la primera huelga general en su contra en abril de 1979, la CGT Brasil, el ubaldinismo, cargan sobre un platillo de la balanza. El menemismo, la entrega y desbaratamiento de la red de trenes, las privatizaciones vergonzosas, la conversión a sindicalista-empresario, el enriquecimiento pesan en el otro. La balanza, claro, es una floja metáfora, porque en la saga de Pedraza no hay claros y oscuros sino una degradación, un deslizamiento al infierno, que él eligió durante los últimos veinte años. La defensa de privilegios patronales, la estructura patotera para defenderlos redondean el cuadro abyecto.

La figura de Pedraza acicatea la discusión sobre el sindicalismo, que él encarna en todas sus facetas. Habrá quien diga que el joven militante del pasado, cuya mirada y cuyo discurso contagiaban, era el huevo de la serpiente de hoy, con ojos acuosos e inexpresivos. El cronista entiende que no es así, que siempre hay opciones y que sobran ejemplos en el gremialismo de quien eligió otro norte.

La historia de Pedraza es novelesca, con ribetes de fábula. Es el luchador que claudica, cambia de bando, toma el peor rostro de sus adversarios de antaño. Dista mucho de ser un fenómeno exótico o doméstico. Una añeja novela de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, tiene como protagonista a un viejo militante de la revolución mexicana que deviene un alto dirigente corrupto, tras una larga recorrida.

Ese final es una opción, asumida. Una escena de la clásica película de Elia Kazan Viva Zapata cifra ese trance de elección. Emiliano Zapata, siendo un campesino insurrecto, llega a entrevistarse con el presidente Francisco Madero. Le discute, lo desafía, Madero le pregunta su nombre y lo hace anotar en una lista. Como producto de su lucha, Zapata llega al gobierno, aunque entregando parte de sus convicciones. Un día, tras haber cambiado mucho, recibe a una delegación de campesinos. Uno de ellos le formula reproches, le discute. Zapata le pregunta su nombre, va a anotarlo porque en el camino aprendió a leer y escribir. Se percata de que no sólo está en el lugar del otro sino de que es el otro, vuelve a la lucha.

La imagen es formidable, se complejiza porque Kazan filmó esa edificante parábola y fue buchón del macartismo.

La historia es enmarañada, quiere decir el cronista, pero los protagonistas siempre eligen. Pedraza (haya dado o no la orden) quiso ser el responsable político del asesinato del joven militante popular Mariano Ferreyra. El creó el contexto y eligió a la cadena de subordinados que produjeron el homicidio. Queda por dilucidarse su responsabilidad penal, más estricta y supeditada a la producción de prueba que supere la presunción de inocencia. Es forzoso investigar si condujo, desde el vamos, un plan criminal. O si, ajeno a la urdimbre previa del crimen, obró para encubrirlo.

De eso se está ocupando, con infrecuente calidad, la jueza Wilma López.

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En proceso: El asesinato de Ferreyra trae a la mente otros asesinatos relativamente cercanos, de enorme impacto político. Los de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, sin duda. También el de José Luis Cabezas. Como en éste, la instrucción de un hecho histórico envuelto en la trama de un expediente recayó en un juzgado común. El juez José Luis Macchi, de Dolores, jamás estuvo a la altura del desafío, de la causa más relevante de su carrera. El expediente desvarió. Si fue, parcialmente, encarrilado fue por el contexto de movilización social, gremial, política y por el peso de su repercusión mediática.

Fotógrafos y periodistas se manifestaron durante meses para evitar la impunidad y develar las responsabilidades mediatas en el crimen. Ahora, peor que en una parodia, la reacción sindical fue una huelga en defensa de un sospechoso de un asesinato. Una malversación de las luchas de los trabajadores para cubrir a quien no lo merece. Ni lo necesita, en sentido estricto, porque tiene recursos para subvenir a una defensa competente y está siendo juzgado por una magistrada con apego a sus deberes.

Wilma López se desempeña con profesionalismo, tenacidad y buen criterio legal. Nada definitivo puede decirse sobre nadie, después de escribir el primer párrafo de esta nota. Asumiéndolo, cabe consignar que la jueza cumple su cometido de modo ejemplar.

Las presiones que recibe son tremendas, tan grandes como su responsabilidad. El asesinato de Ferreyra debe trascender el acotado marco del expediente, pero éste es un paso en la elaboración política de lo sucedido.

Su Señoría tiene diez días para decidir si procesa a Pedraza, contados desde el día de la indagatoria. Con el acusado entre rejas, el plazo es improrrogable. Todo apunta a que resolverá procesarlo, requisito indispensable para que una sentencia dilucide si hubo culpa de Pedraza. Ni un procesamiento es una condena ni ésta se equipara a una sentencia. Pero el devenir de la Justicia de los hombres exige transcurrir ese camino. Con las pruebas ya acumuladas, Pedraza debe tener su día ante el tribunal, ahí se verá si le cabe la condena penal.

Pedraza intentó replicar el (de por sí patético) 17 de Octubre de Gerónimo Venegas. Le salió mal, quedó mucho más solo. En este caso, ni el peronismo federal, ni la CGT, ni los medios dominantes lo acompañaron. La lamentable compañía que entornó al Momo desamparó al líder de la Unión Ferroviaria, quien se bastó igual para meterle presión a López.

Cualquiera puede decir que todos los expedientes son idénticos: hay víctimas, familias que claman por justicia, sospechosos a los que se les debe toda la tutela legal. Pero sería mendaz, hasta anacrónico, negar el peso específico de causas como la que analizamos. La implicancia política, el peso de la opinión pública son subestimados (u ocultados) desde el purismo de los tratados de derecho. En sociedades contemporáneas son un dato innegable.

Si procesa, la jueza tendrá otro intríngulis, que tampoco encuentra respuesta sencilla en la teoría jurídica: mantener o no preso al reo durante el proceso. Una de las causales para hacerlo es la posibilidad cierta de interferir en la causa. Pedraza pudo, desde la cárcel, provocar una reacción enorme, destinada a condicionar a la jueza. Ese dato, quieras que no, forma parte del expediente.

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El federal pide tiempo: En cualquier juzgado penal, hay dos tipos de expedientes: los que “tienen presos” y los que no. Todo es más perentorio, aun con magistrados y fiscales “mano dura”, cuando existen detenidos. Al liberar a Venegas, el juez federal Norberto Oyarbide se alivió de un factor de presión. Vaya a saberse si lo hizo porque lo amedrentó la reacción político-corporativa o por una de sus zigzagueantes astucias. Lo que es seguro es que, como cantaba la inmortal María Elena Walsh, al tiempo le pidió tiempo. Y el tiempo no se lo negó, jamás. La nueva audiencia para ampliar la indagatoria del secretario general de la Uatre difiere la situación hasta mediados de marzo. Después Oyarbide tendrá, otra vez, diez días para resolver si procesa. Eso sí, no podrá eternizar la espera y el acercamiento a la fecha de las elecciones (si tal portento fuera posible) calentará el ambiente.

Oyarbide es un juez deplorable, lo que no quita que también lo sea el modo en que se lo aprieta, en defensa de Venegas. El diario La Nación sumó ayer un editorial a la ofensiva. Las compañías que tiene la CGT en este sucedido deberían inducir a la introspección a quienes redactaron un infausto comunicado bancando al líder de los trabajadores “del campo”.

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Judicializar, politizar: El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pronunció un sugestivo discurso. En uno de sus tramos exhortó a “no judicializar la política”. Transmitió una preocupación recurrente de la Corte que es un problema de época, en casi todas las latitudes. Los dirigentes y, bastante a menudo, los ciudadanos comunes acuden a los tribunales para conseguir lo que se les niega en las urnas. La praxis es recurrente, disfuncional para el sistema.

Los casos que mencionamos, vale subrayar, no encuadran en esa crítica, aunque sí algunas maniobras para apretar a los jueces. La mafia de los medicamentos o el homicidio de Ferreyra son asuntos centrales del sistema democrático. El escándalo del delito, que debe ser elaborado en los tribunales, es la punta de un iceberg que debe suscitar soluciones y cambios políticos o aun sistémicos.

Esta crónica que recorre los pasillos del Foro, entre tantos, estaría incompleta si no consignara otra imagen tremenda de la semana que hoy se cierra. Es la del ex camarista de Casación Alfredo Bisordi defendiendo con argumentos políticos paleozoicos a Luis Abelardo Patti, acusado por crímenes de lesa humanidad. Bisordi estuvo a sus anchas calcando, sin mayor imaginación ni garbo, la parla de los genocidas más perversos. Ese hombre estuvo en Casación hasta hace poquito y militó en el perverso arte de frenar los expedientes sentándose sobre ellos. El Poder Judicial tiene magistrados aplicados como López, abusadores del poder como Oyarbide, ideólogos de derecha como Bisordi. Será un poco arbitrario (y, quizá, deprimente) desbrozar quiénes son los que predominan. Un detalle crudo es que Bisordi llegó a un rango más alto que sus dos colegas y que hizo falta el cambio de paradigma que forzaron los gobiernos kirchneristas para que cesara en su magisterio.

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