Las escuchas realizadas en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra siguen dando sorpresas. Algunas de las conversaciones telefónicas registradas por orden del juzgado de Wilma López abonarían la teoría de que el comportamiento del perito Roberto Jorge Locles, denunciado por haber dañado el proyectil que mató al militante del Partido Obrero (PO), pudo haber sido premeditada. Locles era el perito de parte que representaba los intereses de la mayoría de los integrantes de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) detenidos por el crimen, pero fue apartado la semana pasada por la jueza después de haber golpeado la bala en medio de una junta de expertos convocada en la causa. Ahora es investigado penalmente, bajo la imputación de destrucción o sustracción de pruebas.

Los diálogos detectados por los investigadores en las escuchas mostrarían la planificación de una estrategia para embarrar la pesquisa sobre el crimen, lo que incluiría el aporte de Locles, según revelaron a Página/12 allegados al caso. El material será incorporado en una nueva causa que quedó a cargo del juez Alberto Baños, en la que se analiza la conducta del perito, pero que podría expandirse a otras personas ligadas a los detenidos y a la misma UF. Baños ya citó para que se presenten como testigos, a partir de hoy, a los ocho peritos de la Policía Federal, de la Gendarmería y una de las querellas que vieron a Locles en acción.

El episodio del perito fue señalado por López y por el fiscal Fernando Fiszer al denegarles la excarcelación al titular de la UF, José Pedraza; a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y al delegado Claudio Alcorcel. Lo consideraron parte de los intentos motorizados desde el sindicato por obstaculizar la investigación. Bajo la misma óptica, la fiscal Felisa Krasucki, al impulsar la acción penal contra Locles, definió la imputación como posible destrucción o sustracción de medios de prueba, un delito que prevé penas de seis meses a tres años de prisión, pero que se agrava cuando el sospechoso es funcionario público y el “hecho precedente” (el homicidio) no es excarcelable. El juez Baños, además, pidió copias de otros juicios donde Locles –un capitán retirado a menudo perito de policías acusados por casos de gatillo fácil– fue cuestionado.

La bala que le quitó la vida a Mariano Ferreyra, de un arma calibre 38, es una prueba fundamental del crimen –aunque no la única– y era objeto de controversias, debido a que al ser extraída se vio que tenía una abolladura. La pericia de Gendarmería decía que antes de impactar en el abdomen del chico había rebotado en el suelo; la de la Policía Federal decía que el disparo fue directo. Las defensas quieren sacar provecho de la polémica para alegar que no hubo intención de matar. La de Guillermo Uño, uno de los presos, nombró a Locles para que argumentara en esa línea. La junta de peritos había sido convocada por la jueza para que intentara unificar criterios. Según reconstruyó este diario, Locles se habría mostrado nervioso cuando sus colegas se encaminaban a un informe común que contemplara las dos hipótesis. La bala, razonaban, bien podría haber rozado o tocado un hueso y abollarse. Locles sacó sus elementos, tomó el proyectil y lo golpeó en una supuesta demostración, mientras el resto intentaba detenerlo. Según el acta labrada, ese “manipuleo” le generó “leves aplastamientos”. Es improbable que lo sucedido modifique el rumbo de la causa, ya que hay muchas evidencias y otras tres personas sufrieron heridas de bala, una de ellas –Elsa Rodríguez– en la cabeza. A Locles lo reemplazaría alguien de su mismo equipo y los abogados de los presuntos tiradores –los barrabravas Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez–, más los de Pedraza y los delegados, intentarán complicar el panorama con un pedido de reconstrucción de los hechos.

Según ya señaló la jueza López, éste no sería el primer intento desde la defensa de Uño por obstaculizar la causa, según surgiría de las escuchas: su ex abogado, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, es investigado en la trama de un supuesto intento de soborno a un juez de la Cámara de Casación para que liberara a los detenidos.