El camino hacia un acuerdo para sesionar en Diputados está plagado de buenas intenciones, pero las diferencias en las agendas legislativas del oficialismo y la oposición podrían volver a trabar el funcionamiento de la Cámara baja. El kirchnerismo quiere reanudar la actividad llevando al recinto varios proyectos que quedaron frenados el año pasado en medio de la disputa por el Presupuesto y avanzar con las iniciativas que la presidenta Cristina Fernández le reclamó al Parlamento. Aunque con propuestas más dispersas, el conglomerado opositor tampoco quiere postergar sus propias iniciativas, mientras que la UCR y el PJ disidente insistirán con la sanción de un Presupuesto opositor.

“Los contactos fueron informales”, afirman quienes desde el oficialismo y la oposición intercambiaron opiniones sobre cómo poner en marcha la Cámara. Los principios de acuerdos sólo alcanzaron hasta ahora a la idea de sesionar “al menos una vez al mes”, en medio de un disperso calendario electoral con comicios adelantados en nueve provincias, y la intención de lograrlo a partir del 16 de marzo, en la única semana del mes sin feriados ni elecciones (el 13 en Catamarca y el 20 en Chubut). Pero las diferencias en las agendas legislativas de uno y otro bando se convirtieron en el primer escollo.

La primera propuesta del oficialismo fue llevar el 16 al recinto el mismo orden del día que se elaboró para la última sesión del año pasado, con proyectos que tenían el acuerdo mayoritario de los bloques políticos de la Cámara, pero que se frustró por la disputa en torno del Presupuesto. Allí figuraban varias iniciativas del bloque K, como el régimen para trabajadores de casas particulares, la digitalización del sistema judicial, sistema educativo para el Servicio Penitenciario, y varios convenios bilaterales con distintos países, entre ellos Israel.

En tanto, mientras esperan el ingreso de los proyectos sobre adopción y contra la extranjerización de tierras, los diputados K buscarán destrabar en las comisiones iniciativas como la Ley Penal Tributaria, Ley de lavado para evitar sanciones del GAFI, la ley de enfermería y del peón rural.

Algunos diputados opositores no plantearon objeciones a la intención de poner en marcha la Cámara con el mismo plan de labor de la frustrada sesión de noviembre de 2010. Pero advirtieron a Página/12 que “los contactos no fueron orgánicos” y que por lo tanto las decisiones deberían ser “ratificadas” por sus respectivos bloques, en los que no hay unanimidad.

A la UCR no le cayó nada bien el “reproche” presidencial sobre la escasa producción legislativa ni mucho menos la mención a que la habían dejado sin presupuesto para este año. La primera reacción de los diputados radicales fue volver a la carga para reabrir el debate por el Presupuesto. “Como decidió el cuerpo, el proyecto volvió a la comisión legislativa para buscar consenso. Queremos que el país tenga Presupuesto, y no sería el primer gobierno que lo obtenga fuera de los términos normales establecidos”, sentenció el jefe del bloque, Ricardo Gil Lavedra, a Página/12. Aunque aseguró que “no lo vamos a aprobar a libro cerrado”.

Convencidos de ratificar su propia identidad en el trabajo parlamentario en medio de la campaña electoral, el radicalismo decidió trabajar por sus propias iniciativas. El otro proyecto al que apostarán todas sus fuerzas será la convocatoria por ley de un plebiscito vinculante para establecer el 82 por ciento del salario mínimo a jubilaciones y pensiones.

El Peronismo Federal rápidamente se plegó a la propuesta de la UCR de volver a la carga por la sanción de un Presupuesto opositor. Con la vista puesta también en la disputa presidencial, el PJ disidente también insistirá sobre “la emergencia de seguridad” y en regular la publicidad oficial, donde el sector de Francisco de Narváez redobló la apuesta: el diputado Gustavo Ferrari presentó un proyecto para prohibir la publicidad oficial durante la campaña electoral.

En Proyecto Sur están dispuestos a acompañar el debate de las propuestas presidenciales sobre ley penal tributaria, extranjerización de la tierra y adopción. Pero también propondrán que cada sesión incluya algunos de sus proyectos propios, como la creación de una comisión bicameral investigadora de la deuda externa, la reforma del Indec y la creación de una petrolera estatal para la explotación de áreas marítimas. Muchas de ellas apoyadas por el socialismo y el GEN.

La Coalición Cívica está dispuesta a acompañar varias de esas propuestas opositoras a las que agregarán las propias, como la ley anticorrupción para la función pública y contra el narcotráfico. El macrismo, como lo había hecho hasta ahora, se plegará a las iniciativas que condicionen al gobierno nacional pero que no se transformen en un boomerang para su gestión en la Ciudad.