Por Marcelo Vensentini*

Mauricio Macri, el empresario ayer nomás menemista, hoy autonominado candidato, nos promete mejorar la Ciudad... con más negocios del tipo de los que hizo en (para él) buenos viejos tiempos. En su momento y para que no haya dudas de lo que piensa, amenazó con encarcelar a los cartoneros. Ahora, arrepentido de aquel sinceramiento atroz, propone que se los contrate. Pregunta: ¿que los contrate quién? Conociendo al personaje, todo indica que serían las empresas recolectoras, he ahí un negocio a dos puntas: se quedarían con los residuos que son dinero contante (de eso viven centenares de miles de personas) y aumentarían el tonelaje recogido, ya que no habría cartoneros que se lleven una porción.
Pero Macri tiene un ojo en los negocios y otro en una ideología autoritaria. Así, se enoja con los nuevos actores sociales que emergieron con el estallido de la crisis, y si antes amenazó con la cárcel a los cartoneros, ahora pone la mira en piqueteros y vendedores ambulantes, a los que, maliciosamente, pone al lado de los que sí delinquen, como los integrantes de organizaciones mafiosas que desde hace tiempo se dedican a usurpar viviendas. Como en la propuesta de Menem, que quiere la cárcel para “los del palo y la capucha”, en el discurso de Macri está flagrante la penalización de la pobreza.
El actual gobierno de la Ciudad tiene otra filosofía y otra concepción de la gestión del Estado. En primer lugar, entiende que los pobres son víctimas y no victimarios, y que la extremadamente difícil situación social pone a prueba las normas de convivencia, ya que el estallido de la pobreza engendra prácticas sociales. La crisis exige apelar a nuestras reservas de solidaridad, de parte del Estado y del resto de la sociedad.
Por eso el Estado porteño no condena a los pobres ni privilegia a los ricos, sino que pone en primer plano la contención social, pese al marco de penuria extrema que atravesamos todos los argentinos. La Ciudad no pone alambradas de púas en la General Paz y, por el contrario, brinda comida, techo, escuela y hospital porque se trata de derechos sociales básicos e irrenunciables que constituyen el primer deber del Estado. Es la vida misma la que está en juego, y por lo tanto no puede ser una concesión que se les hace a los pobres.
Lo contrario es la continuidad, con el ropaje que se le quiera dar, de la impiedad social, de la inequidad llevada al extremo que hoy describen las cifras del INDEC. Ya sabemos de todo eso. Macri también, pero él y los suyos quieren venir por más.
(*) Presidente del bloque Frente Grande (Legislatura porteña).