A principios de enero, la Justicia española incautó 944 kilos de cocaína en el avión de los Juliá.

El juez en lo Penal Económico Alejandro Catania le pidió ayer a la Cancillería que intervenga ante las autoridades españolas para que el juzgado de Barcelona que instruye el caso de los 944 kilos de cocaína responda a las requisitorias enviadas desde Buenos Aires en enero y en febrero. El magistrado argentino y su secretario, Martín Castellano, firmaron un texto que denota enojo porque desde Cataluña no responden a las preguntas clave: ¿dónde estaba escondida la droga en el avión?, ¿en qué aeropuerto se cargó la cocaína?, ¿qué declararon los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y el copiloto Matías Miret? Además, desde el juzgado se pidieron los resultados de escuchas y cruces telefónicos que puedan servir para el expediente que se tramita aquí.

Hasta el momento, no se recibió ninguna comunicación oficial del juzgado catalán. Es más, según trascendió en Barcelona, el juez no sólo completó las respuestas a las preguntas formulados por su par argentino, sino que también pidió información sobre los vuelos anteriores de los Juliá y Miret, en particular uno realizado a Santa Cruz de la Sierra en junio y otros dos concretados solo por los hermanos Juliá a aeropuertos españoles. Esos viajes se hicieron con un avión que los hijos del brigadier José Juliá, ex jefe de la Fuerza Aérea, utilizaban antes de lograr el leasing del Bombardier Challenger, un aparato de una envergadura muy superior.

El texto firmado ayer por Catania y Castellano solicita “que en el término de 24 horas Cancillería requiera a las autoridades españolas correspondientes explicaciones suficientes para informar al tribunal de manera precisa y circunstanciada los motivos por los cuales a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del juzgado de primera instancia e instrucción Número 2 de Barcelona respecto de las rogatorias internacionales cursadas con fechas 10 de enero y 7 de febrero”. Como se ve, el párrafo denota fastidio porque la información no llega a la Argentina.

En la investigación realizada por el juez Catania se reunieron indicios bastante consistentes de que la droga se cargó en la Base Aérea de Morón. Varios testigos, en especial los que transitaban por la escuela de vuelo Flight Center, afirmaron haber visto a los Juliá realizando supuestos trabajos en el tapizado de la aeronave y colocando sus lujosos vehículos de culata ante el aparato. Aunque Catania no imputó a nadie, parece que quedó claro que hubo gruesas fallas de seguridad en la base. Por un lado, no había un control de los vehículos que entraban, es decir que no se revisaban los interiores ni los baúles de los coches. En segundo lugar, la base no cuenta con cámaras de seguridad. Y, para colmo, no se llevaba ningún registro de los ingresos al aeródromo por la puerta que custodiaba una empresa de seguridad contratada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Hasta ahora, el juez no determinó si hubo delito –incumplimiento de los deberes de funcionario público– o no por esas fallas en los controles, pero también podrían determinarse complicidades –si las hubo– con la operación de narcotráfico descubierta en el aeropuerto barcelonés de El Prat.

El juez y el secretario también estudiaron el cuadro de situación en Ezeiza, el otro punto en el que debió detectarse el cargamento. Los funcionarios de la Aduana declararon en las últimas dos semanas y sostuvieron que existía un protocolo por el que solo se revisaban las aeronaves particulares que, en virtud de determinados parámetros, despertaban sospechas. No fue el caso del Bombardier, entre otras cosas porque los Juliá y Miret declararon que no llevaban ninguna carga. Y por eso no se revisó. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ya diagnosticó públicamente que hubo fallas en el control y por ello ordenó la redacción de un nuevo protocolo que deberá ser cumplido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los demás organismos que trabajan en los aeropuertos. Según trascendió, la base de esa nueva forma de actuar será la revisación de todos los vuelos privados.

El otro curso de la investigación tiene que ver con la asombrosa operación de leasing del Bombardier en Estados Unidos, que también debió ser percibida por los controles antinarcos. Se constituyeron sociedades de dudosa consistencia y hubo movimientos más que llamativos de dinero. Catania libró exhortos a Estados Unidos y Uruguay sobre sociedades fantasmas y cuentas bancarias a través de las cuales se movieron los fondos, por ejemplo, para pagar los 250.000 dólares que costó el alquiler trimestral del aparato y los 400.000 dólares de garantía. Por de pronto, se creó una sociedad en Estados Unidos conformada por uno de los Juliá, su esposa y Carlos Luaces, que llegó desde Fort Lauderdale en el vuelo inaugural del Bombardier a la Argentina. Por ahora, Uruguay no respondió al exhorto de Catania y Estados Unidos está colaborando con la investigación a través de informes y reteniendo el dinero que se movió en las cuentas norteamericanas.