La comisión de Juicio Político, presidida por el justicialista santacruceño Sergio Acevedo, formalizará hoy la apertura del proceso contra la totalidad de Corte Suprema de Justicia por mal desempeño en sus funciones. Los diputados declararán la admisibilidad del juicio político, de eso no hay dudas, lo que tratarán de definir cuando se reúnan es la estrategia a desarrollar para que el trámite sea lo más rápido posible sin lesionar el legítimo derecho a defensa de los jueces imputados.
De esta manera, la comisión volverá a funcionar después de un letargo que duró 10 años de menemismo y los últimos dos años que estuvo a manos del radicalismo. Hoy a las once, se reunirán en el tercer piso del edificio anexo a la Cámara de Diputados.
La instrucción. La intención de los integrantes de la comisión es evitar “las chicanas” legales que pueden utilizar los jueces de la Corte para dilatar el proceso. Además, para apurar los tiempos es intención de Acevedo de poner a la comisión en sesión permanente. Para ello solicitará que los integrantes del cuerpo deleguen en las autoridades de la comisión la instrucción de sumario que quedaría a cargo de Acevedo, Nilda Garré (Frepaso dialoguista) y Angel Geijo (UCR). “Vamos a respetar los tiempos y la defensa de los acusados, pero no permitiremos prórrogas ni nada que alargue el proceso”, se lo escuchó decir al santacruceño.
Las causas. Hasta el momento son 40 los pedidos de juicio político contra los nueve miembros de la Corte. La mayoría de ellos están referidos a expedientes judiciales donde intervinieron los magistrados. Esto generó un debate entre los legisladores sobre cuál o cuáles de estas causas son las más convenientes para enjuiciar a los magistrados. El ARI, por caso, sostiene que la causa por el atentado a la Embajada de Israel es paradigmático. Los justicialistas, en cambio, no coinciden con esta visión y sostienen que hay que apoyarse en lo que denominan “el principio de oportunidad”. Es decir, valerse de las pruebas de algunas de las causas que justifiquen la acusación de mal desempeño. “La decisión es enjuiciar a los nueve miembros de la Corte. Por eso, antes que entramparnos en análisis de pruebas y pericias de tal o cual causa judicial, lo que hay que hacer es apurar el trámite a partir del tratamiento de aquellas causas que se bastan así mismo para elevar la acusación. Esto es, la venta ilegal de armas y el corralito”, señaló uno de la mesa directiva de la comisión.
El Senado. Si bien los diputados del PJ aseguran que lo único que les importa es poder redactar una acusación “impecable” como para contentar al Gobierno, tampoco le quitan la mirada a lo que pueda suceder en el Senado. La Cámara alta es un espacio complicado. El duhaldismo deberá negociar prácticamente con cada uno de los senadores para poder desactivar la acción menemista. Hay un dato que juega a favor de las intenciones del Eduardo Duhalde, y es que el juicio en el Senado tendrá un fuerte seguimiento de los medios de comunicación: “¿Quién se atreverá a defender a la Corte delante de cientos de cámaras de televisión?”, señaló una senadora de la oposición. Más allá de este dato, no menor, algunos senadores del PJ consideran que Duhalde, además de la ayuda de los medios, “deberá tomar la decisión política de no escuchar a algunos de sus amigos que le piden por la continuidad de algunos de los jueces. Si lo hace, perderá un poco más del escaso oxígeno que tiene su gobierno”.
Corralito a la escapatoria. La posibilidad de que algunos o todos los miembros del alto tribunal eviten el juicio y una segura destitución presentando su renuncia, es sensiblemente alta. Es por ello que los diputados del ARI, Frente Grande y el Polo Social, nucleados desde hace una semana en el Interbloque, presentaron ayer dos proyectos para evitar la probable huida. Los legisladores Marcela Rodríguez (ARI) y Atilio Tazzioli (FG) solicitaron al Presidente que rechace la renuncia si algún juez la presenta. Además, en otro proyecto, proponen poder continuar la investigación aunque se produzca el abandono del cargo. “Queremos evitar que suceda lo que ocurrió en el caso de Carlos Liporaci y Adolfo Bagnasco” quienes con su dimisión evadieron el juicio político, aseguró Rodríguez.