El Senado aprobó una ley que prohíbe sacar petróleo de la plataforma continental de la Argentina si no se cuenta con autorización de la Secretaría de Energía. La Cámara alta respaldó por unanimidad de 40 legisladores, 3 por encima del quórum, la propuesta ya aprobada por Diputados, que habilita al Poder Ejecutivo a controlar a las empresas que se desempeñen en la búsqueda y explotación de hidrocarburos en dicha área marítima.

La media sanción sobre explotación y exploración de hidrocarburos en el espacio continental apunta a presionar al Reino Unido a negociar la actividad en las Islas Malvinas. La norma aplica sanciones a las empresas que realicen estas acciones sin aprobación de la autoridad de aplicación designada por el Estado argentino.

La norma contempla la inhabilitación de cinco a veinte años a las personas o instituciones que violen los tres artículos de la norma y deberá entrar en vigencia a los 90 días de publicada la legislación. El artículo primero señala que se prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin haber obtenido habilitación de la autoridad competente. La prohibición comprende también a las personas jurídicas nacionales o extranjeras que tengan participación directa o indirecta en estas actividades. La prohibición se extiende a contratar, tener actividades comerciales, económicas y financieras con personas físicas que no cumplan con la autorización de autoridad nacional.

En la sesión de ayer, el tema fue presentado por la senadora por Salta Sonia Escudero (PJ disidente) y fue defendido por el fueguino José Martínez, el peronista disidente de La Pampa Carlos Verna, el neuquino Horacio Lores y los titulares de bloques Gerardo Morales (UCR) y Miguel Pichetto (FpV).

El proyecto surgió desde el bloque de Proyecto Sur en Diputados, que encabeza Fernando Solanas. “Con la fuerza de esta ley, la Argentina impedirá que empresas radicadas en el país apoyen la explotación ilegal de hidrocarburos que Gran Bretaña realiza en nuestras Islas Malvinas”, confió el diputado.

Además de lo ya señalado, el proyecto indica que “ninguna autoridad nacional, provincial o municipal podrá celebrar contratos con sociedades que, directa o indirectamente realicen actividades petroleras en la Plataforma Continental Argentina sin previa autorización del gobierno argentino para operar, ni con sus accionistas”. Se advierte además que “el gobierno argentino publicará un listado de aquellas sociedades argentinas y extranjeras que realicen actividades petroleras en las Islas sin previa autorización”.