No hubo casi fundamentos para defender el proyecto. Como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado Héctor Recalde optó por aceptar la incorporación de algunas observaciones que hicieron desde distintos bloques a la iniciativa que el Ejecutivo envió al Parlamento el año pasado y que se enriqueció durante el debate en las comisiones legislativas. Ya no había dudas sobre el consenso alcanzado ni lugar para más palabras: la Cámara de Diputados dio por unanimidad media sanción al nuevo régimen laboral para empleados de casas particulares, cuya aprobación la Presidenta le reclamó al Congreso en la inauguración del período parlamentario. Desde las bandejas explotaron los aplausos de decenas de mujeres identificadas con pecheras de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Las empleadas domésticas festejaban el reemplazo del régimen laboral impuesto durante la Revolución Libertadora y la equiparación de derechos laborales que alcanzaría a un millón de trabajadores.

“Esta ley nos permite salir de un régimen semifeudal implementado por la dictadura de 1956 y entrar en un sistema de igualdad e inclusión social”, concluyó Recalde tras la votación. “Esta es la trascendencia del proyecto de Cristina”, agregó el también abogado cegetista fuera del recinto. Aunque todavía la iniciativa deberá ser ratificada por el Senado para convertirse en ley, nadie apuesta a que la Cámara alta cuestione el consenso alcanzado en Diputados ni que el proyecto sea desplazado de las prioridades de la agenda de los senadores.

De convertirse en ley, las empleadas domésticas pasarán a estar comprendidas dentro de la ley de trabajo que rige para el resto de los trabajadores en el país y su salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado mediante Convenio Colectivo de Trabajo. El artículo 14 del proyecto establece que una vez que la ley entre en vigencia, el Ministerio de Trabajo tendrá 90 días “para constituir la comisión negociadora del convenio colectivo del sector”.

También la equiparación de derechos con el resto de trabajadores en actividad. La jornada de trabajo de las empleadas domésticas y trabajadores de casas particulares no podrá exceder las ocho horas diarias y 48 horas semanales. Además, accederán a la licencia por maternidad de 90 días, además de licencias por enfermedad, cuidado de familiar enfermo y por estudio. La iniciativa también modifica el pago de indemnización por despido y el pago de aguinaldo (ver aparte).

Aún existen dudas sobre la cantidad de trabajadores que se beneficiarán con la nueva ley. Las cifras van de 800 mil hasta 1,2 y 1,4 millón, aunque en realidad dependerá del blanqueo que produzca la nueva normativa. De todas maneras ya fuera del Palacio Legislativo una improvisada banda de vientos acompañaba el festejo de las militantes de UPAC.

Otros proyectos

Fue una sesión atípica para los niveles de confrontación que se manifestaron el año pasado en la Cámara baja. Aunque el temario había sido cuidadosamente elaborado con proyectos sin mayores disidencias ni observaciones, también era un desafío para los propios legisladores.

Por unanimidad los diputados también dieron media sanción a un proyecto que establece condiciones de igualdad de acceso a la educación pública para las personas privadas de libertad. La kirchnerista Adriana Puiggrós y el radical Ricardo Gil Lavedra compartieron los fundamentos a favor de la iniciativa, que fue promovida por los internos de la Unidad 2 de la cárcel de Villa Devoto y por la ex fiscal y actual secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño. Fue respaldada por todo el arco político.

Lo mismo sucedió con la sesión del Estado nacional a la provincia de Buenos Aires de las propiedades ubicadas en la estación ferroviaria de Mar del Plata, cuyo servicio desde Constitución explota actualmente la provincia. Así como la ley que promueve la investigación y producción estatal de medicamentos, a la que se oponen las cámaras empresarias del sector que ya hicieron sentir su lobby.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) enviaron una carta conjunta a diputados y senadores donde se oponen al proyecto con el argumento que el Estado debe cumplir un rol orientador mientras que la producción debe ser privada.

Tampoco faltaron críticas a algunos de los proyectos tratados. El acuerdo comercial entre el Mercosur e Israel fue cuestionado por los legisladores de Proyecto Sur por su carácter “de libre comercio” que favorecería a las industrias estadounidenses radicadas en territorio israelí. El convenio, que ya fue ratificado por el resto de los países del mercado común, también tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados. Algo parecido sucedió con la autorización anual para la salida de tropas argentinas al exterior y de entrada de tropas extranjeras a nuestro territorio para participar de operativos militares conjuntos, que también fue aprobada. Resta saber si el clima de la sesión de ayer en Diputados podrá repetirse en un año cruzado por la disputa presidencial de octubre.