La decisión de Nilda Garré duró un instante, pero la maduración llevó un par de meses cargados de antecedentes. Ayer, la ministra de Seguridad ordenó el desplazamiento y pase a disponibilidad del comisario Hugo Lompizano, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal. En lenguaje coloquial, Lompizano era el jefe de todas las comisarías porteñas, lo que abre el paso a movimientos (por otra parte ya anunciados) en las cabezas de las seccionales. ¿Qué motivó semejante cambio que tendrá sus repercusiones? En octubre, durante el asesinato de Mariano Ferreyra, Lompizano estaba en la Dirección de Operaciones de la Federal. En su área se controló el video policial al que le faltaron nueve minutos de exposición, precisamente los minutos cruciales en los que se retiran los patrulleros federales y Ferreyra fue baleado. También su celular aparece mezclado en los entrecruzamientos de llamadas realizadas aquel día. El violento desalojo del Indoamericano también lo tiene, no como procesado, pero sí juntando lupas. Finalmente, Lompizano tambaleó públicamente cuando a principios de marzo, en allanamientos a unos 50 locales bailables y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores, se utilizaron 400 gendarmes, 200 hombres de Prefectura y ni un uniformado de la Federal: para señal de desconfianza sólo faltaba el desplazamiento. Ayer tuvo lugar.

El 20 de octubre, cuando la patota de la Unión Ferroviaria disparó sobre los tercerizados de la ex Roca dando muerte al militante del PO Mariano Ferreyra, e hiriendo a otros, los patrulleros de la comisaría 30ª y de otros destinos que se encontraban en el lugar, recibieron la orden de no intervenir. La sospecha del fiscal Fernando Fiszer que investiga el homicidio del joven militante apunta a que los federales no sólo tomaron una actitud pasiva ante el despliegue armado de los matones de la UF. También los acusa de haber “facilitado los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho. Permitieron que los autores huyan”, sostuvo el fiscal en el pedido de indagatoria a cinco federales. Agregó que ayudaron a que se ocultaran, perdieran o no se levantaran pruebas.

Los cinco con pedido de indagatoria fueron Luis Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Federal; Jorge Ferreyra, jefe de la División Roca; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la 30ª, y David Villalba, agente de División Exteriores de Video. Lompizano no figura en el pedido de indagatorias, pero sí en la lupa judicial: su número telefónico apareció en el entrecruzamiento de llamadas solicitado en aquel momento por la fiscal que inició la investigación, nada menos que Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad.

Pero la sombra que le aportó el caso Ferreyra a Lompizano no termina allí. Lompizano estaba a la cabeza de la crítica Dirección General de Operaciones, donde se analizan en tiempo real los videos que la propia Federal toma de las marchas y operativos de represión. Esto se realiza en una sala de esa dirección, donde se despliegan las pantallas para seguir las imágenes, en tiempo real. Esas imágenes provienen de cámaras propias de la Federal, de hecho, uno de los pedidos de indagatoria es sobre un integrante de la División de Exteriores de Video. Durante el enfrentamiento de la patota de la UF, se realizó una de estas filmaciones que fueron observadas en tiempo real. Fiszer acusó a los federales de “evitar la obtención de imágenes directas de la zona de la gresca y cortar todo registro fílmico al momento de los disparos”. Precisamente entre las 13.33 y 13.39 simplemente no hay imágenes, la videograbadora estuvo apagada. Las imágenes de los enfrentamientos fueron provistas por la televisión. En ese período se produjeron los disparos. También, los acusó de haber utilizado medios de comunicación que no permiten el registro de contenidos (teléfonos POC, que impiden guardar conversaciones) pese a que es obligatorio dejar registrada toda comunicación. Para colmo, los audios registrados de las comunicaciones policiales, que constan en el expediente y a los que tuvo acceso Página/12, abarcan desde las 13.08 hasta las 14. Pero la grabación aportada por la Federal tiene una duración de apenas 13 minutos.

La muerte de Mariano Ferreyra marcó desde el inicio el futuro de Lompizano. Pero se fueron agregando cuestiones críticas al andar camino. En la gestión de Garré, la ocupación del Indoamericano y la violenta reacción de los federales fue la causa originaria, a partir de la cual la presidenta Cristina Fernández tomó la decisión de elevar la importancia de la política de Seguridad conformando un ministerio específico y designándola a ella a la cabeza. Las fuerzas de seguridad a excepción de la penitenciaria, fueron quitadas de la esfera de Justicia y pasadas al nuevo ministerio. Entre ellas, la Federal. Para la ocasión, Lompizano estaba a la cabeza de la Dirección de Operaciones. Y aunque la Justicia no lo investigó por lo actuado, Garré no le sacó la lupa de encima por la desastrosa participación de los uniformados.

Tanto el caso del joven militante del PO como el del Indoamericano fueron jalones de Lompizano confirmados a este diario desde los pasillos del Ministerio de Seguridad. “Pero además hablaba mal de la gestión, tiraba piedras en el camino, pateaba en contra todo el tiempo”, describió un funcionario en alguno de los pasillos del edificio sobre la calle Gelly y Obes.

Al asumir, Garré designó a Lompizano entre los nuevos superintendentes que puso en funciones después de cambiar la cabeza de la Federal, a cargo ahora de Enrique Capdevila. Pero también anunció que realizaría cambios en las comisarías. En pocas palabras, haría cirugía en las comisarías que dependían del comisario sospechado. La indefinición no podría extenderse en el tiempo a riesgo de que se transformara en una señal de endeblez hacia dentro y hacia fuera.

El 3 de marzo pasado, la jueza María Servini de Cubría ordenó una serie de allanamientos en medio centenar de boliches y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores. Garré le entregó 400 gendarmes y 200 prefectos. No fueron utilizados los federales. Los operativos apuntaban a la trata. “No se encontró droga ni armas ni menores –confió un investigador–. pero en un local se encontraron sobres de papel madera en los que había documentos de mujeres.” Los investigadores creen que las tenían cautivas, indicio fuerte de trata. También encontraron cuadernos con detalles de pagos a policías. Las comisarías de la zona no pudieron despegarse la sospecha de protección. La ausencia de federales en los allanamientos podría tomarse como parte de un protocolo de nitidez lógico. También podría tomarse como sospechas. Dos semanas después, Lompizano era pasado a disponibilidad, es decir, es además investigado por Asuntos Internos.

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