El informe presentado por los representantes nacionales, provinciales y porteños sobre lo actuado en la cuenca Matanza-Riachuelo no convenció a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que no disimularon su disconformidad durante la audiencia pública realizada ayer para interiorizarse sobre los avances en el saneamiento en ese río. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay siguieron atentamente cada una de las intervenciones y consultaron a las autoridades en reiteradas ocasiones sobre el estado actual de los trabajos en materia de relocalización de los asentamientos cercanos al Riachuelo, el monitoreo sanitario de las personas que viven en esa zona (especialmente de los niños) y el control sobre los desechos que vierten las industrias. Después de tres horas, el tribunal llamó a un cuarto intermedio para continuar el análisis en un próximo encuentro.

El hall del cuarto piso de Tribunales se vio desbordado por los asistentes que siguieron el desarrollo de la audiencia en pantalla gigante. El primer orador fue el secretario de Medio Ambiente y titular de Acumar, Juan José Mussi, destacó el acuerdo de partes entre los Estados nacional, provincial y de la Ciudad, al que calificó de trascendente para el futuro, y señaló que “todos los sectores de la cuenca pueden consensuar soluciones” a los problemas que afectan al sector. Mussi destacó el trabajo del juez federal Luis Armella, a quien la Corte le encomendó supervisar las tareas de saneamiento. “Fue el motor impulsor de esto y lo ha hecho con compromiso, idoneidad y honestidad.” El magistrado ratificó ayer la orden de desalojo de las viviendas ocupadas en el predio ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela, en Flores (ver aparte).

Mussi justificó la multiplicación de basurales por dos factores: el aumento de la producción y el derrotero que deben recorrer los camiones recolectores de residuos hasta llegar a la Ceamse. “La distancia siempre fue la misma”, respondió Lorenzetti. Por diversas causas, reconoció uno de los expositores de Acumar, los sistemas de recolección actualmente no recogen el ciento por ciento de los residuos y por eso se generan los basurales a cielo abierto.

“Desde hace dos años y medio no debería haber más basurales, pero de los 141 que había en 2008 (en la cuenca del Riachuelo) pasaron a 348 en diciembre de 2010”, señaló Anselmo Sella, defensor adjunto del pueblo.

Argibay, por su parte, advirtió que “no hay un orden en las acciones previstas” y dijo que en Villa Inflamable el suministro de agua no llega en buenas condiciones. El polo petroquímico de Dock Sud fue otro de los ejes tratados en la audiencia. Sobre el traslado de las industrias, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires argumentaron que el plan de relocalización no fue cumplido porque “las empresas presentaron diversos recursos jurídicos”.

Si bien la situación por la toma de viviendas en el Bajo Flores no fue considerada dentro de la agenda del máximo tribunal, Sella destacó la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en la ribera, tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, y señaló que durante los desplazamientos se les debe garantizar “todos los derechos, como lo establecen los tratados internacionales”.

“Pasaron dos años y medio desde la sentencia de la Corte y prácticamente todos los plazos están vencidos. Hay muchas demoras en la ejecución de cada uno de los ítem que fijó”, remarcó.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, aseguró que el atraso en las obras comprometidas “no se debe a una falta de recursos sino de problemas de gestión” y afirmó que el 92 por ciento del plan de saneamiento “no pudo ser auditado” por “falta de identificación de las partidas presupuestarias”.

El último informe presentado por Acumar el martes contabiliza 14 mil fábricas en el curso de la cuenca; 8.357 fueron fiscalizadas; 2070 tienen emanaciones gaseosas y 4627 manejan residuos peligrosos.