Los reproches del juez federal de Quilmes por la ocupación de viviendas en el Bajo Flores le llegaron al gobierno de Mauricio Macri y a su Policía Metropolitana. Armella amplió ayer la orden de desalojo de viviendas en el predio de avenida Castañares y Escalada, destinado a reubicar a pobladores de la cuenca Matanza-Riachuelo, al detectar nuevas ocupaciones en el lugar, e intimó al gobierno porteño a censar a los ocupantes y elaborar una “eventual solución” para una evacuación “pacífica” del lugar. El juez pidió además que la Policía Metropolitana informe si está o no en condiciones de desalojar el lugar y con cuántos efectivos cuenta en el predio.

Armella emitió una resolución donde le recordó al Gobierno de la Ciudad que también está condenado en la causa y que el jefe de Gobierno “tiene el deber” de ejercer “los mandatos” dados por la “ciudadanía a través del voto”.

“Cualquier omisión o ejercicio insuficiente en pos de sus gobernados –como lo es en el caso en tratamiento– constituyen una acción desaprensiva, temeraria y antijurídica a la luz de esta instancia judicial.” El gobierno porteño había justificado su inacción en la resolución del conflicto en que la Nación no había dispuesto efectivos de la Policía Federal para concretar el desalojo.

El juez recordó que “dichas responsabilidades necesariamente deben ser cumplidas obligatoriamente y no pueden ser entendidas como una mera facultad legal”. También extendió la responsabilidad a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad en base a la “búsqueda del bien común y que en el caso tiene como meta revertir la catástrofe ambiental que afecta a la salubridad de toda la población” de la margen noreste del Matanza-Riachuelo.

“En virtud del nuevo hecho de intrusión, la orden de desalojo y preservación del predio ordenada y su comprobado incumplimiento, y sin perjuicio de las responsabilidades de las demás autoridades intervinientes, corresponde también requerir se informe la situación actual de medios y posibilidad de ejecución que posee la Policía Metropolitana”, resolvió el magistrado.

Por ello “deberá especificarse con cuántos hombres cuenta, qué cantidad de móviles poseen, si alguno de los funcionarios provienen de otra fuerza de seguridad, y en su caso de cuál, la formación y especialización de los funcionarios”.

En cuanto al desalojo “habida cuenta la responsabilidad social primaria que pesa sobre el Gobierno de la Ciudad respecto al territorio y las personas que actualmente se encuentran ocupando el complejo habitacional, y sin perjuicio de las órdenes ya impartidas, resulta a esta altura imprescindible contar con un censo de dichas personas”. Para esto “se deberá realizar un relevamiento y análisis de la situación personal de cada uno de ellos, así como una eventual solución para una evacuación pacífica, debiendo esto concretarse en un plan ampliatorio al ya ordenado en autos”, agregó.