Las explicaciones sobre la UCEP que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, esquivó en dos ocasiones ante la Justicia, las dio su ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo. De la declaración indagatoria del funcionario que ahora preside la empresa de Subterráneos (Sbase) y a la que accedió Página/12 se desprende que la unidad acusada de golpear y robar a indigentes en las calles de la ciudad “contaba con personal idóneo y el debido sistema de contralor”. El acusado reivindicó que desde su cartera “había mucha relación con lo social” y que “a nadie se le ocurrió pegarle o decirle al cartonero que se vaya, porque no es la manera de resolver el tema”. Sin embargo, en un escrito donde pidió su sobreseimiento en la causa afirma que “nadie, ni el más imaginario de los acusadores, puede sostener que, como ministro, creé el dolo en los agentes para que roben, amenacen, lesiones (sic) y abusen sexualmente de quienes ocupaban el espacio público”, como si diera por descontado que esos delitos los cometía la UCEP. Asimismo justificó el decreto 1238/08 que creó la patota institucionalizada durante la gestión del PRO y quedó claro en su indagatoria ante el juez Facundo Cubas que le molestaba cómo “se gastaba mucho dinero en la limpieza” de Buenos Aires, porque “en dos o tres horas los lugares volvían a estar sucios”. A todo esto lo definió como “un festival del no respeto del espacio público”.

El descargo del ex ministro en el Juzgado Criminal de Instrucción Número 49 fue para responder a diecisiete hechos que se le imputan junto al jefe de Gobierno, los ex responsables de la unidad, Fabián Rodríguez Simón, Matías Lanusse y Jorge Cristian Polini, y los empleados que de- salojaban a indigentes de las calles en operativos nocturnos, como quedó acreditado en el expediente caratulado “Macri, Piccardo, UCEP/ sobre amenazas y otros delitos”. Asistido por el abogado Cristian Cúneo Libarona, el actual presidente de la sociedad del Estado que administra los subtes declaró: “Cuando asumimos el gobierno había un descontrol en todo el espacio público, con lo cual había que implementar sistemas de inspección/control y logísticos que pudieran mover objetos, por ejemplo, un puesto de diarios en infracción”. Piccardo le dijo algo parecido a este diario el 8 de marzo de 2009: “El objetivo de la UCEP es remover objetos del espacio público para promover su buen uso, como puestos ilegales o quioscos”. Pero agregó: “No tiene atribuciones para trabajar con personas”. La práctica cotidiana del grupo que dependía de su ministerio derrumbó con el tiempo esta afirmación.

El funcionario indagado, no obstante, pretendió poner a salvo su responsabilidad y la de Macri en la declaración indagatoria: “Nunca en mi gestión como ministro de Espacio Público recibí de mis superiores ni impartí a quienes forman parte de mi equipo de trabajo, ninguna instrucción que estuviera ajena a la ley. De ninguna manera, en lo personal o como ministro, avalamos ninguna actitud que no esté en el marco de la ley. Sean hechos de violencia, patoterismo o por el estilo. Nadie puede decir que yo dije hacelo y hacelo como quieras”. Piccardo se excusó de haber participado en los operativos de la UCEP y precisó que al tratar con personas en situación de calle las directivas consistían en “darle siempre intervención a Desarrollo Social”. Sólo admitió ante Cubas haberse involucrado personalmente cuando, en enero de 2008, se canceló el llamado tren blanco y muchos cartoneros optaban por dormir en plazas o parques de la ciudad. “Allí acordamos que el gobierno pondría camiones para suplantar este tren”, confesó.

La administración macrista aportó camiones, aunque con otra finalidad: compactar las pertenencias de los sin techo que eran decomisadas en las calles porteñas. A preguntas del juez Cubas y su secretario, Marcos Sebastián Wenner, el ex ministro respondió que tomó conocimiento de cómo la UCEP utilizó un transporte de residuos de la firma Panizza, que en varias ocasiones denunciaron haber visto a los indigentes afectados por sus operativos. Piccardo dijo saber del camión, pero no de los chalecos antipunzantes, que por decenas utilizaba el grupo de choque que la diputada nacional Liliana Parada denunció por primera vez el 4 de diciembre de 2008.

“El camión era necesario porque en todos los movimientos de material y limpieza de los espacios quedaban materiales que había que compactar...” declaró el funcionario. En la madrugada del 1º de octubre de 2009, veinte integrantes de la UCEP a bordo de cuatro camionetas blancas y un transporte de Panizza despertaron a golpes a Carla Baptista, Silvester Villodas, Graciela Cisneros, Antonio Tristán y Roberto Palomino, quienes dormían debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. La primera estaba embarazada y, según se le hizo saber a Piccardo durante su indagatoria, “recibió varios golpes de puño en su vientre y en su rostro sin explicación alguna”. Esta es una de las pruebas en que se basó el fiscal Marcelo Roma para solicitar las indagatorias de los funcionarios porteños.

El ex ministro sostiene algo muy distinto. Dice que la UCEP advertía a las personas en situación de calle que no podían utilizar materiales inflamables, encender fuego u orinar en la calle, como si fueran necesidades semejantes. En la práctica, eso no quedó demostrado. Al contrario, los indigentes que denunciaron a la Unidad de Control del Espacio Público declararon a menudo que los amenazaban o golpeaban sin previo aviso, como ocurrió aquella noche de octubre. Cuando compareció en el juzgado el 25 de febrero, a Piccardo se le notificó que dentro del ministerio que conducía se había conformado un grupo “cuya verdadera función fue desalojar mediante la utilización de métodos ilegales a quienes ocuparan plazas o calles y amenazarlos para que no retornen a esos lugares; omitiendo la necesaria participación en los operativos de las áreas pertinentes que pudieran brindar alternativas conforme a derecho a las personas en ese estado de vulnerabilidad”.

Sobre la declamada pero no verificada disolución de la UCEP (aún hoy existe la sospecha de que personal civil desaloja a indigentes de lugares públicos), el ex ministro declaró en sede judicial: “Se consideró que era mejor que los agentes estuvieran dispersos. Además, también estaba políticamente instalado y era más difícil convencer de que todo está bien, por lo cual se decidió redistribuir el personal en otras áreas del gobierno”. Resulta asombroso que Piccardo justifique el desmantelamiento de la UCEP por los hechos que se le imputan, cuando en la ampliación de su indagatoria destaca (“por resultar de interés para esclarecer los hechos investigados”) que entre las funciones del organismo se encontraba “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”. ¿Por qué habría desmovilizado la unidad entonces?

El espíritu de su descargo ante el juez Cubas se sintetiza en un último párrafo: “Aquí resulta sencillo confirmar mi inocencia desde el momento en que no sólo no intervine en ninguno de los episodios denunciados y no impartí instrucción alguna ajena a la ley, sino que he cumplido correctamente con la tarea a mi cargo”. Piccardo se desligó de los hechos que le imputan porque, por su “condición de ministro”, no debía constituirse en cada espacio público presuntamente usurpado. ¿Declarará Macri de un modo parecido cuando elija presentarse en la Justicia después de su viaje a Estados Unidos y Europa? Es tan difícil de saber, como la fecha en que finalmente comparecerá.