La oposición volverá a insistir en la Cámara de Diputados con un proyecto común para reformar la actual composición del Consejo de la Magistratura, aunque reconocen que las chances de convertir en ley la reforma dependerán del resultado electoral de octubre, cuando el Senado, que rechazó la iniciativa el año pasado, renueve un tercio de sus integrantes. “Es la manifestación de la voluntad política de todos los bloques opositores en el Congreso que el Consejo debe ser reformado y que el tema debe ser uno de los debates importantes en la campaña electoral”, dijo a Página/12 el jefe de bloque radical y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra, uno de los impulsores de la iniciativa que aspira a disminuir la cantidad de representantes políticos en el órgano contralor de la Justicia en favor de jueces y abogados.

Para Gil Lavedra, la representación del proyecto pretende dar “un nuevo impulso al trabajo que intensamente realizaron el año pasado distintos bloques de la oposición para acordar la reforma”. La iniciativa impulsada por el radicalismo también fue rubricada por los diputados Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO), Margarita Stolbizer (GEN), Lisandro Viale (PS), Horacio Piemonte, Adrián Pérez y Patricia Bullrich (CC), Gustavo Ferrari, Marcelo López Arias y Graciela Camaño (PF), y Fernando “Pino” Solanas y Alcira Argumedo (Proyecto Sur).

El proyecto que trabajosamente acordó todo el arco opositor el año pasado en la Cámara baja propone disminuir la proporción de integrantes políticos (incluidos los legisladores) y aumentar las de jueces y abogados que integran el Consejo. Entonces, desde el arco de centroizquierda se cuestionaba la idea de “concederle más poder a la corporación judicial” dentro del órgano que debe controlar al Poder Judicial.

El debate se terminó saldando con la propuesta de crear un Consejo Consultivo Honorario que genere una mayor participación de la sociedad civil –a través de asociaciones y ONG– en la selección de magistrados y el control disciplinario sobre los jueces. Aunque su tarea no será vinculante. El proyecto opositor obtuvo media sanción en Diputados pero se frustró en la Cámara alta, donde 38 senadores –más de la mitad más uno de los integrantes del cuerpo– rechazaron la reforma.

Ahora, las expectativas opositoras son –como definió Gil Lavedra– instalar la “necesidad de la reforma” al Consejo de la Magistratura como debate en medio de la campaña presidencial y apostar al cambio de la correlación de fuerzas en el Senado, donde ocho provincias elegirán en octubre a sus nuevos representantes en la Cámara alta, que recién asumirán el 10 de diciembre, cuando haya culminado el año parlamentario.