El fiscal Sandro Abraldes, que investiga la represión policial y los asesinatos durante el desalojo del Parque Indoamericano, pidió ayer la detención y la indagatoria de cinco policías federales –uno de ellos titular de la seccional 48, el comisario Eduardo Pereyra– por la feroz golpiza que les dieron a dos personas en medio de aquellos sucesos. Abraldes les imputa el delito de tortura en estos dos episodios que ilustran cómo se movieron ese día las fuerzas de seguridad. También pide citar como sospechosos del encubrimiento y omisión de denunciar a otros cuatro uniformados, entre ellos otro comisario, titular de la seccional 52, Miguel Angel Cariolo.

La mayoría de los policías fueron responsabilizados por los “golpes de puño, patadas y bastones” que recibió Emanuel Maximiliano Ríos, durante el desalojo del predio de Villa Soldati, cerca de las 20.30 del 7 de diciembre. El joven había caído junto a un guardarrail como consecuencia de un piedrazo en la cabeza, cuando intentaba alejarse, corriendo, de la policía. “Me empezaron a pegar ahí contra el guardarrail, con palos, patadas y piñas (...), se metió un camarógrafo de TN y también le pegaron a él. Los policías me decían a mí que le dijera al camarógrafo que me había caído solo, y yo les decía que no”, relató Ríos ante la fiscalía.

La filmación de la paliza muestra un desfile de policías golpeando a Ríos de todas las maneras posibles, con saña, “en momentos en que se encontraba en el suelo, inmovilizado, aislado e indefenso”, según describe el dictamen del fiscal Abraldes, al que accedió Página/12. El camarógrafo que registró lo ocurrido, a su vez, fue golpeado “en pos de procurar la impunidad de los autores”, añade el fiscal. En los videos quedaron escrachados el principal Roberto Alejandro Morales (de la comisaría 48); el agente Iván Fernández, de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (Doucad); el cabo Patricio Mariano Sabah, que estaba asignado a esa dependencia aunque es de la Policía Montada; el agente Facundo César Suárez (de la comisaría 42), el cabo Miguel Angel Luna (Doucad) y el sargento Ismael Romero (seccional 48).

Para los cuatro primeros de ese grupo Abraldes pidió la detención, igual que para el comisario Pereyra, quien aparece vestido de civil en las filmaciones, y se le imputa haber presenciado la golpiza y ni siquiera intentar evitarla, teniendo chance de hacerlo por su jerarquía. “Nada hizo para detener la embestida policial contra Ríos, pese a que advirtió el rostro ensangrentado de la víctima y su cabal indefensión”, precisa el dictamen. Romero y Luna son señalados como quienes se ocuparon de intentar impedir que el camarógrafo de TN filmara, poniéndose delante y agrediéndolo físicamente, por eso se les imputa encubrimiento.

Otro policía, el sargento Daniel Alberto Caloni, de la comisaría 36, fue filmado en el momento en que le da un puñetazo en el estómago a una persona que aún no fue individualizada, pero que “se encontraba aprehendida” por él y “con sus brazos sujetados por otro agente que lo trasladaba dentro del parque”. La víctima, señala la fiscalía, tenía remera oscura y con una franja amarilla en los brazos. Al comisario Cariolo, Abraldes le atribuye el incumplimiento de su obligación de notificar de inmediato a la fiscalía de turno en casos de “urgencia, trascendencia, gravedad o con personas privadas de su libertad”, además de que el Código Penal exige ante hechos de tortura la apertura de un sumario o la denuncia ante un juez en el plazo de 24 horas.

Los pedidos de detención e indagatoria de la fiscalía deben ser resueltos por el juez del caso, Eliseo Otero quien, según una versión ofrecida ayer en tribunales, habría rechazado expedirse y optado por enviar el expediente a otro juzgado, el 47, por una supuesta conexidad, ya que allí tramita una causa contra Cariolo. El fiscal Abraldes y Otero se vienen sacando chispas desde el inicio de la investigación. El magistrado, por lo general, no ha acompañado las iniciativas de la fiscalía e incluso en el caso del pedido de detención del barrabrava Julio Capella decidió no hacer lugar y declararse incompetente, un asunto aún en discusión.

A los policías implicados en la escena que dejó a Ríos con el tabique nasal fracturado y lesiones en todo el cuerpo –según determinó el examen forense–, Abraldes pidió que se los indague como imputados del delito de tortura, que prevé “reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que” la “impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad”. Según el dictamen de Abraldes, en el caso de Ríos aparecen todos los elementos para que se considere que hubo tortura de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas: “dolor o sufrimiento físico y mental; de carácter grave; infligido directamente por un funcionario del Estado o por su instigación o con su consentimiento o aquiescencia; en prosecución de un propósito concreto, sea de obtener información, obtener confesión, castigar, intimidar, coaccionar, discriminar; cometido intencionalmente”.

La investigación, entretanto, intenta avanzar ahora hacia los autores de los asesinatos ese día, de Bernardo Salgueiro y Rosemarie Chura Puña, con importantes evidencias que comprometerían tanto a la Federal como a la Policía Metropolitana. Lo que le tocó vivir a Ríos es una muestra del tenor que tuvo el desalojo del Indoamericano.