Con los mismos argumentos que usó en la causa sobre la desaparición de Jorge Julio López, la Corte Suprema ordenó ayer que el asesinato de Silvia Suppo, testigo de dos importantes expedientes contra represores en Santa Fe, sea investigado en la Justicia Federal como un posible “obstáculo” en el esclarecimiento de los crímenes del terrorismo de Estado y no, como hasta ahora, como un homicidio vinculado con el robo de su negocio. Así, al cumplirse ayer un año del homicidio de Suppo, la Corte les dio la razón a sus hijos, Marina y Andrés, que reclaman que se dilucide si la mataron por encargo, para silenciarla y generar terror en otros testigos.

Suppo fue asesinada con nueve puñaladas el 29 de marzo del año pasado, un rato después de abrir su talabartería en el centro de Rafaela. Todo ocurrió de manera tal que podía parecer un robo, ya que se llevaron 200 pesos del lugar. Para ese día, a la tarde, ella había organizado un panel sobre derechos humanos con Madres de Plaza de Mayo y organismos. Era parte de su militancia como ex detenida desaparecida. En el juicio donde terminaron condenados el ex juez federal Víctor Brusa y otros cinco represores, Silvia había contado su paso por tres centros clandestinos de detención entre 1977 y 1978, y fue una de las mujeres que describieron la violencia sexual sufrida como parte de la tortura. También había dado testimonio en la instrucción de la causa en la que se investigaba su propio secuestro, el de su compañero de entonces Reinaldo Hattemer, el de su hermano Hugo Suppo y el de Jorge Destefani, su marido después, entre otros. Silvia había podido reconocer a varios represores, policías y militares –algunos en actividad en agencias de seguridad– y volvería a dar testimonio cuando llegara el juicio oral.

Por su asesinato quedaron detenidos Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, dos cuidacoches de 22 y 19 años, procesados por homicidio calificado. Ambos confesaron la autoría del crimen, pero nada dijeron sobre si alguien los había mandado. Hasta ahora el caso tramitó como un asesinato más, en el juzgado de Alejandro Mognaschi. Aunque no descartaba la vinculación con las causas de derechos humanos, tampoco avanzó en esa línea.

La Corte Suprema –con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda– dispuso que el caso debe pasar a ser investigado por la Justicia Federal ante “la gravedad que implica que una testigo que declaró y va a declarar en causas por violaciones a los derechos humanos sea asesinada”, según resumió un alto funcionario supremo. El tribunal tuvo en cuenta tres factores que habían sido planteados por la familia y sus abogados:

- No había relación entre el móvil del robo y la saña y la violencia del asesinato.

- Silvia iba a ser una importante testigo en un futuro juicio sobre varios casos de secuestros y desapariciones, el suyo incluido. Esa causa está a cargo del juez Reinaldo Rodríguez, que ahora deberá investigar el homicidio y decidir si tramita ambos expedientes en conjunto.

- Un testigo de identidad reservada dijo ante la Justicia que Silvia habría sido asesinada por “lo que dijo o lo que iba a decir” y que todo se habría planificado en el pabellón de lesa humanidad del penal de Las Flores.

El fallo es breve y dice que “no puede descartarse que la muerte de Silvia S. Suppo obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales en donde tramitan las causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad, razones de mejor administración de justicia aconsejan que conozca en estas actuaciones la Justicia federal”. Para la abogada de la familia, Lucila Puyol, “es una decisión que alienta a no descreer de la Justicia”. Ese optimismo recorrió ayer la marcha que se hizo en Rafaela, a un año del crimen. “Es un día muy importante para recordarla como compañera y militante –dijo Puyol– y este paso de la Corte significa que puede haber una investigación completa, para saber si fue un crimen por encargo para infundir miedo y obstruir a la Justicia.”