El ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Coronel Carlos Alberto Roque Tepedino, de 75 años, fue trasladado ayer al Escuadrón de la Gendarmería Nacional en Campo de Mayo, una vez que el juez federal Claudio Bonadío le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria al comprobar que el procesado por crímenes contra la humanidad, desaparición forzosa de personas y homicidios paseaba por las calles como si estuviera en libertad. El lunes, Bonadío recibió declaración a Tepedino, quien admitió que había salido de su domicilio e intentó justificarlo con argumentos endebles. Ayer, escuchó al periodista de este diario Diego Martínez, quien el sábado 3 de febrero fotografió y entrevistó al militar en una calle de Flores. La foto y la entrevista se publicaron en la edición de Página/12 del domingo 9. El viernes 7, luego de una consulta de este diario sobre las condiciones de detención de los procesados en la causa por la operación que los Montoneros denominaron “Contraofensiva” y el Ejército “Murciélago”, Bonadío dispuso una ronda policial de control y verificó que cada carnicero volador estaba en su nicho. Después de oír a Tepedino y a Martínez, Bonadío cambió las condiciones de la detención del primero.
Analogía
Bonadío le había concedido el privilegio de la detención domiciliaria en atención a su edad y por una dudosa aplicación analógica de la ley 24.660. Ya se ha hecho un hábito que las previsiones de esa ley sancionada en 1996 para regular la ejecución de las penas privativas de la libertad después de la condena se apliquen en forma automática a los procesados por secuestros, torturas y robo de chicos de la dictadura militar, mientras las cárceles están llenas de hombres mayores de 70 años procesados o condenados por delitos comunes, de menor gravedad.
Su artículo 33 dispone que el condenado mayor de 70 años “podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria” y que para controlar el cumplimiento el juez podrá hacerlo “en la forma prevista en el artículo 32 de la ley”. El artículo 32 dice que la supervisión “en ningún caso estará a cargo de organismos policiales o de seguridad”. Pero aclara que se refiere a la detención domiciliaria “prevista en el artículo 10 del Código Penal”, es decir para períodos de detención que no excedan de seis meses. En cambio, a Tepedino puede corresponderle una pena de prisión perpetua. La exclusión de las fuerzas de seguridad de la ley de ejecución fue a solicitud del Servicio Penitenciario Federal y sólo tiene lógica respecto de los condenados. Si son peligrosos y pueden escaparse, deben estar en una cárcel, pero si no lo son o no existe ese riesgo, no es racional que el Servicio Penitenciario distraiga recursos escasos para vigilarlos. Por cada preso, harían falta por lo menos tres hombres, en turnos de ocho horas cada uno, proporción muy distinta a la de las cárceles, donde hay más reclusos que yugas. Tepedino no es condenado sino procesado y su detención no es una pena sino una medida preventiva para asegurar que no se fugue, como ya lo han hecho seis de quienes fueron sus camaradas en la más importante unidad del Ejército responsable por los crímenes de la guerra sucia y también procesados por Bonadío: Jorge Arias Duval, Julio César Bellene, Enrique José Del Pino, Jorge Horacio Granada, Arturo González Naya y Néstor Cendón. El arresto para que no se fugue es contradictorio con la falta de control. La interpretación judicial que hace decir a la ley lo que la ley no dice se aplica en favor de unos detenidos y en contra de otros.
Cerveza
Los vecinos del ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 fueron quienes denunciaron a distintos medios y organismos de derechos humanos que Tepedino se burlaba de la detención domiciliaria. Cuando Diego Martínez lofotografió frente al domicilio de Donato Alvarez 562 Tepedino le imploró, en el rol de pobre abuelito preferido por este tipo de criminales cuando han perdido el poder absoluto: “Te prometo que no salgo más. Te lo prometo. Dame una oportunidad”. Tepedino abandonaba en forma diaria su domicilio. Al portero del edificio le pidió en una de esas ocasiones. “Callate. Si me encuentran me mandan a Ushuauaia.” El quiosquero del barrio reconoció en la foto de Tepedino al hombre que “siempre viene a buscar cerveza”. Hace unos días le recordó que le debía envases. Tepedino le contestó: “Quedate tranquilo, que antes de mudarme te los traigo todos”. Tal vez la publicación del domingo abortó un plan de evasión.
Por más de un cuarto de siglo Tepedino fue un hombre decisivo en las estructuras de inteligencia del Ejército, responsables por los peores crímenes de la historia argentina. Según la información oficial, entre 1975 y 1977 fue director de inteligencia interior de la SIDE, desde donde el Ejército supervisó primero y absorbió luego las estructuras y actividades de la Triple A, creada por el ex ministro José López Rega. También comenzó allí la coordinación del Plan Cóndor con las dictaduras de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. En 1978 y 1979 condujo formalmente el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Pero hay pruebas que ya en 1976 actuaba como jefe de esa unidad de primera importancia en la guerra sucia. En 1980 y 1981 pasó a la Jefatura II, Inteligencia, del Estado Mayor del Ejército. Se retiró en 1981 pero continuó hasta la finalización de la dictadura como Director General de Seguridad Interior, en el Ministerio del Interior. Bajo la presidencia de Carlos Menem fue contratado como adscripto al Departamento de Informática de la Jefatura de Inteligencia del Ejército, donde tuvo a su cargo la custodia de los archivos sobre la guerra sucia. También organizó el envío de un grupo de Inteligencia a Neuquén, para realizar una investigación paralela sobre la desaparición del último conscripto, Omar Carrasco.
Menem lo indultó en 1989 por las dos causas que tenía abiertas en ese momento: una por la destrucción de los documentos sobre la guerra sucia que había en la Casa Rosada, ejecutada por orden del ex dictador Benito Bignone antes de la entrega del gobierno; otra por encubrimiento del secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg, prima del ex jefe del Ejército Alejandro Lanusse.
En 1997, el juez español Baltasar Garzón pidió su captura internacional que el gobierno rechazó. En setiembre de 2000 la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano lo procesó por realizar tareas ilegales de inteligencia “en claro detrimento de nuestro sistema democrático, representativo, republicano y federal”, sobre funcionarios judiciales, partidos políticos, abogados de derechos humanos, empresarios y periodistas cuando comenzaron los juicios por la verdad.
Una valija de dólares
En julio de 2002 Bonadío ordenó su detención, junto con otros 43 represores, por la desaparición de una veintena de personas en 1979 y 1980. Del Batallón 601 dependían el grupo de tareas 2 y la Central de Reunión. La operación Murciélago fue concebida por el teniente coronel Jorge Luis Arias Duval que era entonces jefe de reunión del Batallón, dependiente de Tepedino. Una vez capturados los partisanos eran sometidos a torturas y eliminados, sin intervención de la justicia ni presentación de cargos.
Además, Bonadío lo procesó por el homicidio con alevosía de Carlos Guillermo Fassano y Lucía Adela Revora de De Pedro, el 11 de octubre de 1978, durante el asalto militar a una casa en la calle Belén 335 del barrio de Floresta. La operación fue dispuesta por el Batallón 601 y tenía el propósito de apoderarse de una valija con dólares que guardaban en la casa. En la avidez por el dinero, los miembros del grupo de tareas se tirotearon entre ellos, según el testimonio de varios de sus integrantes.Fassano y Révora, que estaba embarazada a término, fueron vistos por otros detenidos en el campo clandestino de concentración El Olimpo, al que llegaron heridos, pero hasta hoy no han aparecido. También hicieron desaparecer al bebé Eduardo Enrique De Pedro, que meses después fue restituido a la familia, por mediación de la curia de Mercedes. Como jefe del Batallón 601, Tepedino “por acción u omisión, participó conscientemente en la ejecución de los hechos”, sostuvo el juez. Bonadío cita el testimonio que prestó en el juicio a las juntas militares Osvaldo Acosta, quien estaba secuestrado.
“Llegaron con un herido y lo interrogaron, sólo le preguntaban qué cantidad de dinero había en la casa. Torturado y herido, confesó que había 150.000 dólares. Eso generó una tremenda disputa entre los oficiales del Olimpo, algunos se fueron a las manos, otros exhibieron armas. Se armó un tremendo escándalo, y algunos amenazaron con denunciar a sus superiores la cosa, porque cuando hicieron el recuento no había más de 20.000 dólares”, dijo Acosta. Como Acosta era abogado, sus captores le ordenaron que instruyera un sumario “para evitar la participación de abogados provenientes de Campo de Mayo y así poder tener control sobre el trámite del sumario”. Los cuerpos de la pareja fueron quemados, pero antes uno de los subordinados de Suárez Mason y Tepedino le cortó un dedo a Fassano para quitarle un anillo.
Informe: Diego Martínez.