La relación entre la CGT y el oficialismo es un puntal de la gobernabilidad en el período kirchnerista, cuyos desempeños en materia de estabilidad política y económica son dignos de mención, máxime si se los compara con gobiernos precedentes. La alianza dista de ser mansa como agua de estanque: congrega a protagonistas con intereses y objetivos a menudo diferentes. Se sostiene a través de negociaciones y pactos, siempre en revisión y tensión.

Hace un par de semanas, el anuncio de un paro de transporte en respuesta a una investigación judicial reclamada por un fiscal suizo elevó la temperatura y acicateó las desconfianzas. El agua no llegó al río, el exorbitante paro se suspendió, las suspicacias siguen latentes. En esta semana, la coalición produjo hechos conjuntos, de beneficio mutuo, que incluyen a una cantidad importante de trabajadores.

Nada es idílico ni definitivo. La conflictividad se mantendrá aunque los gestos revelan que tanto Hugo Moyano como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tienen sobrados motivos para mantenerse unidos, en esa coalición que aúna más intereses comunes que contradicciones.

El cierre de la paritaria de los camioneros y el aumento del mínimo no imponible para los trabajadores en relación de dependencia vienen en un combo, que se redondea con dos visitas de Moyano a la Casa Rosada, cuyas imágenes retratan mejores ondas. Los gremialistas despotricaban por haber sido relegados en Palacio, por la morosidad en la minirreforma impositiva. Las actitudes presidenciales atienden a esos reclamos. El anticipo de la convención colectiva del gremio más poderoso es una contrapartida que distiende al Gobierno y marca un rumbo para otras paritarias. En el camino, la Presidenta le marcó a “Hugo” que había que controlar formas de protestas excesivas o desestabilizadoras.

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Cada convención colectiva es un mundillo, una disputa de poder por vías institucionales. El acuerdo entre los camioneros y sus patronales no impone un techo a otros sindicatos, pero sí es una referencia que las encauza, en promedio. Habrá gremios que buscarán un resultado mejor, por motivos variados. Algunos porque la rama de actividad atraviesa una etapa propicia, hay pleno empleo y necesidad patronal de paz social. Las automotrices son un ejemplo clavado. Otros necesitan mejorar los sueldos que han quedado rezagados, podría ser el caso de la industria de la alimentación y de los trabajadores de la salud. Para dirigentes que ambicionan competir con Moyano (Luis Barrionuevo, sin ir más lejos ni agotar la lista) es un incentivo superar su marca.

De cualquier manera, la relativa templanza de los camioneros teñirá otras tratativas. El 24 por ciento que informan los medios dista de ser un guarismo estricto. Leídos con minucia, los convenios incluyen otras retribuciones dinerarias, aparte del sueldo. Si se devela la convención colectiva, el aumento resultará mayor. De cualquier manera, el 24 es un mensaje, pues dista de las hipótesis exorbitantes, desbocadas, que se bartolearon en los medios. Tan es así que las centrales empresarias no dijeron “esta boca es mía”, salvo algún descolgado.

El número revela contención, organiza la secuencia de las convenciones colectivas. El Gobierno espera tener cerradas las más relevantes para mediados de año y enlazar una seguidilla de acciones repetidas en los años recientes. En el invierno, incremento del salario mínimo vital y móvil, luego de las asignaciones familiares (que ahora acollaran la Asignación Universal por Hijo). En septiembre, un mes antes de las elecciones, es el turno del aumento de las jubilaciones, estipulado por ley.

El porcentaje también cuestiona el mito de la inflación oficial, como ya sucediera con las propias paritarias docentes, con el Estado sentado en la silla de la patronal. La credibilidad del Indec es una llaga para el oficialismo. La deslegitimación del organismo oficial desnuda la inconsistencia de las sanciones a consultoras privadas, por propagar datos no confiables. El cronista ha criticado los informes privados, en promedio muy poco serios. Eso no legaliza sanciones, que no tienen sustento empírico ni –lo que es más grave– institucional. La libertad de expresión no es un coto reservado a quienes afirman verdades o hablan en defensa del bien común, suponiendo que tales magnitudes fueran mensurables. Incluye el sacrosanto derecho a macanear o propalar relatos inverosímiles. El Gobierno que desincriminó las injurias y calumnias vertidas por periodistas sería congruente si depusiera esas multas, antes de que los tribunales lo hagan.

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El mínimo no imponible es una reivindicación de los últimos años, en los que se abrió un inédito acordeón de sueldos en la clase trabajadora. Es sugestivo el debate sobre la procedencia del tributo, que debería comprender la magnitud de ese cambio. En los hechos, es un modo de preservar los aumentos paritarios, se lo menoscaba aduciendo que conciernen a pocos cientos de miles de trabajadores. La magnitud dista de ser irrisoria, corresponde añadirles a los que pagarán algo menos. En cualquier caso, es una demanda sindical del siglo XXI, aquieta las aguas, engorda (o si se quiere, no enflaquece) bolsillos de laburantes.

El sistema impositivo sigue siendo inequitativo, como señala una recomendable nota de Alfredo Zaiat publicada ayer en este diario. El aumento en cuestión tiene muy escasa relevancia al respecto.

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Dos encuentros en la Casa Rosada agregan simbolismo a las tratativas. Cristina Fernández –cuentan asistentes a la reunión del viernes– les señaló a los sindicalistas la inconveniencia de ciertas medidas de fuerza. En la Casa Rosada se escuchan dos teorías sobre el piquete que impidió la salida del diario Clarín el domingo pasado. Para algunos funcionarios, Moyano no tuvo nada que ver. Tal es la versión del secretario general de la CGT. Para otros intérpretes oficialistas es poco creíble que el delegado Luis Siri, líder de la protesta, no contara con la aprobación, así fuera tácita, de Moyano.

Lo que es seguro es que Siri tiene “juego propio”. Que, como muchos delegados de base (en su mayoría de izquierda no peronista), es más representativo y combativo que los secretarios generales de su gremio. Que tiene sobrados motivos para reclamar, ante incumplimientos laborales flagrantes de la patronal, incluso violaciones del fuero sindical. Esas facetas fueron sustraídas de la discusión por los grandes medios, tanto como por la flor y nata de la dirigencia opositora.

Pero tener razón no equivale a convalidar la metodología del piquete. Quienes disponen de herramientas legales e institucionales para hacer valer sus derechos deben moderar el abuso de medidas de acción directa de gran lesividad. Un piquete trabando la salida de los diarios no es lo mismo que un paro de trabajadores. Quienes lo implementaron fueron reincorporados por decisiones de los tribunales y del Ministerio de Trabajo. Su metodología es, pues, discutible y repudiable, como lo marcó el pleno de la Cámara de Senadores.

En política, todo protagonista es responsable de las consecuencias de sus actos, aun de las impensadas o no deseadas. Haber impedido la difusión de un diario damnifica las libertades democráticas. El discurso grandilocuente de una patronal que incumple las leyes o el aprovechamiento político de “las oposiciones” que miran sólo una faceta del conflicto y desamparan a los trabajadores son criticables, pero no anulan esa realidad.

Contra lo que se dijo y declamó, la respuesta institucional fue razonable. El Gobierno no tuvo arte ni parte en el piquete. El pronunciamiento del Senado fue consensuado y preciso. Antes, se había decretado la conciliación obligatoria y se consiguió el levantamiento del piquete, sin represión, en cuestión de horas. No es fácil deshacer entuertos tales en tiempos menores, con todas las de la ley. Ni es sencillo notificar medidas en cuestión de minutos. Si alguien puede dar testimonio son los abogados de Clarín que vienen chicaneando desde hace años la obtención de una prueba simple, en el caso de los jóvenes Noble Herrera.

La libertad de prensa existe en la Argentina, las mismas repercusiones lo comprueban por su tono y hasta por su desmesura. Claro que siempre se debe estar vigilante, en un país con precedentes tan infaustos. Es un deber colectivo, del que ningún partido desertó, aunque todos trataron de llevar agua para su molino.

En cuanto al abuso de la acción directa, es un déficit de la cultura política nacional, que no reconoce fronteras. Agrupaciones gremiales de surtidas ideologías, vecinos enconados, patronales agropecuarias..., nadie se priva porque el método “garpa”. Desandar una práctica de años exige consensos amplios, difíciles de concertar en la coyuntura.

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Los partidos opositores se disgregan en querellas internas o riñen con aliados potenciales porque se perciben débiles para la elección presidencial. En espejo, en el oficialismo cunden reflejos triunfalistas, que incluyen amagos de vender el oso sin haberlo cazado aún. Los veredictos populares de Catamarca y Chubut traslucen el potencial de la Presidenta, capaz de nacionalizar elecciones locales. También despeñaron a quienes, un mes antes de las elecciones, llevaban holgadas ventajas. La moraleja es dual, no única.

Las vicisitudes de la coalición oficialista, los tironeos por espacios en las listas están en el menú de lo predecible. Contenerlas es, de momento, una tarea más ardua que sofrenar a la oposición que, para eso, parece bastarse sola (ver asimismo notas en páginas 2 y 3). La capacidad de la Presidenta de conducir a sus compañeros, arbitrar en sus cuitas y competencias y moderar sus desbordes será un dato central para el resultado de octubre.