A pocos meses de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que había ordenado al Estado indemnizar a Laura Ginsberg, la compañera de José Enrique “Kuki” Ginsberg, quien murió en la mañana del 18 de julio de 1994 por la explosión provocada por un coche bomba. Con esta definición, la Corte Suprema confirma y deja asentado el fallo dictado el 23 de octubre de 2008 por la Sala II de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo Federal, donde se había reconocido al Estado nacional como el “principal encubridor” del atentado contra la mutual judía.

El máximo tribunal de Justicia rechazó los recursos de apelación que habían sido presentados por Ginsberg y el Estado nacional: el primero por el monto del resarcimiento y el segundo pidiendo “la revocación de la sentencia apelada” y “el rechazo íntegro de la demanda”. Así, quedó firme el fallo que habían firmado los jueces Marta Herrera y Carlos Manuel Grecco.

“Yo acuso al gobierno de (Carlos) Menem y (Eduardo) Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan”, fueron las palabras pronunciadas por Laura Ginsberg durante el tercer aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Aquel mensaje había sido un claro señalamiento al gobierno nacional de entonces como encubridor de la conexión local que participó en el ataque a la mutual judía. Ayer, en diálogo con Página/12, Ginsberg analizó la resolución adoptada por la Corte Suprema. “La Corte se tomó dos años para no resolver nada, porque, en principio, lo que queda en pie es la resolución que había tomado la Cámara dos años atrás”, dijo, y agregó que todavía debe resolverse la cuestión de fondo. Ginsberg consideró que es “muy poco serio” tomarse dos años para expedirse sobre una situación que “tiene una mora de quince años. Me parece que es grave”, dijo. “Mientras los asesinos y encubridores siguen sueltos –señaló–, hay una condena al Estado argentino, por lo menos, por su rol de encubridor hasta el día de hoy.”

En la demanda que presentó oportunamente, Ginsberg había manifestado que el Estado argentino era el “principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina”. En su momento, la Cámara reconoció –y ahora la Corte lo avaló implícitamente– que “si bien los dichos vertidos” podían “resultar excesivamente severos, lo cierto es que la motivación del decreto 812/2005, en cierta medida, puede dar lugar a ello”. Con ese decreto, firmado el 12 de julio de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner reconoció el acta rubricada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado argentino “reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado”, recordaba el fallo.