La Sala I de la Cámara Federal revocó el procesamiento del asesor legislativo Roberto Larosa, un conocido personaje del mundo de las finanzas que fue sorprendido en abril del año pasado escondido bajo un escritorio en un importante despacho del Ministerio de Economía, donde hurgaba en busca de información reservada. El juez Claudio Bonadío le había imputado hurto y violación de domicilio. Pero la Cámara evaluó que no había precisado de qué se había apoderado ni por qué equiparaba el Palacio de Hacienda con una “morada”.

Bonadío tiene ahora tres opciones: hacer nuevas medidas de prueba, dictar un nuevo procesamiento con los elementos que ya recopiló o bien beneficiar a Larosa con falta de mérito o un sobreseimiento. Cuando lo procesó, el juez señaló que el día que fue atrapado in fraganti no había sido el único en que “el Topo” Larosa visitó fuera de horario laboral el Ministerio de Economía, donde entró sin autorización en oficinas que manejan y guardan datos codiciados y de gran importancia sobre presupuesto, gasto público, finanzas, recaudación y financiamiento. El juzgado se basó en la constatación de otras tres visitas clandestinas (en enero, febrero y marzo), por la noche, y dio por corroborado que se llevaba información que aún no había sido publicada y la vendía a las consultoras de la city porteña, empresas y bancos.

Larosa trabajaba como colaborador ad honorem del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano y como asesor del senador fueguino del ARI José Martínez. Había sido funcionario de Economía hasta 1993 y en los ’90 trabajó en el instituto IDEP, de la CTA.

La defensa de Larosa apeló con el argumento de que el hurto no había existido porque sustraer información no equivale al apoderamiento ilegal de cosas materiales. Agregó que tampoco se le podía adjudicar el delito de violación de domicilio porque el Ministerio de Economía no es una “morada”. Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero avalaron ese razonamiento y desprocesaron a Larosa. Dijeron que no queda claro “si han sido papeles con datos aquello de lo que el imputado se habría apoderado”. Para ellos, Bonadío mostró la finalidad del “intruso”, pero no la supuesta conducta delictiva.

Cuando fue descubierto por personal de seguridad, el 16 de abril de 2010, Larosa estaba en el despacho del subsecretario de Presupuesto y Finanzas Raúl Rigo, al que había accedido con llave; había estado también, según videos internos, en la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, donde entraba sin llave. Estuvo detenido y luego quedó en libertad. Para el juez, actuaba con “dolo” para sustraer documentos pertenecientes “al patrimonio de la Nación”. Para la Cámara Federal, faltaron precisiones sobre esa documentación.

No fue la primera discrepancia de Bonadío y el tribunal de alzada. El juez había rechazado a la cartera de Amado Boudou como querellante porque, señaló, “no se puede considerar particularmente ofendido puesto que de antemano conocía las actividades ilícitas” de Larosa en el edificio y aun así no lo habían denunciado, estimó. La Cámara por mayoría refutó ese razonamiento. Sólo Freiler coincidió con el juez.