El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, concurrirá hoy a la Legislatura para dar explicaciones sobre el conflicto derivado del retiro de los servicios adicionales de la Policía Federal en edificios públicos de la Ciudad. Lo hará en respuesta a la convocatoria efectuada ayer por bloques de la oposición legislativa, que también cursaron una invitación a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, aunque la funcionaria nacional no tiene obligación de asistir. La propuesta había sido formulada por legisladores de la Coalición Cívica y Proyecto Sur con la idea de que “ambos se reúnan y lleguen a un consenso para coordinar las tareas de seguridad en la ciudad, en un ámbito apropiado como es la Comisión de Seguridad de la Legislatura”, dijo a Página/12 Sergio Abrevaya (CC). Desde el bloque Diálogo por Buenos Aires, el diputado Aníbal ibarra denunció que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, “está alentando de manera irresponsable la preocupación por la inseguridad y el miedo entre los vecinos solo por conveniencia electoral”, ya que hace casi dos años, ante un conflicto similar, “reemplazó a los policías por seguridad privada sin agrandar el conflicto, como hace ahora”.

Según informó ayer Página/12, en noviembre de 2009 la Policía Federal suspendió sus servicios adicionales a la Ciudad porque la deuda del gobierno porteño superaba los 40 millones de pesos. Según recordó Ibarra ayer, en ese momento, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, prometió que “ningún lugar quedará desprotegido”, según publicaron los medios de comunicación. El gobierno porteño cubrió el hueco en ese momento contratando 2000 agentes de seguridad privada. “Ahora incluso tienen 2000 efectivos de la Policía Metropolitana, por lo que puede destinar parte de ellos a la custodia de los hospitales y otros edificios”, agregó Ibarra.

El conflicto detonó nuevamente este lunes, cuando la ministra Garré anunció que se rescindía el convenio por el que se prestaban servicios de policía adicional a la Ciudad, para destinar ese personal a “incrementar la presencia policial en las calles”. Además, Nación reclama una deuda de 27 millones de pesos, por siete meses de servicio.

La Federal presta servicios adicionales en 800 objetivos, de los cuales 114 corresponden a edificios públicos porteños, además de una quinta de Macri. Estos últimos fueron los que se dieron de baja. Los servicios adicionales se prestan en forma de módulos de cuatro horas. Los realizan efectivos policiales después de cumplir su turno de trabajo habitual, a manera de horas extra. Por cada uno, la Ciudad paga 94 pesos, de los cuales 78 le corresponden al policía y 16 van a las arcas de la Federal. Una empleada doméstica que cobra el mínimo por hora (19,63 pesos) ganaría lo mismo en seis horas de trabajo.

Los adicionales afectados por la medida de Garré involucran a 31 de los 33 hospitales porteños, 22 centros de salud, tres cementerios, doce escuelas, la Reserva Ecológica, el Campo de Golf, los parques Roca y Sarmiento, tres paradores para personas sin techo, el Teatro Colón y la Dirección de Rentas.

“Independientemente de la forma en que se hizo el retiro de los efectivos y de la manera en que se implementó, la cobertura de seguridad en hospitales y edificios porteños es responsabilidad del jefe de Gobierno”, dijo Ibarra. El ex jefe de Gobierno advirtió que el paro dispuesto por la Asociación de Médicos Municipales (ver aparte) “es funcional a la estrategia de Macri”.

Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, coincidió con la medida de destinar más policías a la seguridad ciudadana, por lo que solicitó que “la ministra Garré disponga el retiro de la Policía Federal de organismos públicos nacionales y la custodia de funcionarios y restituya, en acuerdo con la Ciudad, la custodia de hospitales y escuelas”. Pero también le pidió a Macri “la redistribución de la Policía Metropolitana para cubrir los objetivos que han quedado sin vigilancia”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Jorge Selser (Proyecto Sur), consideró que lo ocurrido “es un acto de total irresponsabilidad tanto del gobierno nacional como del porteño, el primero por tomar la medida y el segundo por no resolverla”. “Por una disputa política dejan sin protección y ponen en peligro a la comunidad hospitalaria y a la ciudadanía en general”, advirtió.

La diputada Delia Bisutti (bloque SI) opinó que “el macrismo debería dejar de llorar y resolver los problemas que son de su competencia” y agregó que si bien “la Metropolitana no tiene la misma cantidad de efectivos que la Federal, fue Macri quien resolvió que actúen en Villa Urquiza y no en Soldati, donde se los necesita más”. También cuestionó al gobierno nacional porque “los porteños somos rehenes de dos policías que se disputan territorio y dos jurisdicciones que se enfrentan”.

“Montenegro viene porque la situación lo requiere. La gente demanda soluciones prontas y eficaces que no se deberían dilatar por enredos ni chicanas”, dijo ayer el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo.

La invitación a Montenegro y a Garré fue formulada mediante notas separadas que firmaron diputados de le Coalición Cívica, Proyecto Sur, la UCR y los unipersonales Raúl Fernández y Diego Kravetz.