No sólo los políticos dicen más ante las cámaras que en el juzgado. Los espías tendrían más información de la que aportan. El juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la existencia de una presunta conspiración para derrocar al ex presidente Fernando de la Rúa, aseguró la semana pasada que los testigos que van desfilando por su despacho, en su mayoría ex funcionarios de alto rango, “saben más de lo que declaran”. Pero una alta fuente de la pesquisa se quejó ante Página/12 porque “la SIDE no nos da nada... cuando empezamos a investigar ya habían cambiado las autoridades de Inteligencia”. Este diario había preguntado si habían logrado obtener un informe secreto del anterior gobierno que señalaba a Luis Barrionuevo como promotor de los saqueos, tal como figura en el libro El Palacio y la Calle de Miguel Bonasso. La respuesta fue negativa.
Los investigadores están convencidos de que si no fue complot “hubo algo muy parecido”, consideran que tienen en sus manos un expediente que hará historia y se entusiasman con cada nueva declaración porque “aparecen nuevas puntas”. Incluso afirman que “en el gobierno están nerviosos” con el avance del caso, que aún no tiene imputados sí cuenta con sospechosos. Abordado al salir de su domicilio, Oyarbide había anticipado que algunos de los políticos que atestiguaron en forma reticente podrían ser acusados en el futuro por falso testimonio. Si bien no se pone plazos, el magistrado tampoco quiere que la causa se vuelva eterna e inmanejable. Sin embargo, con cada declaración se abre más el juego. Los testigos mencionan a sus fuentes y el juzgado avanza en chequear los dichos de cada uno ordenando citar a esas personas y verificando cada dato. “Acá el escenario cambia todos los días, como en los esteros de Iberá, ¿vio?”, graficó la fuente. Claro, llevan tomadas más de 200 declaraciones a dirigentes políticos, funcionarios y ex funcionarios de los tres poderes del Estado, y ya hay varios cuerpos de expedientes. Como si todo esto fuera poco, acumularon una decena causas del interior para tratar de determinar si los saqueos que ocurrieron en las provincias fueron espontáneos o armados. “Cuando De la Rúa habló por primera vez del complot ante (la jueza María) Servini de Cubría nadie pensaba que íbamos a investigar en serio, ni los peronistas ni los radicales”, se jactó. Pero no sólo se ocupan de la supuesta confabulación que habría derrocado al radical. En el juzgado de Oyarbide también están radicadas las causas sobre los presuntos complots contra el efímero ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, y contra el actual jefe del Ejecutivo Eduardo Duhalde (denuncia presentada por el gobierno tras el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la represión a piqueteros de Puente Avellaneda, e impulsada por el fiscal Carlos Stornelli). Pero esos sumarios van a marcha más lenta. “Nos falta colaboración, no podemos hacer milagros”, explicaron.
Saqueos armados
Aunque el caso se vuelve cada vez más complejo, el juez sigue generando pistas. Tal como había hecho el año pasado, aprovechó los micrófonos que suelen esperarlo en la puerta de su casa para convocar a la población para que aporte información sobre los saqueos de 2001, que acompañaron la salida del poder de lo que quedaba de la Alianza. Y se sorprendió porque aparecieron personas que aportaron datos sobre lugares donde se habrían realizado reuniones de presuntos agitadores, previas a los saqueos. Al respecto el juzgado ordenó la realización de “tareas de inteligencia” que la fuente se negó a precisar, pero agregó que “las sospechas están centradas en sectores vinculados al PJ”. Esos testigos pidieron declarar bajo reserva de identidad y les fue permitido.
Oyarbide ya puso en marcha los mecanismos para interrogar al embajador de Francia Paul Dijoud, que habría pedido a De la Rúa protección para la cadena de supermercados Carrefour cuando empezaron los ataques a comerciosde alimentos. En el mismo sentido quiere escuchar al gerente general de esa cadena en Argentina y al empresario Alfredo Coto. En el juzgado toman especialmente en cuenta la declaración del intendente de Escobar Luis Patti, quien describió que la Policía Bonaerense mantuvo una actitud pasiva durante los saqueos. Por eso solicitaron a la Secretaría de Seguridad de la provincia todos los radiogramas emitidos durante esas horas. Y también piensan volver a llamar a los líderes piqueteros que recientemente cruzaron opiniones en los medios sobre el tema.
Conspiradores en la mira
Siguiendo la acusación inicial del fiscal Stornelli, en base a la denuncia de un afiliado radical de Bahía Blanca, el juzgado avanza sobre la hipótesis de la presunta violación a la Ley de Defensa de la Democracia, en la que están contemplados delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional tales como la traición o la sedición. El juez bahiense Alcindo Alvarez Canale, al remitir la causa a la justicia federal porteña, destacó que no estaban dados los elementos que sugirió el denunciante porque no hubo utilización de armas. Y hasta ahora no apareció ninguna en todo el extenso expediente. Tampoco hay imputados pero sí una coincidencia: el ex presidente Raúl Alfonsín y el canciller Carlos Ruckauf son los más mencionados en los testimonios recogidos, junto al presidente Eduardo Duhalde, como los presuntos conspiradores. También aparecen en esa categoría el ex embajador en los Estados Unidos Diego Guelar y el senador Luis Barrionuevo. La fuente consultada explicó a este diario que Alfonsín, Duhalde y Ruckauf aún no han sido citados como testigos porque no descartan tener que llamarlos en algún momento como imputados. ¿Y el presidente Duhalde? “En algún momento habrá que escucharlo... pero no nos adelantemos”, respondió el informante.
Una sorpresa podría ser la aparición en escena del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez. Según relata Bonasso en su libro, le dijo a Duhalde “vos sos el hombre”. Ocurrió en agosto de 2001, al parecer “el” mes en que se gestó la presunta conspiración, en uno de los almuerzos privados en el Tenis Club San Juan de los que participaron el candidato Néstor Kirchner, Juan Pablo Cafiero y Alberto Bujía, entre otros.
La famosa marcha hacia el poder central, que encabezó durante unos kilómetros el intendente de Moreno Mariano West, aquel caliente 19 de diciembre de 2001, está reflejada en un video en el que los saqueos se van sucediendo a los costados de la columna. Aunque el funcionario dio explicaciones en el juzgado y juró que los estaba tratando de controlar, los investigadores afirman que hay testimonios que lo desmienten.
Ahora el foco está puesto en las reuniones en Washington. Como un ovillo del que tiran y sale cada vez más lana, habían empezado preguntando por una y ahora descubrieron que fueron más. Aunque cambian los escenarios y son distintas las versiones según el relato, Duhalde siempre aparece anticipando que llegaría a la Presidencia antes de que De la Rúa terminara su mandato.