Siete policías federales, algunos de ellos en funciones y con rango de comisarios, tendrán que dar explicaciones ante la jueza Susana Wilma López como sospechosos de haber facilitado y propiciado la acción de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) que mató a Mariano Ferreyra e hirió a balazos a otras tres personas en una protesta de trabajadores tercerizados de la Línea Roca el 20 de octubre último. La magistrada los citó a indagatoria en audiencias que empiezan hoy y terminarían el 5 de mayo. Se basó en un dictamen del fiscal Fernando Fiszer, que instruye esta investigación paralela a la del homicidio y que también les imputó a los uniformados haber “facilitado los medios para alcanzar la impunidad de los hechos”, al punto que permitieron que los agresores que estaban a la vista de todo el mundo huyeran (nadie dispuso su detención) y ocultaran las armas utilizadas. Además de que intentaron evitar el registro de lo que ocurría. Las primeros tres policías que serán interrogados por la jueza, hoy y mañana, daban instrucciones y monitoreaban el operativo en Barracas desde la Dirección General de Operaciones (DGO) de la Policía Federal. El primero de la lista es el principal Gastón Conti y le seguirán el comisario mayor Héctor Lompizano, quien hasta marzo era jefe de todas las comisarías porteñas, cuando fue desplazado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y se le suma el comisario Luis Echavarría. Las directivas que en medio de la embestida de la patota ferroviaria llegaban por radio desde la DGO pintan el escenario, propicio para el asesinato: no sólo nadie ordenó frenar el ataque (que realizaba un centenar de ferroviarios y barrabravas con palos, piedras y armas de fuego), sino que se indicó directamente no intervenir.

“Expectantes, no sea cosa que después las dos facciones antagónicas se unan contra nosotros”, se escuchó en las insólitas modulaciones, como reveló Página/12. Los policías apostados cerca de las calles Luján y Pedriel corrieron los patrulleros que cortaban el paso y le dejaron el camino libre a la patota hacia donde estaban los tercerizados. Cerca de una hora antes habían intentado, junto a militantes sociales, cortar las vías en reclamo de la regularización de su situación, pero desistieron ante un apriete de los ferroviarios. Cuando se les abalanzó la fuerza de choque estaban en retirada, tras una asamblea pacífica. “El personal policial se limitaba a observar”, sostuvo Fiszer en el dictamen en que la jueza López basó los llamados a indagatoria.

El 4 de mayo tendrán que presentarse el comisario Rolando César Garay, que en el momento de los hechos era subcomisario de la seccional 30 (que intervino en el caso) y ahora conduce la comisaría 33ª, y el agente de la División Exteriores de Video David Villalba. Garay está imputado porque, pese a que por su rango podía tomar medidas para impedir la agresión de la que era testigo, no lo hizo. Cuando pidió refuerzos y no se los mandaron, tampoco insistió. Villalba fue responsabilizado porque se ocupa del registro fílmico que realiza la Federal en estas situaciones, pero justo se detuvo la toma de imágenes en el momento en el que se produjeron los disparos (faltan imágenes entre las 13.33 y las 13.39).

El 5 de mayo está previsto que la ronda termine con los dos hombres que estuvieron a cargo del despliegue policial: el comisario Jorge Raúl Ferreyra, que sigue al frente de la División Roca, y el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas. Igual que al resto, los delitos que podría atribuirles la jueza son, esencialmente, incumplimiento de sus deberes, toda clase de omisiones, encubrimiento del homicidio y de la tentativa de matar a otros tres militantes del PO.

La fiscalía describió muchas de los conductas de los policías como “omisiones” de su obligación de “impedir” el despliegue de violencia de la patota; no brindar el apoyo que en cierto momento pidió la comisaría 30ª; ordenar a los subalternos seguir a los grupos a distancia “sin intervenir”; no ordenar “la inmediata detención de los agresores”, ni “el secuestro de los materiales utilizados”, ni tampoco “arbitrar los recaudos para la preservación de la prueba”, “omitir” también “dar inmediata intervención” al juez y al fiscal de turno; evitar la obtención de imágenes directas de la zona de la gresca; dejar de filmar en los momentos en que se estima se produjo el homicidio, y usar teléfonos con una tecnología (POC) que impide el registro de las conversaciones, contra una disposición que obliga a “registrar todo lo actuado”.

Fiszer planteó en su momento que los policías imputados “abandonaron a su suerte a las víctimas, poniendo en peligro su vida y su salud”. “El accionar policial no se limitó a ese estadio previo en el que no evitaron interrumpir” los hechos de violencia, sino que “posteriormente se facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho. Permitieron que los autores huyeran y ocultaran los elementos utilizados para el ataque, no se adoptaron los recaudos para la obtención y preservación de la prueba en el lugar del hecho y no revelaron la totalidad de los elementos que en el lugar se hallaban”. También señaló la presencia de al menos catorce policías de civil, contra una orden interna de 2006 que ya entonces los obligaba a estar identificados en manifestaciones masivas.

Así, mientras el titular de la UF, José Pedraza, y su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, van camino al juicio oral junto con los ocho matones y barras que –según la Justicia– les respondían, los policías que “facilitaron” el crimen van en el mismo camino.