EL PAíS • SUBNOTA
› Por Irina Hauser
El fiscal Fernando Fiszer denunció que la Unión Ferroviaria (UF) recibió un subsidio estatal “prohibido por la Ley de Asociaciones Sindicales”. Lo hizo, explica, “de modo indirecto”, a través de la creación de la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, una de las empresas que tercerizan servicios como el desmalezamiento y mantenimiento de vías, según su pesquisa estrechamente vinculada con el titular del gremio, José Pedraza, su esposa y colaboradores. Fiszer pidió que se abra una nueva causa penal para determinar las responsabilidades del sindicato y de los funcionarios públicos que permitieron la entrega de esos fondos. En su presentación, apunta a la Secretaría de Transporte, a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) –que contrata los servicios en cuestión y canaliza los subsidios– y al Ministerio de Trabajo. A su entender podría haber defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes. La Cooperativa “se formó por la decisión de los dirigentes de la UF” José Pedraza y Juan Carlos Fernández “para lograr un beneficio patrimonial prohibido por la ley de asociaciones sindicales de modo indirecto. Es decir que, para enmascarar los aportes económicos que provengan de Ugofe hacia la UF, se articuló la conformación de una cooperativa de trabajo que encubriría fraudulentamente una relación de dependencia, y el aporte prohibido”, advierte la presentación del fiscal. La creación de esa tercerizada, según Fiszer, serviría a la UF para eludir “el ingreso de una masa de obreros potencialmente contraria” a su dirigencia y le “permitía perpetuar el beneficio patrimonial” por los servicios que la cooperativa prestaba para Ugofe.
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