La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la promulgación de la ley que regula a las empresas de medicina prepaga (EMP). Fue durante un acto en la Casa Rosada, donde también adelantó la creación de un plan para la trazabilidad de los medicamentos (ver nota principal). “El 80 por ciento de los usuarios de la medicina prepaga está concentrado en cinco empresas. Fuera del Plan Médico Obligatorio, no había regulación para este sector”, afirmó la mandataria. Y aclaró: “Regulación no significa afectar rentabilidad, ese es un verso de las políticas neoliberales de los ’90, que sinceramente ya no se lo traga nadie”. A partir de su promulgación, las EMP no podrán aumentar las cuotas por edad ni rechazar usuarios por enfermedades preexistentes y los prestadores deberán presentar su estructura de costos ante la autoridad de aplicación para fijar tarifas. Queda pendiente la reglamentación de la ley, aunque la mayoría de los artículos entran en vigencia con la promulgación y no necesitan de ese decreto adicional.

“Estamos hablando de la necesidad de regular a un sector importante, que tiene que ver con la salud. Cuando el nivel de quejas de las obras sociales es de 0,04 por ciento, en las prepagas asciende al 0,07 por ciento. Que nadie se sienta perseguido, no queremos que se desfinancien ni que se fundan”, indicó la mandataria, con el objetivo de llevar tranquilidad al sector empresario y desmontar discursos que intentaron demonizar una ley que resguarda derechos de los usuarios.

A partir de la promulgación en el Boletín Oficial, comenzará a regir la nueva autoridad de aplicación, conformada por el Ministerio de Salud y el de Economía. Ambos organismos deberán analizar, entre otras cosas, la estructura de costos de las compañías para autorizar las tarifas. Además, deberá aprobar los distintos modelos de contratos, que serán definidos durante la reglamentación de la normativa.

Uno de los puntos que trajo mayor controversia es el relacionado con el fin del período de carencia y las preexistencias. Esta normativa establece que cualquier nuevo afiliado podrá utilizar las prestaciones de la compañía a la que adhiera desde el primer momento en que se asocie, algo que no ocurría en el anterior régimen. Además, no podrán rechazar pacientes con enfermedades preexistentes.

“Sé que muchos decían que a partir de ahora una persona enferma se va a afiliar y, una vez curado, se borrará de la prepaga. Pero la propia ley prevé, a través de la reglamentación, que el Estado podrá aumentar o fijar unas cuotas especiales para las personas que tengan una enfermedad preexistente”, explicó Fernández de Kirchner.

El otro aspecto clave tiene que ver con la edad. Las EMP no podrán rechazar usuarios por la edad ni tampoco aumentarles las cuotas –por edad– a los pacientes mayores de 65 años con una antigüedad de 10 años en una misma compañía. Este es otro de los puntos rechazados por las cámaras empresarias del sector. “El Estado tiene la obligación de controlar y también representar los derechos de los usuarios, porque ese es nuestro objetivo: cuidar el derecho de los pacientes. Y a las empresas les decimos que seguirán siendo rentables”, concluyó la mandataria. El sector de la medicina prepaga mueve aproximadamente 15.000 millones de pesos por año y atiende a 4,5 millones de usuarios.